Por Agroempresario.com
La empresa inversora argentina CIMA SA, vinculada a Esteban Nofal, compró recientemente un conjunto de créditos de la cerealera Vicentin, en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores desde 2020. La transacción, que incluyó un total nominal de US$447.194.396,91, implica la adquisición de deuda de varios bancos internacionales como IFC, FMO, ING y otros.
Según reportó Rosario 3, la operación fue realizada a un precio significativamente inferior al que había propuesto Vicentin en su plan de reestructuración, que ofrecía devolver el 30% de la deuda a los bancos acreedores. CIMA habría adquirido los créditos a un valor de aproximadamente el 11% del monto nominal, lo que implica una diferencia sustancial en la negociación.
El grupo inversor, que no ha revelado el monto exacto de la operación, se estima que pagó alrededor de US$70 millones por los créditos, frente a los US$135 millones que Vicentin había ofrecido inicialmente. Las entidades financieras que cedieron los créditos incluyen, entre otras, a IFC con US$205.7 millones, FMO con US$122.2 millones y ING con US$46.4 millones.
Este acuerdo llega en un contexto crítico para Vicentin, que se encuentra en un proceso judicial prolongado de más de cinco años, con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe evaluando la homologación de su concurso de acreedores. En este proceso, los jueces deberán decidir si se acepta la propuesta de reestructuración de la empresa o si el caso avanza hacia un proceso de cramdown, donde un tercero podría tomar control de la compañía.
CIMA SA, según fuentes del mercado, confía en que la compra de los créditos le permitirá jugar un papel clave en la resolución de este conflicto y reactivar la cerealera, que es una de las mayores del sector agroindustrial argentino. La compañía ya ha comenzado conversaciones con diversos actores, incluyendo al Grupo Grassi, para explorar su posible participación en el cramdown en caso de que la Corte de Santa Fe rechace la homologación.
Por otro lado, Vicentin ha expresado su preocupación por los retrasos en el proceso judicial. En un comunicado, la empresa manifestó que ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su operación diaria y que no dispone de recursos para afrontar un cramdown. "La Sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario", señalaron en el mismo comunicado.
El futuro de la cerealera continúa siendo incierto, y la intervención de CIMA SA podría representar un punto de inflexión en el largo proceso judicial que ha afectado a la empresa, a sus acreedores y trabajadores.