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Por Agroempresario.com
El Gobierno de la Nación ha dado un paso significativo en el proceso de desregulación, con la derogación de una normativa histórica que regía desde 1935. A través del Decreto 318/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se ha puesto fin al Decreto N° 71.178, que imponía estrictos requisitos sobre el embalaje y fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. Este cambio promete mejorar la competitividad del sector hortícola y agilizar los intercambios comerciales.
La medida fue recibida con entusiasmo por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la celebró como parte de un proceso de transformación profunda del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). En su cuenta oficial de X (exTwitter), Sturzenegger destacó que la desregulación del Senasa es una de las reformas más significativas de las últimas décadas.
La derogación de esta normativa responde a la necesidad de modernizar el sector y adaptarlo a las prácticas y estándares internacionales actuales. La regulación de 1935 había quedado obsoleta con el paso de los años, generando confusión entre los sectores productivos y creando barreras innecesarias que afectan la eficiencia de las exportaciones. Según el Decreto 318/2025, mantener normas desactualizadas solo obstaculiza el comercio y la gestión del sector, lo que justificó su eliminación.
Entre los requisitos eliminados se encuentran la habilitación de plantas de origen y las estrictas normativas sobre el tipo de envase que se debía utilizar para exportar hortalizas. Estas exigencias fueron consideradas como trabas burocráticas que afectan la competitividad del sector, especialmente en un mercado global donde la agilidad es clave. No obstante, el Gobierno asegura que la derogación no compromete la calidad de los productos exportados, ya que el Senasa continuará supervisando la sanidad de los productos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la eliminación de los requisitos de embalaje y control de calidad no afecta la inocuidad de las hortalizas. El Senasa se concentrará en su rol esencial como "policía sanitaria", garantizando que los productos exportados cumplan con los estándares internacionales de salubridad.
Federico Sturzenegger fue enfático en señalar que el nuevo enfoque del Gobierno es reducir la intervención estatal en áreas que no son de su competencia. En su mensaje, resaltó que el proceso productivo y la calidad de los productos deben ser responsabilidad del mercado y de los productores, no del Estado. Para Sturzenegger, la idea de que un burócrata defina la calidad de los productos hortícolas era “cosa de los militares”, comparando la intervención del Estado con lo que ocurriría si el Gobierno ordenara a la industria automotriz qué robots usar o qué espesor de chapa emplear en la fabricación de vehículos.
Este enfoque se alinea con la filosofía del Gobierno de Javier Milei, que promueve una menor intervención estatal en la economía, dejando al mercado regularse de forma natural.
Este cambio en la regulación no es aislado. En los últimos meses, el Gobierno ha avanzado en la desregulación de otros sectores, incluyendo el complejo frutícola. El Decreto 312/2025 también forma parte de esta serie de reformas, que buscan simplificar los trámites y eliminar normativas obsoletas, lo que se espera repercuta positivamente en la competitividad y en la eficiencia de las exportaciones argentinas.
Además, esta medida tiene implicancias para toda la cadena de producción hortícola, desde los productores hasta los exportadores. La reducción de obstáculos burocráticos permitirá una mayor fluidez en el comercio internacional y una mayor adaptación a las demandas del mercado global.
Federico Sturzenegger también destacó que esta medida forma parte de un proceso de transformación más amplio que busca un Senasa más eficiente y alineado con las necesidades del mercado. En este sentido, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, continúa impulsando cambios en la normativa para hacerla más flexible y menos restrictiva para los sectores productivos.
