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Por Agroempresario.com
La Patagonia se planta con fuerza frente a la reciente flexibilización de la barrera sanitaria que permite el ingreso de carne con hueso a la región, un cambio que los productores locales consideran una amenaza para su producción y calidad diferencial. Tras meses de debate y preparación, las sociedades rurales patagónicas lanzan una ofensiva judicial que promete extender la disputa por años, con argumentos técnicos y legales que podrían congelar la aplicación de la resolución nacional.
La realidad productiva de la Patagonia no es igual a la del resto del país. Los costos, la logística y la extensión de tierras necesarias para mantener la ganadería hacen que la zona tenga un perfil único. Por eso, los productores se resisten a aceptar cambios que consideran perjudiciales para el valor agregado que genera su carne.
Productores patagónicos convocaron a sus principales asesores legales para diseñar una estrategia contra la Resolución N°180/25, que flexibiliza la barrera sanitaria permitiendo el ingreso de carne con hueso a la región. La respuesta incluye dos vías: un recurso administrativo presentado por la Federación de Sociedades Rurales y varios recursos cautelares en los juzgados federales locales.
Sociedades rurales de distintas localidades, como Maquinchao, Bariloche, Valle Medio, Alto Valle, Conesa, Río Colorado y Viedma, se preparan para presentar sus demandas en las jurisdicciones correspondientes, apostando a un litigio extenso que, según estiman, puede durar años y mantener suspendida la resolución.
Un informe veterinario elaborado y consensuado por profesionales de toda la provincia refuta las afirmaciones de SENASA sobre el bajo riesgo de aftosa asociado a la flexibilización. Para los productores, si el riesgo fuera realmente “ínfimo”, como sostiene el organismo nacional, la vacunación contra la fiebre aftosa ya se habría suspendido en otras regiones, lo cual no es el caso.
Desde la legalidad, la ofensiva se sustenta en dos pilares fundamentales: la Ley de Bases impulsada por el presidente Javier Milei, y la Resolución 756/2024 del SENASA, que establece la obligatoriedad de procesos de consulta pública interna y externa ante modificaciones regulatorias.
Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, destacó que “se olvidaron de hacer la consulta pública, y la consulta pública está dentro de una resolución administrativa del SENASA”. La ley exige la participación de todos los actores involucrados, incluidos socios comerciales internacionales, antes de aplicar modificaciones que impactan en el comercio y la producción ganadera.
Javier Perrote, productor, abogado y asesor legal de las rurales patagónicas, está elaborando el borrador para impugnar la Resolución 180/25. Entre sus argumentos destaca que una resolución no puede contradecir leyes nacionales, que ordenan campañas activas para la erradicación de la fiebre aftosa y protegen zonas libres de vacunación, como la Patagonia. Según Perrote, la resolución contradice estos principios legales y afecta derechos de los productores.
La estrategia de los productores es esperar que la justicia suspenda la aplicación de la resolución mientras se agotan todas las instancias legales, lo que podría demorar la implementación efectiva de la flexibilización por varios años. “Cualquier resolución objetada en la justicia queda suspendida hasta que se resuelva el caso, por eso confiamos en que la medida quedará sin efecto temporalmente”, explicó Lavayén.
La federación insiste en que, de no retroceder el gobierno, mantendrán la lucha judicial hasta la Corte Suprema, conscientes de que el proceso será largo pero necesario para preservar el estatus sanitario y productivo de la región.
Una creencia común vinculaba el valor diferencial de la carne patagónica a la barrera sanitaria. Sin embargo, Perrote señala que el costo superior responde más a factores logísticos y productivos que a la protección sanitaria.
Producir en la Patagonia implica un uso mucho mayor de superficie por animal: “Se necesitan 10 hectáreas por vaca en Guardia Mitre, mientras que en Buenos Aires 10 hectáreas pueden mantener 10 vacas”, explica. Esta realidad impacta en el costo de producción y, por ende, en el precio final.
Además, la distribución y los intermediarios influyen fuertemente en el costo, que es estructural y no atribuible únicamente a la barrera sanitaria.
La Resolución 756/2024 de SENASA obliga a la consulta pública previa en todas las modificaciones regulatorias, un paso que las rurales aseguran no se cumplió. La Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo y el artículo 8º bis incorporado por la Ley Bases también refuerzan esta exigencia de transparencia y participación ciudadana y sectorial.
Los productores subrayan que la falta de consultas vulnera sus derechos y pone en riesgo un sistema sanitario que, según sostienen, es clave para mantener la Patagonia libre de aftosa sin vacunación.
El ingreso de carne con hueso, según los ruralistas, podría afectar la calidad percibida y el valor de la carne patagónica en los mercados nacionales e internacionales. También temen que la flexibilización reduzca incentivos para mantener los estándares sanitarios y productivos que diferencian a la región.
Los productores insisten en la necesidad de mantener la barrera sanitaria como garantía sanitaria y comercial, y piden diálogo abierto con el gobierno para encontrar soluciones consensuadas que respeten las particularidades patagónicas.
