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En plena discusión por la reforma tributaria en la Argentina, Mercado Libre informó que durante los primeros nueve meses de 2025 recibió un 50% más de exenciones impositivas del Estado nacional. Los datos surgen del Formulario 10-Q que la empresa presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos. Los beneficios corresponden al régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, y totalizan USD 67 millones, entre reducciones del impuesto a las Ganancias y aportes patronales.
El reporte enviado a la SEC por el gigante fundado por Marcos Galperin detalla que la compañía obtuvo beneficios impositivos por USD 50 millones en Ganancias y USD 17 millones en aportes de seguridad social, lo que representa un incremento interanual del 52%. En el mismo período de 2024, las cifras habían sido de USD 13 millones y USD 31 millones respectivamente.
Si se considera todo el año pasado, los beneficios acumulados fueron de USD 57 millones, y en los últimos cinco años la empresa obtuvo más de USD 350 millones en exenciones fiscales otorgadas por el Estado argentino.
Fundada hace 26 años, Mercado Libre se consolidó como el primer unicornio argentino y hoy es la compañía más valiosa de América Latina, con una capitalización bursátil de USD 106.000 millones. Según el último informe financiero, el grupo registró ingresos netos por USD 7.400 millones en el tercer trimestre de 2025, un crecimiento interanual del 39%, y una ganancia neta de USD 421 millones, lo que marcó su 27° trimestre consecutivo con expansión superior al 30%.
A pesar del desempeño récord, el nivel de beneficios fiscales volvió a despertar críticas. Diversos sectores sostienen que Mercado Libre, por su tamaño y nivel de rentabilidad, podría renunciar a los incentivos del régimen de Economía del Conocimiento, destinado originalmente a promover la innovación y la competitividad de las pymes tecnológicas.
El Observatorio del Trabajo Informático (OTI), dependiente de la Asociación Gremial de Computación (AGC), cuestiona desde hace tiempo que la compañía “abusa del régimen”, al incluir bajo un mismo CUIT áreas que no se dedican a actividades vinculadas con la economía del conocimiento. Desde la industria financiera también hay reclamos similares: consideran que la empresa tiene una posición dominante que le permite concentrar buena parte de los beneficios sin que ello se traduzca en mejoras proporcionales para el ecosistema tecnológico local.
El incremento de exenciones a Mercado Libre se conoce en un momento en que el Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma tributaria integral. Aunque los beneficios de la empresa no están directamente vinculados con los cambios en análisis, la coincidencia temporal generó debate político y económico.
Durante una exposición en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Ejecutivo evalúa reducir las cargas patronales y aumentar los incentivos a los seguros de retiro y capitalización. “Estamos pensando en bajar las cargas patronales por un fondo de cese y eliminar la litigiosidad que les es tan costosa. Hoy se puede deducir $50.000 del impuesto a las Ganancias para hacer seguros de retiro, vamos a aumentar eso a muchos múltiplos”, afirmó el funcionario.
La referencia de Caputo a la simplificación tributaria fue leída por analistas como una señal hacia el sector privado, pero también reavivó las discusiones sobre quiénes se benefician realmente de los regímenes de promoción.
En paralelo al debate fiscal, Mercado Libre protagonizó otra controversia pública en las últimas semanas. Su presidente en Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó “reglas claras” para las plataformas extranjeras como Temu y Shein, que en los últimos meses ganaron terreno en el comercio electrónico local con productos de bajo costo.
“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, declaró De la Serna durante un panel en el Foro Abeceb. Según explicó, la llegada masiva de productos asiáticos podría “socavar el tejido productivo local” y afectar a las pymes nacionales, que representan el 90% del volumen de ventas de la plataforma.
El pedido llamó la atención, ya que el propio Galperin se caracteriza por su defensa del libre mercado y su rechazo a la intervención estatal. En este contexto, las declaraciones del ejecutivo fueron interpretadas como un giro pragmático frente al avance de competidores globales que operan bajo condiciones distintas.
Las tensiones escalaron cuando el diputado Miguel Ángel Pichetto respondió a los dichos del fundador de Mercado Libre a través de la red social X. “Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperin. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino”, expresó el legislador.
Galperin contestó: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.
Pichetto retrucó: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperin, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.
El enfrentamiento político y las nuevas cifras de beneficios fiscales colocan nuevamente a Mercado Libre en el centro de la escena pública. La empresa, que también busca expandirse en el negocio financiero con Mercado Pago, mantiene un conflicto legal con Modo, la billetera virtual de los principales bancos argentinos, que la acusa de abuso de posición dominante y conductas anticompetitivas.
Mientras el Gobierno avanza con la reforma tributaria, el caso de Mercado Libre plantea un dilema: cómo equilibrar los incentivos a la innovación tecnológica con la equidad fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria y presión social por mayor justicia impositiva, según destacó Infobae.
