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El Gobierno de Córdoba anunció este jueves un plan integral de reducción fiscal que forma parte del Presupuesto 2026 y que promete una disminución de la carga tributaria por $900.000 millones, según informó la administración de Martín Llaryora. La medida, que será enviada para tratamiento a la Legislatura provincial, incluye una baja del 30% en el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), la creación de nuevos regímenes de promoción y un esquema de exenciones y actualizaciones moderadas en los impuestos inmobiliarios urbano y rural. El Ejecutivo afirma que el programa es relevante porque busca estimular la actividad económica, sostener la inversión y mejorar la competitividad provincial en un contexto de desaceleración productiva.
La decisión de reducir la alícuota de Ingresos Brutos del 3,5% al 2,5% es uno de los pilares del paquete y, de acuerdo con datos oficiales, alcanzará al 64% de los comerciantes cordobeses. A diferencia de otras rebajas parciales aplicadas en años previos, el gobierno provincial destacó que esta actualización será “estructural” y representará una resignación fiscal de $450.000 millones. Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es “dejar más recursos en manos del sector privado para impulsar el consumo, la producción y la inversión”.
El proyecto también incorpora una nueva Ley de Promoción Industrial, que establece alícuota cero de IIBB para empresas con una facturación inferior a $3.200 millones, siempre que destinen el 1,2% de sus ingresos a proyectos de inversión. El Gobierno argumenta que esta condición permitirá sostener un flujo constante de capital productivo, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan costos crecientes y demandas de modernización tecnológica.
A este esquema se suma la Ley de Igualdad Territorial, que ofrece desgravaciones de hasta 100% de IIBB para contribuyentes que concreten inversiones en el Noreste y Sur-Sur provincial. Según el proyecto, el beneficio tendrá un límite máximo equivalente al 5% de la recaudación total del tributo, unos $154.000 millones. La medida apunta a reducir brechas regionales y promover el arraigo económico en zonas con menor densidad productiva.
El paquete prevé además la continuidad de la alícuota cero para inversiones en educación, junto con el lanzamiento de un nuevo Programa de Alícuota Cero para inversiones en el sistema de salud. En paralelo, se mantiene la exención total para la producción agrícola, las actividades industriales alcanzadas por la Ley de Promoción, los créditos hipotecarios y los proyectos vinculados a la Economía del Conocimiento. Emprendimientos incubados bajo el Fondo Emprendedor Córdoba también accederán a beneficios fiscales ampliados.
En materia de Impuesto Inmobiliario Urbano, la administración provincial aseguró que ningún contribuyente tendrá aumentos en términos reales durante 2026. El esquema contempla una actualización basada en la inflación, con variaciones diferenciadas según el tipo y valuación del inmueble.
El Gobierno precisó que:
41% de los contribuyentes tendrá reducciones reales de hasta 25% respecto de lo abonado en 2025.
11% pagará lo mismo que el año anterior.
21% tendrá una actualización nominal del 29%, por lo que, descontada la inflación proyectada, no implicará una suba real.
El 27% restante recibirá ajustes menores al 29%, lo que resultará en un pago real más bajo que este año.
Además, la provincia informó que 175.000 personas e instituciones quedarán exentas al 100% del Inmobiliario Urbano, una medida que implica $200.000 millones en ingresos resignados. Según el Ejecutivo, este beneficio busca amortiguar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo y sostener el consumo básico de los hogares.
En relación con el Impuesto Inmobiliario Rural, el Gobierno señaló que las actualizaciones fueron definidas mediante acuerdos con las principales entidades agropecuarias de la provincia. Los fondos recaudados serán asignados al Fondo de Desarrollo Agropecuario, destinado al mantenimiento de caminos rurales, infraestructura hídrica y programas de innovación productiva.
El esquema incluye un descuento del 5% para los propietarios productores, con el propósito de incentivar que los campos sean trabajados directamente por sus dueños y fortalecer la actividad agropecuaria local. La administración provincial estima que este componente del programa supondrá una resignación fiscal de $250.000 millones, recursos que —según destacó— “volverán al circuito económico cordobés mediante consumo, inversión y recomposición de capital de trabajo”.
El plan de reducción impositiva se presenta en un contexto de desaceleración de la actividad económica a nivel nacional y tensiones en las cuentas provinciales. La administración de Llaryora sostiene que el estímulo fiscal es una herramienta necesaria para fortalecer el tejido productivo y mejorar la competitividad de cara a la recuperación. “Buscamos transformar el escenario económico provincial reduciendo la presión tributaria para que la economía pueda crecer desde abajo”, señaló el Gobierno al remitir el proyecto a la Legislatura.
Si bien aún resta el debate legislativo, el Ejecutivo confía en una rápida aprobación debido al consenso alcanzado con cámaras empresarias, sectores agropecuarios y asociaciones comerciales. La provincia apuesta a que el alivio fiscal incentive inversiones nuevas, reactive actividades con márgenes estrechos y contribuya a sostener el empleo en ramas críticas del entramado económico cordobés.
El paquete, de aprobarse en su totalidad, constituirá una de las reducciones impositivas más amplias de los últimos años en el interior del país, con impacto directo en comercios, industrias, productores agropecuarios y contribuyentes urbanos. Tal como destacó Infobae en un análisis reciente, la estrategia fiscal cordobesa se perfila como un modelo alternativo dentro del mapa provincial argentino, donde cada jurisdicción busca herramientas para afrontar la recesión y promover la recuperación productiva.
