El Gobierno nacional profundizó en las últimas semanas una serie de medidas orientadas a preservar el superávit fiscal, considerado uno de los pilares centrales del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei. Aunque la recaudación tributaria registró una mejora durante mayo, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, decidió reforzar distintas acciones para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afrontar las presiones generadas por proyectos legislativos con impacto presupuestario.
Entre las principales decisiones adoptadas se encuentra la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la transferencia de instrumentos financieros al PAMI y modificaciones en la asignación de subsidios al transporte. Estas iniciativas buscan evitar desequilibrios en las cuentas públicas en un escenario marcado por la volatilidad de los ingresos tributarios y por el aumento de compromisos de gasto que podrían surgir desde el Congreso.
El propio Caputo había advertido semanas atrás que la continuidad del superávit requería un fortalecimiento de los recursos fiscales. Durante una entrevista, el ministro sostuvo que la capacidad de continuar reduciendo el gasto tiene límites cada vez más estrechos. Según explicó, el nivel de gasto público se ubica actualmente en torno al 15% del Producto Bruto Interno (PBI), uno de los registros más bajos de las últimas décadas.
“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
El impacto de la postergación del FAL
Una de las medidas más relevantes fue la decisión de retrasar hasta noviembre la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta prevista dentro de la reforma laboral destinada a financiar indemnizaciones. La medida representa un alivio fiscal significativo para las cuentas del próximo año.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Facimex, la postergación generaría un ahorro equivalente al 0,15% del PBI, contribuyendo directamente al objetivo oficial de alcanzar un superávit primario cercano al 1,5% del producto durante 2026.
La decisión también forma parte de los compromisos asumidos ante el FMI. En los informes técnicos del organismo se contemplaba la posibilidad de que el Gobierno adoptara medidas complementarias para cumplir con las metas fiscales, incluyendo eventuales modificaciones en el cronograma de aplicación de reformas estructurales.
Asistencia financiera al PAMI
Otro movimiento que llamó la atención de los analistas fue la entrega al PAMI de una cartera de Letras Capitalizables (Lecap) valuada en aproximadamente $580.000 millones.
La operación permitió asistir financieramente al organismo sin realizar desembolsos inmediatos de recursos presupuestarios, una estrategia que, según especialistas, contribuye a preservar el equilibrio fiscal en el corto plazo.
Desde Facimex señalaron que esta transferencia representa cerca del 0,05% del PBI y se suma a otras decisiones orientadas a reducir presiones sobre el gasto público.
Los analistas interpretan que tanto la postergación del FAL como la asistencia mediante instrumentos financieros responden a una misma lógica: fortalecer el resultado fiscal en un contexto donde la evolución de la recaudación continúa mostrando señales de fragilidad.
La recaudación mejora, pero persisten las dudas
Si bien mayo marcó un cambio de tendencia después de varios meses de caídas reales en los ingresos tributarios, los especialistas advierten que la recuperación todavía no alcanza para despejar las preocupaciones oficiales.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, cuya recaudación registró un fuerte salto debido a cuestiones vinculadas al calendario fiscal y a la distribución de utilidades corporativas.
Según un análisis de la consultora Invecq, el tributo mostró un crecimiento real significativo respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, los economistas aclararon que este desempeño no necesariamente refleja una mejora estructural en la actividad económica ni en la rentabilidad empresarial.
Por el contrario, al observar otros indicadores vinculados al nivel de actividad, el panorama aparece más moderado. Impuestos como el IVA, los gravámenes sobre créditos y débitos bancarios y las contribuciones patronales registraron retrocesos en términos reales durante mayo.
Los especialistas sostienen que esta dinámica evidencia que la recuperación de la economía todavía no se traduce plenamente en una expansión sostenida de la base tributaria.
Presiones desde el Congreso
Además de la evolución de los ingresos, el Gobierno sigue de cerca el impacto potencial de diversas iniciativas legislativas que podrían incrementar el gasto público durante los próximos meses.
Entre ellas aparecen los proyectos vinculados al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, que fueron identificados por distintos estudios privados y por el FMI como factores con capacidad de generar una mayor presión sobre las cuentas fiscales.
Las estimaciones indican que estas medidas podrían representar costos equivalentes al 0,20% y 0,15% del PBI, respectivamente.
En el equipo económico consideran que mantener el equilibrio presupuestario resulta clave para consolidar la desaceleración inflacionaria, sostener la estabilidad financiera y preservar la confianza de los mercados.
El desafío de las metas para 2026
El escenario fiscal del próximo año también estará condicionado por la intención oficial de avanzar con una reforma tributaria integral, una de las promesas reiteradas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.
No obstante, la desaceleración de algunos recursos fiscales podría limitar el margen para una reducción significativa de impuestos en el corto plazo.
En ese sentido, economistas consultados por distintas firmas privadas sostienen que la evolución de la recaudación será determinante para definir el ritmo y alcance de futuras rebajas impositivas.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía continúa priorizando el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI. De acuerdo con las proyecciones privadas, el Gobierno apunta a cerrar este año con un superávit primario cercano al 1,3% del PBI, excluyendo ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones que no computan para los objetivos pactados con el organismo internacional.
La combinación de ajustes selectivos, reprogramación de gastos y administración cuidadosa de los recursos aparece así como la estrategia elegida para sostener el principal activo económico que exhibe la gestión de Milei: el equilibrio fiscal. Según publicó Infobae, la evolución de la recaudación y el avance de proyectos legislativos con impacto presupuestario serán factores decisivos para determinar si esa meta puede mantenerse durante los próximos meses.
