Raúl Pagnoni: "Más de la mitad de lo que se exporta son derivados de productos primarios"

Fundada en 1992, la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) es una asociación sin fines de lucro conformada por más de 120 semilleros multiplicadores, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país.

El presidente de la entidad, Raúl Pagnoni, destacó en el congreso “Argentina, Supermercado del Mundo”, la importancia de los semilleros multiplicadores para el desarrollo de la producción agropecuaria en nuestro país. En la oportunidad, estuvo acompañado por su asesor legal, Arturo Maderna.

Según indicó Pagnoni, los semilleros multiplicadores se dedican “a la promoción de la semilla legal fiscalizada”, así como “al desarrollo y a la expansión del comercio de semillas en la Argentina”, garantizando la óptima calidad de las mismas.

Asimismo, afirmó que “desempeñan un rol fundamental en la transferencia de tecnología”, a la vez que remarcó que “son el eslabón necesario entre el criadero que produce las variedades de semillas y el productor que las utiliza para la siembra”, lo que “ha permitido a nuestro país alcanzar niveles productivos muy altos en los últimos años, que nos sitúan entre los más destacados del mundo”.

Sin embargo, el ejecutivo advirtió que a veces terminan “trabajando a pérdida”, ya que no siempre pueden “multiplicar lo que desean o lo que solicita el productor” debido a la falta de convenios necesarios con los criaderos.

Actualmente, los semilleros se encuentran distribuidos en quince provincias a lo largo de la Argentina, en un total de 381 localidades de diversos tamaños. “En las localidades más pequeñas, a veces son el único empleador”, manifestó Pagnoni. En este punto, sostuvo que, en términos generales, “los multiplicadores emplean alrededor de 762 encargados de planta, 1.000 administrativos y un promedio de seis personas de mano de obra contratada”, es decir que se emplean “entre 4.000 y 5.000 personas”. Además, dijo que a ello se le deben agregar las personas involucradas de manera directa, como los camioneros encargados de transportar las semillas, así como los actores que intervienen de manera indirecta como, por ejemplo, las estaciones de servicio. 

En cuanto a la importancia de las semillas dentro de la producción nacional, Pagnoni indicó que la misma radica en que constituye “el primer eslabón de la producción primaria de la cadena agroalimentaria”. Por esa razón, subrayó que “CASEM pide que la semilla sea declarada un bien estratégico nacional, ya que es lo que le da comienzo a la primera industria que tiene el país, que es la agricultura”.

En ese sentido, sostuvo que “cientos de poblaciones del interior dependen directamente de la producción agropecuaria y agroindustrial”, a la vez que aseguro que “más de la mitad de lo que se exporta en el país son derivados de los productos primarios”. Y agregó: “El ingreso de divisas por las exportaciones agropecuarias constituyen un factor clave para el crecimiento económico de la Argentina”.

No obstante, Pagnoni advirtió que, a pesar de haber crecido exponencialmente en los últimos años, el mercado de semillas está desordenado debido tanto a “la falta de continuidad en las políticas públicas” como a “la falta de consenso y de presupuesto”.

En la misma línea, señaló que el desarrollo privado, encargado de impulsar las investigaciones que luego provocarían “un avance considerable en la genética nacional, en el aumento de la producción y en la rentabilidad del sector”, fue contradictorio, ya que se “produjo una modernización muy importante” pero la misma no fue “parte de una política estratégica y planificada”. De esa manera, consideró que “el Estado debe conducir, en conjunto con el sector privado, los objetivos a largo plazo, buscando el equilibrio y el bien común del sector”.

Por otro lado, el ejecutivo declaró que existen “corporaciones privadas que buscan suplantar el rol de los semilleros multiplicadores, argumentando estratégicas comerciales y de costos”, dejando de lado el impacto social que generan en cada localidad. “Creemos que la Argentina no tiene problemas de deficiencia de leyes en el sector de las variedades e innovaciones vegetales, sino que el problema es la falta de observancia de las leyes y la ausencia de políticas públicas”, aseveró.

Por último, Pagnoni sostuvo que “el Estado debe asegurar el desarrollo sostenible del sistema de investigación y mejoramiento genético nacional, garantizando a las empresas privadas e instituciones públicas las condiciones óptimas y equitativas para la comercialización de cultivares genéticamente mejorados”.

“Deberá crearse un organismo que registre, audite y fiscalice las investigaciones y que, a su vez, sirva como herramienta para garantizar a los productores, usuarios de dicha tecnología, el libre acceso a la misma”, concluyó.