Sanear el Riachuelo, una meta cuesta arriba y de alto costo

l Riachuelo es un hilo irregular entre el sudeste porteño y el sudoeste del conurbano, una retícula que se derrama sobre Lanús, La Matanza y Lomas de Zamora. Pero también es un territorio de casillas hacinadas, lagunas llenas de basura y familias que soportan la acidez de los hidrocarburos mientras queman cables para vender cobre. En la memoria de los más grandes persisten las imágenes de 1984, cuando el buque-tanque Perito Moreno estalló mientras descargaba combustible.

Mientras trabajaba como psicóloga social en la villa, Beatriz Mendoza fue armando un banco de datos con los casos de contaminación que encontraba en los alrededores del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los puntos álgidos de la cuenca. La investigación se complementaba con otra que había financiado la Agencia de Cooperación Internacional del Japón: la mitad de los chicos tenían niveles excesivos de plomo en sangre. El 88% presentaba metabolitos de tolueno, un cancerígeno derivado del petróleo.

En 2004, Beatriz encabezó un grupo de vecinos que demandaron a los tres estados con competencia en el territorio –Nación, Provincia, Ciudad– y a 44 empresas por los daños y perjuicios. Dos años después, la Corte Suprema intimó a los gobiernos a presentar un plan de saneamiento y a las compañías a informar sobre sus procesos.

Historia de una contaminación

Matanza-Riachuelo “es la cuenca fluvial más contaminada de la Argentina y el problema ambiental más visible del país”, reconoce la página oficial del Estado. Además, sostiene que “en el transcurso de los últimos cien años ha sido usada como sumidero cloacal de toda la Ciudad de Buenos Aires”. Los saladeros, curtiembres y mataderos que empezaron a alterar su fisonomía están ahí desde el siglo XVI. En 1811, se volvió asunto de interés público, cuando Juan José Paso fracasó en su intento de sanear el agua teñida de rojo por la sangre de los animales.

Con la urbanización acelerada del siglo XX, la dinámica se potenció sin pausas ni controles. El río se convirtió en un tacho de basura que sumó carcasas de barcos que se levantaban como fantasmas entre fábricas de alimentos, frigoríficos y petroleras. El menemismo disimuló la tragedia con imaginería pop: la promesa de María Julia Alsogaray de limpiarlo en mil días, el anuncio presidencial de que “en 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. La Alianza tampoco se hizo cargo hasta que el kirchnerismo, forzado por el Poder Judicial, intentó torcer la historia.

Para el 8 de julio de 2008, en el fallo más importante de la historia ambiental argentina, la Corte intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a implementar un plan de reordenamiento del Polo Petroquímico y a relocalizar a los vecinos del Camino de Sirga que bordea al Riachuelo. También exigió mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca –donde están el 70% de las villas y asentamientos del conurbano– y remediar el agua, aire y suelo a lo largo de los 64 kilómetros del río y su entorno.

Un año después, el Gobierno Nacional consiguió un préstamo del Banco Mundial (BM) por US$840 millones para plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, reconversión de las industrias contaminantes y mejoras en los servicios cloacales. Aunque los funcionarios ambientales no lograron cumplir el mandato judicial, mostraron algunos avances: el retiro de residuos, la remoción de los buques hundidos y la limpieza de los márgenes. En 2009 había 132.000 personas con agua potable; cinco años después, hay 1,6 millones.

El macrismo también dejó más obras que soluciones integrales, con casi todas las fichas puestas sobre el Sistema Riachuelo, una expansión de las redes cloacales que trataría los residuos de 4,3 millones de personas. “De las tres obras que lo comprenden, solo les dieron continuidad a las que financió el crédito del BM: el Colector Margen Izquierdo y el canal emisario”, precisa Daniel Larrache, a cargo de la unidad ejecutora del préstamo.

Hoy, la cuenca tiene el 43% de sus 1.415 industrias contaminantes reconvertidas, entre ellas siete de las 24 del Polo Petroquímico, donde –según la propia Acumar– “la convivencia de empresas petroleras y depósitos de productos químicos constituye una situación de alta complejidad con riesgos potenciales a la salud”. La mitad de sus habitantes –2,2 millones de personas– se incorporaron al servicio de cloacas, pero solo se relocalizó al 25% de las 17.000 familias en riesgo.

El año pasado, la estación de monitoreo en Villa Soldati detectó excedencias de material particulado (plomo, arsénico, cadmio y cromo) carcinogénico, considerado el agente más mortal de contaminación del aire, debido a su capacidad de penetrar en los alvéolos y pasar al torrente sanguíneo, causando mutaciones de ADN permanentes, efectos cardiovasculares y muerte prematura. En La Boca, se registraron valores altos de monóxido de carbono –que provoca desde mareos hasta falla cardíaca– y dióxido de nitrógeno –corroe los pulmones–. En Dock Sud, se halló dióxido de azufre, que afecta al sistema respiratorio.

No obstante, los informes oficiales sugieren que fueron casos aislados. No se puede decir lo mismo del agua. En 2017, la Universidad de La Plata categorizó el 92% de las muestras como “malas” o “muy malas”. Encontró plomo en 1.132, cromo en 1.054 y Escherichia coli en 850. Dos años más tarde, había 466 casos en seguimiento por toxicología, la mayoría en Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús. “Tuvimos que reacondicionar 12 unidades sanitarias que habían dejado de hacer operativos de vacunación, controles clínicos y odontológicos en los barrios más carenciados”, explica Larrache.

¿Cuál es el plan?

“¿Qué significa sanear la cuenca?”, se pregunta el funcionario. “¿Resolver la vida de quienes viven en la pobreza e insalubridad? ¿O que podamos tomar un vaso de agua sacada del río? Eso nadie, nunca, podrá hacerlo”. Según explica, el saneamiento es “un trabajo permanente y sistemático, de acá a la eternidad, que retrotraiga todo lo posible el daño ambiental”.

Hasta mediados del año pasado, los tres estados habían invertido $81.000 millones en la cuenca. Como ya se gastó el 80% del préstamo, avanzan las gestiones por una extensión de US$245 millones.

El 14 de febrero de este año, Martín Sabbatella, nuevo presidente de Acumar, hizo su primera navegación por el Riachuelo junto a Beatriz Mendoza, que insistió en que “lo que pudimos ver es lo que vemos hace muchísimos años: desastre, abandono, falta de interés y de responsabilidad”.

Larrache se hace cargo e insiste en las nuevas prioridades: fiscalizar y promover la reconversión de las industrias problemáticas (curtiembre, metal-mecánica, petroquímica), llegar con agua y cloacas a todos los habitantes, y que todos tengan una vivienda digna.