El descarte es una práctica generalizada consentida por el Estado

l descarte de al menos 110.000 toneladas anuales de merluza hubbsi confirmado por el INIDEP debiera ser un dato más que suficiente para que el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero impulsaran una reglamentación específica que lo impida, pero lejos de ello, desde los ámbitos de poder parece impulsarse la depredación de recursos. La comprobación mediante un video publicado por la tripulación del barco El Marisco II es la prueba que se suma a muchas otras ya publicadas.

La composición del descarte se conformaría con 30.000 toneladas arrojadas durante la temporada de langostino y 80.000 toneladas en la propia pesquería de merluza hubbsi. Esta situación ilegal se produce a pesar de existir en el Ley Federal de Pesca el artículo 21 que lo prohíbe expresamente.

Arrojar pescado al mar es un acto ilegal y éticamente reprochable por el daño ambiental que genera y por el desperdicio irracional de alimento que se realiza. Se trata de una falta grave; pero la ausencia de normas que establezcan castigos permite que la práctica se mantenga.

Un estudio realizado por el abogado Pablo Filippo para la Fundación Vida Silvestre revela que de la revisión de todas las actas del Consejo Federal Pesquero disponibles y de la normativa dictada, no surge una definición respecto del descarte pesquero, lo que torna muy difícil precisar con qué alcance se lo considera en la legislación argentina. Este vacío legal no es ingenuo.

Las cifras estimadas de descarte en la pesquería de merluza alcanzan un índice cercano al 30% de la captura máxima permisible, un escándalo que al parecer nadie pretende frenar. La existencia de un cuerpo de inspectores no ha garantizado la detención de esta práctica; por el contrario, los inspectores parecen ser parte del problema.

El Marisco II, el barco en donde gracias a las tomas realizadas por su Primer Oficial se pudo constatar la forma en que merluza viva de buen tamaño y langostino de máxima frescura eran arrojados al mar, llevaba un inspector a bordo, contra lo que podría imaginarse. La inacción del inspector Silva Job los ha dejado más expuestos que nunca.

El descarte de pescado, sumado al no uso de artes de pesca selectivas ni red reglamentaria, que se evidencia por la presencia de langostino en la captura, constituye una grave falta que debiera ser comunicada a las autoridades para ordenar el regreso a puerto y la aplicación de una suspensión preventiva. Esto no ocurrió y ni siquiera una vez consumado el hecho, a pesar de la reincidencia y las pruebas materiales, el director de Control y Fiscalización nacional, Julián Suárez, hizo lo propio.

Mientras el cuerpo de inspectores sea financiado por el sector privado, las posibilidades de que esta práctica se mantenga en algunos barcos está garantizada. Pasar a un sistema de monitoreo remoto con cámaras parece ser la solución que nadie quiere dar al problema. Desde hace al menos una década se viene postergando su implementación, sin que nadie logre dar una explicación convincente.

Un actor no menos importante en esta maniobra ilegal es el capitán del buque, máxima autoridad que no solo permite sino ordena el descarte de pescado al mar. Contar con normas claras que ponderen la gravedad de la infracción podría permitir castigar ejemplarmente al capitán y disuadir a sus colegas de imitarlo.

Sincerar el descarte, generar normativa específica para evitarlo y articular los mecanismos para mejorar un sistema de control claramente ineficiente, es deber de las autoridades pesqueras, tanto del Subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, como del Consejo Federal Pesquero.

Revista Puerto