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Recientemente, el proceso de readecuación del ordenamiento territorial en la provincia de Córdoba tomó estado público en un marco conflictivo a partir de fallas evidentes en la comunicación de la situación presente en la región.
En los medios de comunicación y redes sociales, se expresaron visiones antagónicas de la cuestión sin profundizar en aquellos aspectos fácticos que es necesario conocer y difundir para que, una vez analizados integralmente, la autoridad provincial pueda tomar una decisión política al respecto.
En 2010, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (N° 9814), la cual fue reglamentada a comienzos de 2011 por el Poder Ejecutivo provincial. Esa reglamentación desnaturalizó el espíritu de la citada ley al emplear criterios arbitrarios sin considerar las pautas técnicas aconsejadas por el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), un organismo integrado por representantes del Gobierno Nacional y de las provincias.
En el ordenamiento establecido por el decreto N° 170/11, se determinó que 2.923.985 hectáreas de Córdoba pasaban a estar comprendidas dentro de la categoría roja, correspondiente al área que no puede transformarse ni emplearse en ninguna actividad productiva; se trata de una cifra equivalente al 23% del total de las áreas comprendidas en dicha categoría. En segundo y tercer lugar –para tener una referencia– se ubican Salta y Santiago del Estero, con 12,4% y 10%, respectivamente.
En el marco del proceso de actualización quinquenal del ordenamiento territorial, según lo establecido por el Estado nacional a través del decreto N° 91/09, representantes de grupos autodenominados ambientalistas comenzaron a promover una campaña orientada a mantener el status quo determinado por el decreto N° 170/11, lo que dificulta enormemente –tanto en términos técnicos como políticos– una evaluación imparcial de la situación, para eventualmente considerar un cambio en el esquema vigente.
La resolución Nº 230/12 de Cofema establece que los “arbustales puros quedan excluidos del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN)”, a la vez que sostiene que los umbrales mínimos de superficie, altura y cobertura de copas que determinan la consideración de un ambiente arbolado como bosque nativo son: 0,5 hectáreas de ocupación continua, tres metros de altura mínima y 20% de cobertura de copas mínima. “Los ambientes que no alcancen estos umbrales deben ser excluidos del OTBN”, señala la norma.
La cuestión es que grandes extensiones de matorrales y jarillales presentes en el noroeste de Córdoba son considerados por el decreto N° 170/11 como bosques de categoría roja, cuando, según la resolución Nº 230/12 de Cofema, ni siquiera deberían ser tomados como tales.
Los bosques presentes en el norte cordobés deben ser preservados con todas las herramientas que disponga el Estado provincial para asegurar la biodiversidad y los servicios ambientales, entre los cuales se incluye la capacidad de fijar dióxido de carbono (CO2) y de cosechar agua a través de la infiltración.
Sin embargo, buena parte de la zona determinada actualmente como categoría roja corresponde a tierras que presentan un elevado nivel de degradación, circunstancia que lejos de tratarse de un fenómeno reciente, se originó a comienzos del siglo pasado con la extracción indiscriminada de madera, leña y carbón; de esta manera, al quitar del monte el estrato arbóreo y permitir un mayor ingreso de luz y agua al suelo, se favoreció el crecimiento de pastos –básicamente graminosos– que posteriormente fueron sobrepastoreados por bovinos, caprinos, yeguarizos y mulares.
La combinación del pastoreo, a menudo descontrolado, con una proliferación de especies arbustivas promovida por la sobretala fue degradando la matriz ambiental de la zona, contribuyendo a la formación de arbustales o fachinales continuos en los cuales se observa una pérdida progresiva de suelo por procesos de erosión tanto hídrica como eólica. Para revertir eso, se requiere de alguna intervención.
Buena parte del análisis del proceso de actualización del ordenamiento territorial provincial debería focalizarse en un relevamiento de la superficie de bosques y pastizales degradados para que, una vez identificados, pueda definirse un plan de acción, ya sea con fines productivos o conservacionistas. Dejar estos ambientes a la espera de una regeneración espontánea es contraproducente porque –entre otros aspectos– eso tiende a reducir la capacidad de infiltración del suelo, promoviendo anegamientos e inundaciones en situaciones de excesos hídricos, así como desertificación frente a estrés hídrico o sequías (eventos más comunes en los ambientes áridos y semiáridos).
En caso de emplearse para fines productivos, los ambientes degradados exigen un nuevo marco legal que permita hacer de ellos un uso racional, orientado a generar inversiones y empleo en un marco de sostenibilidad ambiental. En lo que respecta a su restauración con fines conservacionistas, dicha opción requeriría grandes sumas de dinero, que deberían ser aportadas por el Estado provincial, orientadas a lograr esa meta.
En ambos casos, la restauración productivista o conservacionista requerirá un trabajo científico-técnico multidisciplinario, porque la gestión de procesos biológicos, edáficos e hidrogeológicos es una tarea compleja.
Entre las alternativas que pueden emplearse para recuperar áreas degradadas se incluye el desmonte selectivo con implantación de pasturas megatérmicas adaptadas a los diferentes ambientes productivos del norte de Córdoba. Tener un suelo acondicionado con buena estructura y porosidad, además de una pastura que lo proteja y que capture CO2, agua, energía y nutrientes, es un factor esencial para cosechar agua de lluvia y mantener múltiples servicios ecosistémicos. Mientras un campo natural degradado produce entre 1,5 y 2 kilogramos de materia seca vegetal por cada milímetro de lluvia, una pastura megatérmica –como Panicum coloratum– puede llegar a generar entre 12 y 15 kilos por milímetro. Además, la perturbación de la capa superficial del suelo con un rolo para la realización del desmonte selectivo permite romper capas compactadas, generado la posibilidad de que mejore el nivel del agua y su velocidad de infiltración.
Desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, se favorece la mineralización de la materia orgánica, la cual, sumada a una mayor retención del agua, permite un mayor crecimiento –tanto aéreo como radical– de las pasturas, lo que finalmente favorece un mayor desarrollo y recuperación del suelo que es, en definitiva, la base de sustentación de la producción pecuaria y del ecosistema.
La principal actividad productiva en el noroeste de la provincia de Córdoba es la cría de ganado bovino y, en menor medida, de caprinos y ovinos. La mayor parte de los productores pecuarios de la zona son pequeños y medianos (muchos de ellos dependen del ingreso generado por la actividad para sobrevivir). Entendemos que el mismo celo que el Estado instrumenta para cuidar los bosques nativos debería ser equivalente a los esfuerzos realizados para que dichos productores puedan restablecer productivamente los ambientes degradados.
La Ley de Bosques (Nº 26.331) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
La cuestión es que desde 2010, cuando entró en vigencia la norma, el Estado nacional viene incumpliendo la ley de manera sistemática, con lo cual el costo (o lucro cesante) de las áreas bajo categoría roja quedó prácticamente a cargo de sus propietarios.
El Gobierno Nacional incrementó la partida asignada en 2017 al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para ubicarla en 5.973 millones de pesos. Se trata de una cifra que, aun efectivizándola en su totalidad, representa apenas un 8% de lo que corresponde legalmente.
CREA
