espués de que en el último tramo del 2019 la presión impositiva sobre el campo se acelerara, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) determinó que los distintos niveles del Estado se quedan con el 60% de la renta que generan la soja, el maíz, el trigo y el girasol.
Esto significa que cada $100 que se obtiene de una hectárea agrícola, los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales se quedan con $60, una vez descontados los costos de producción.
Un dato interesante es que la participación del Estado en la renta agrícola se incrementó en cuatro puntos porcentuales en los últimos tres meses. “Si comparamos con la medición anterior de septiembre de 2019 aumentó un 4%, ya que la anterior fue de 56,4%”, advirtió David Miazzo, economista de FADA.
En el reparto de la torta de impuestos y tasas que gravan la renta agrícola, el Estado nacional se come casi toda la torta solo y apenas coparticipa un tercio de lo que recauda. “El 95,5% pertenece a impuestos nacionales, el 3,9% a provinciales y el 0,6% a municipales. De esos impuestos nacionales, el 62,1% son de carácter no coparticipable, mientras que el 33,4% es coparticipable con las provincias”, indica el estudio.
Las retenciones son la clave para explicar esta asimetría. De acuerdo con el informe, los impuestos no coparticipables están compuestos principalmente por los derechos de exportación y también por el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los coparticipables, en cambio, son en su mayoría el impuesto a las ganancias y el IVA.
Las provincias reciben parte de este 33,4% como coparticipación y también recaudan impuestos propios. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos. En el caso de los impuestos municipales y comunales, el componente central son las tasas viales.
Según Miazzo, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando de 55,6% a 62,1%, mientras que todo el resto cayó. “Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación, que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”, detalló.
En relación a esto, la economista Natalia Ariño aseguró que son una reducción del federalismo por tres motivos: el primero es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; el segundo es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; y el tercero es mediante los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación.
No obstante, se observaron mejoras en los precios de soja y maíz, y una reducción sustancial en trigo. La mejora de los precios internacionales ayudó a amortiguar el efecto de la suba de derechos de exportación.
Los costos en dólares se han mantenido relativamente estables, mientras que los costos en pesos, fletes y labores agrícolas todavía no se han actualizado completamente. “Esto es así porque la actividad agrícola es estacional; es decir, cuando es época de siembra y cosecha es cuando estos precios se actualizan”, recordó Ariño. Por esta razón, los costos en pesos se depreciaron producto del incremento del tipo de cambio.
Además, el índice mostró que un 60% de los costos de una hectárea de soja están dolarizados, mientras que el restante 40% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados pasan a representar el 71%.