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ras el acuerdo del Gobierno con un grupo de bonistas extranjeros para reestructurar la deuda externa, empresarios de la cadena agroindustrial reclaman el lanzamiento de un plan exportador con el objetivo de consolidar a la Argentina en el comercio internacional.
Agrupados en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), más de 45 cámaras y entidades de la cadena agroindustrial mantuvieron un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la tarde del martes 4 de agosto.
En ese marco, le entregaron al Jefe de Estado un documento bajo el nombre de "Plan Exportador y de Inversiones" o como "Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal".
El paper contiene cuatro ejes que consideran estratégicos para alcanzar ese objetivo: institucional; productivo-exportador; social-territorial y ambiental.
La propuesta reclama la sanción de una serie de leyes y medidas, en especial fiscales y financieras, para impulsar las exportaciones de alimentos de origen animal y vegetal; fibras, biocombustibles y tecnologías agroalimenticias.
Las metas fijadas por este sector son las de aumentar las exportaciones para que Argentina alcance los u$s100.000 millones anuales en ventas al exterior. También, la creación de 700.000 empleos adicionales en las distintas cadenas agroindustriales y asegurar la sustentabilidad de los sistemas de producción, a través de un uso eficiente de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.
El documento que ya tiene el presidente Fernández en su escritorio enumera una serie de herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas que tengan alto impacto en la producción, las exportaciones y el empleo.
Queda claro que para que estas iniciativas funcionen, el país debe ofrecer un marco de certidumbre económica para el mediano y largo plazo, con una macroeconomía estable y mejores condiciones de financiamiento para que inversores y empresarios puedan proyectar sus planes de negocios.
Es decir que, a partir del acuerdo por el pago de la deuda externa, el Gobierno anuncie cuál será el plan con el que pretende reactivar la economía post pandemia que hasta ahora se desconoce y que, por las últimas declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, no será anunciado de manera oficial.
De hecho, muchas de las medidas reclamadas por los empresarios requerirán la sanción de leyes y normativas específicas tendientes a promover las actividades agroindustriales.
En sus primeras páginas, el informe detalla los ejes institucionales para el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los organismos públicos y establecer una agenda de negociaciones internacionales.
También hace referencia al eje exportador y productivo para la promoción de las inversiones mediante la sanción de varias leyes vinculadas a este objetivo.
Por caso, un régimen especial de amortización acelerada para el impuesto a las Ganancias que se aplique a los bienes de capital adquiridos por personas y empresas del sector agroindustrial y forestal.
Los que accedan a este régimen, podrán optar por acogerse al esquema de amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas generales de la ley de Impuesto a las Ganancias.
A esto se le suma la sanción de otro régimen especial para promocionar las inversiones en bienes de capital que contemple un Plan Canje Integral para la compra de maquinarias y tecnologías de procesamiento de origen nacional como: tractores, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, maquinaria agrícola, equipos de riego, camiones, camionetas, maquinarias y equipos para plantas de procesamiento de productos de origen vegetal y animal, entre otros.
Según la propuesta de los empresarios, el régimen también favorecerá a los bienes de capital amortizables importados que no sean producidos ni ensamblados en el país con una serie de promociones.
Comprende además la exenciones en el pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o partes o elementos componentes de dichos bienes, siempre que se demuestre que no existen proveedores nacionales.
En otro de sus capítulos, la propuesta empresaria reclama fuertes cambios impositivos y la sanción de una ley de estabilidad fiscal por 10 años para fomentar las inversiones e incrementar las exportaciones y la producción agroindustrial.
"La estabilidad fiscal implicará que no se incremente la carga tributaria nacional total determinada al momento de su solicitud de adhesión a los Registros Nacionales que se conformarán para este programa", detalla la propuesta de la CAA.
El régimen no será aplicable al IVA que se ajustará al tratamiento impositivo general pero sí alcanzará al resto de los tributos nacionales.
Los empresarios le piden también al Presidente Fernández un decreto que otorgue reintegros a las exportaciones con la aplicación de dos niveles de alícuotas en función del grado de industrialización y procesamiento que van del 4% (productos de menor procesamiento) y 7% (productos de mayor procesamiento).
No se otorgarán reintegros a las exportaciones de poroto de soja, maíz, trigo, cebada y girasol y para el complejo industrial oleaginoso el reintegro será del 1,5% a harinas y pellets y del 2,5% a aceites y biodiesel.
En otro párrafo, el informe pide una reducción gradual de impuestos a las exportaciones de bienes agroalimentarios pero aclara que para no afectar los ingresos fiscales, se propone un programa de reducción gradual de los derechos de exportación, a pesar de que los mismos son distorsivos para la actividad económica agroindustrial y forestal.
A esto se le agrega otro decreto que establezca por tres años la posibilidad de una deducción especial de Ganancias según el tipo de actividad para que personas y empresas puedan descontar un porcentaje especial y adicional equivalente al 50% del monto de las facturas correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos biológicos, material genético, semillas autógamas y hortícolas identificadas y fiscalizadas y contratación de seguros índice, multirriesgo y productos derivados climáticos.
"La deducción incluye también a las facturas emitidas por proveedores del exterior cuando estos productos e insumos no cuenten con producción local", agrega el documento.
El resto de los beneficiarios del plan que no contemplen este tipo de compras, podrán deducir del resultado fiscal en un porcentaje equivalente al 10% del valor FOB de las exportaciones, también por un plazo de tres años.
Se hace referencia también a la implementación mediante una resolución de la AFIP de una Cuenta Única tributaria automática para operaciones de comercio exterior en la que las empresas podrán descontar devoluciones de reintegros contra pagos de derechos de exportación y otros impuestos.
También que se incluya en el Presupuesto 2021 un Pacto Fiscal Federal para uniformar criterios impositivos, reducir otros tributos, tasas y contribuciones que gravan el comercio exterior de bienes producidos en el país. "Esto implicará un Pacto Fiscal Federal para que las provincias, municipios y comunas apliquen los mismos criterios impositivos que el Gobierno Nacional, especialmente en Impuesto a los Ingresos Brutos y tasas municipales y/o comunales, incluida la Estabilidad Fiscal", aclara la CAA.
El programa finaliza con una importante cantidad de propuestas para innovación y nuevas tecnologías, creación de fondos de promoción de la biotecnología, la investigación y el desarrollo agroindustrial; la aprobación de una Ley de semillas y creaciones fitogenéticas.
Se le suman propuestas sobre negociaciones internacionales y promoción comercial, la profundización del Mercosur con una agenda de relacionamiento externo del bloque, buscando flexibilidades para avanzar en tratados comerciales con los principales mercados del mundo.
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