Casi todas las rutas y autopistas del país serán estatales

n 2018, el proyecto Participación Público Privada (PPP), que convertiría seis corredores viales en autopistas o rutas seguras, era el principal tema de conversación. Hoy, dos años después, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, está a punto de rescindir aquellos contratos y estatizar la mayoría de las rutas argentinas.

“Las PPP fueron un fracaso porque no se hicieron las obras comprometidas. Fue un proyecto absolutamente ruinoso para el Estado y ampliamente ventajoso para el sector financiero, que era el gran ganador del sistema”, señalaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

Como sucede en todas las áreas del Gobierno, la capacidad de gestión de los ministros está parcelada por lo que opine el Instituto Patria. No obstante, en este caso Katopodis tuvo otro contrincante: Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete. El ministro se fue con un tres a cero en contra. Le renunciaron el jefe de Gabinete de Obras Públicas, Gerardo Otero; el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad, Gerardo Tarchinale; y el director de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Juan Manuel Padra. Los tres tenían un común denominador: eran los que negociaban con las empresas la rescisión contractual.

La disputa estuvo centrada en la forma en que se proponía acordar con las compañías que fueron adjudicatarias de los seis corredores viales. Entre aquellos grupos de empresas, hay algunas que han decidido pasar a pérdida los millonarios gastos que tuvieron y firmar, sin más, la finalización del contrato, pero otras son más beligerantes.

Katopodis tenía la idea de negociar una salida que evitara la posibilidad de que se judicialice alguno de los reclamos de las concesionarias.

Los contratos de inversión sumaban, en su conjunto, seis mil millones de dólares. Desde las empresas argumentan que la confección de la licitación, la búsqueda de financiamiento para las obras y, finalmente, las garantías necesarias para presentar la oferta generaron enormes gastos.

Además, en aquellas cláusulas originales, las constructoras tenían que adjuntar dos garantías: la primera se llamó Garantía de Cierre Financiero, cuya finalidad era asegurar el cumplimiento de la obligación de alcanzar el esquema financiero en los plazos previstos en el contrato; la segunda se denominó Garantía de Servicios Principales y su finalidad era generar respaldo del cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento del proyecto.

Ese dinero, en muchos casos, está inmovilizado y algunas de las empresas quieren algún tipo de compensación. De hecho, una de ellas fue a la Justicia con la presentación de un recurso de amparo que la autorice a reemplazar esas garantías por una póliza de caución.

Los PPP se adjudicaron en medio de la primera de las corridas cambiarias que se dieron en el gobierno de Mauricio Macri. El plan implicaba obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes en distintas localidades. La inversión total estimada era de US$6.000 millones durante los cuatro primeros años.

En el Gobierno dicen que las rutas ahora las construirá el Estado. La idea es que por medio de un decreto se den por caídas las concesiones y empiecen a ser manejadas por una empresa estatal llamada Concesiones Viales, creada en 2018 para operar la autopista Ezeiza-Cañuelas, que hasta entonces operaba la constructora de Cristóbal López. De esa forma, casi todas las rutas y los accesos a Buenos Aires –excepto Autopistas del Sol, que opera los accesos Oeste y Norte– serán estatales.