En busca de un consenso para proteger los ecosistemas

a Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación debate la Ley de Humedales, que incluye seis proyectos que apuntan a la creación de presupuestos mínimos para la protección de los ecosistemas. La intención es lograr un dictamen único de todas las fuerzas políticas.

Los legisladores nacionales que intentan avanzar en el análisis de los proyectos que conformarán la normativa son Leonardo Grosso del Frente de Todos; Enrique Estévez, del Partido Socialista; Graciela Camaño, de Consenso Federal; el bloque de la UCR conformado por Ximena García, Gustavo Menna y Brenda Austin; de Gladys González, María Tapia y Esteban Bullrich del PRO; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Con un fuerte enfoque sobre el cuidado del medio ambiente, el Gobierno de San Luis se adelantó y cuenta desde el 5 de junio de 2007 con una ley que protege 962.370 hectáreas que abarcan a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis y son consideradas sitio Ramsar por la ONU.

Coincido con Grosso, que propone reprimir con prisión de 2 a 6 años a quienes atenten contra áreas naturales.

"Proteger estos espacios a través de planes de manejo es muy importante porque son ecosistemas que tienen un gran valor ecológico, no solo por la biodiversidad que los constituye, sino también por la función que cumplen para la humanidad", explica la secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza, quien analiza y explica los puntos más interesantes de cada uno de los proyectos que se debaten en el Congreso.

Sobre las propuestas de elaboración de inventarios, Spinuzza considera que son bastante disímiles. "En el caso de San Luis, deberíamos destinar recursos humanos y técnicos para la identificación y relevamiento de los humedales no declarados Ramsar. Si bien podríamos nombrar rápidamente a distintas cuencas de importancia de conservación y manejo, como la Cuenca del Conlara o la Cuenca El Morro, resulta necesario analizar y definir con el tiempo suficiente y los recursos necesarios la totalidad de estos sitios".

Coincide con el proyecto del diputado Grosso en que "hay que establecer una serie de niveles y plazos que demarcan escalas de análisis aceptables y plazos reales de identificación. Destacando la creación de un cuerpo permanente de análisis y actualización y la obligatoriedad de otorgarle un presupuesto acorde a la tarea a desempeñar".

En cuanto al ordenamiento territorial, en el sitio Ramsar de San Luis el uso de la tierra está principalmente destinado a la producción ganadera, principalmente con características extensivas o de trashumancia. "Para planificar el desarrollo sostenible del sitio es necesario organizar a futuro la distribución de usos del suelo sin perder la perspectiva de la utilización del mismo", explica.

La secretaria de Medio Ambiente añadió que existen diferentes propuestas: "En el caso del proyecto propuesto por Ferraro, resulta interesante el paralelismo con la Ley de Bosques Nativos Nº 26.331 en el establecimiento de categorías de conservación, pero tanto para la Ley de Bosques como para este caso, el ser taxativos podría significar encontrarnos con un resultado distinto al esperado", especifica, y añade: "Más que nada, teniendo en cuenta que los ecosistemas de humedales son zonas y regiones extensas que ya tienen un uso bastante definido del suelo y que deberá ser reconfigurado".

Sobre este mismo tema, Spinuzza destaca a Grosso porque considera que es el más vanguardista en el manejo de conceptos: "El diputado plantea un enfoque ecosistémico y un manejo integrado de cuencas, es acertado en cuanto a la escala de análisis, es decir de la ecología del paisaje. También subrayó el establecimiento de los criterios generales para el ordenamiento territorial y la valoración que se hace sobre el uso del humedal", asegura. Ella considera que lograr el ordenamiento territorial en menos de dos años será imposible y que deberían preverse procesos participativos para su elaboración.

Los proyectos de ley incorporan una moratoria a las actividades realizadas en humedales durante el proceso de realización del Inventario Nacional de Humedales (INH) y el Ordenamiento Territorial (OT). "En los proyectos de Caamaño, Austin y Ferraro incorporan restricciones totales a la realización de nuevas actividades durante la elaboración del INH y del OT. En cambio, en el de Grosso se incorpora la posibilidad de continuar instalando nuevas actividades o ampliar las existentes, pero siempre garantizando la aplicación de objetivos y principios establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675. Además, establece la obligatoriedad de elaborar un estudio de impacto ambiental y un inventario del área de influencia respetando los lineamientos propuestos", expresa Spinuzza.

“Es importante entender que muchos humedales se encuentran en zonas productivas o habitadas por pequeños productores. En San Luis todos los proyectos deben respetar altos estándares de conservación ambiental y ser sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que restringir el progreso mientras dure la elaboración del INH y el OT no sería necesario si se cumpliera con los correspondientes procedimientos de fiscalización ambiental", indica.

Todos los proyectos de las diferentes fuerzas políticas coinciden en la creación de fondos renovables para proteger los humedales.

En la creación de fondos para proteger los humedales hay consenso total. "Trazando una comparativa con la Ley de Bosques Nativos, otra ley nacional de presupuestos mínimos que prevé fondos, sobresale el proyecto de Austin que prevé que el fondo será constituido por las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas, las cuales no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Esta consideración es importante porque garantiza que los fondos otorgados trascienden de un año a otro más allá de la capacidad de ejecución de los gestores del fondo", afirma la funcionaria puntana.

Spinuzza especifica que con respecto a los criterios de distribución del dinero será importante definirlos en la normativa para que no quede abierto a una definición posterior por parte de la Autoridad Nacional de Aplicación. En este sentido, indica que habrá que tener en cuenta el porcentaje de superficie de humedales declarado por cada jurisdicción; la relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus humedales; las categorías de conservación declaradas y la necesidad de restauración de los humedales.

Destacó que está de acuerdo con la propuesta de Grosso, que establece que “será reprimido con prisión de 2 a 6 años quien, de un modo peligroso para la salud humana o la naturaleza, envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos”.

El Diario de la República