Soja: ROSARIO
$250.000 0.08%
Maíz: ROSARIO
$155.000 0.65%
Trigo: ROSARIO
$193.000 0.78%
La norma fue publicada en la Gaceta Oficial el 21 de abril de 2021. Todos los decretos abrogados fueron emitidos durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que muchos han considerado casi una dictadura.
En su momento, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) había expresado su rechazo al anuncio del Gobierno nacional de la abrogación de los decretos supremos 4232, 4238 y 4348, relacionados al uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Con esa posibilidad concretada, un dirigente de esa organización lamentó la postura del nuevo gobierno boliviano y ofreció la negociación de un pacto productivo que incluya este tema: “Si nos permiten acceder a estas tecnologías vamos a poder incrementar los rendimientos sobre las mismas áreas”, aseguro el directivo de la Anapo, Fidel Flores, que a la vez se quejó que por no ser suficientemente productivos Bolivia termina importando maíz en grandes cantidades de la Argentina. Y es transgénico.
Los movimientos ambientalistas y ONG exigieron que las normas emitidas por Áñez sean derogadas porque, en su criterio, promovían el uso de transgénicos en contra la Constitución.
El Decreto Supremo 4232, del 7 de mayo de 2020, autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
En tanto, el Decreto Supremo 4238, del 14 mayo de 2020, modificaba la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo 4232.
El artículo 2 de DS 4348, de 22 de septiembre de 2020, disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al Estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).
Según las consideraciones del nuevo decreto, con la aprobación de aquellas normas “se contraviene el principio de seguridad y soberanía alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la Constitución Política del Estado”.
Asimismo, la norma emitida por el presidente Luis Arce señala que “a efectos de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria; así como los derechos de los componentes de la Madre Tierra, es preciso dar cumplimiento a disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente”.
En mayo pasado, la decisión de habilitar los estudios con transgénicos, como paso previo a su aprobación comercial, había sido aplaudida por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia, un importante colectivo agroindustrial especialmente en Santa Cruz, la principal región agrícola del país.
La asociación recuerda que países vecinos como Argentina, Brasil y Paraguay llevan más de una década utilizando transgénicos, con los que consideran que Bolivia puede triplicar su producción anual de grano hasta unos 12 millones de toneladas, con impacto económico de cerca de 2.800 millones de dólares y la generación de alrededor de 300.000 empleos directos e indirectos.
Bichos de Campo
