Soja: ROSARIO
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Maíz: ROSARIO
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Trigo: ROSARIO
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La exportación de productos agrícolas estará cada vez más condicionada por cuestiones ambientales, coincidieron los participantes del panel “Sostenibilidad en los negocios y acceso a mercados” del Congreso Maizar 2021: Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC); Nathan Fields, vicepresidente de Producción y Sostenibilidad de la Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos (NCGA, según sus siglas en inglés); Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC; Alejo Dantur, jefe de Laboratorio, Calidad y Desarrollo en ACA Bio; Iván Borsini, consultor en Gear SA; y Carlos Gentile, socio fundador de CICLA Desarrollo Sostenible; en un encuentro moderado por Sabine Papendieck, coordinadora general de Programa Argentino Carbono Neutro (PACN).
De Saja recordó que lo que en el Congreso Maizar 2019 se había planteado como estrategias ambientales voluntarias, son ya exigencias políticas y serán pronto exigencias legislativas para el ingreso de maíz o cualquier otro producto al mercado europeo. Es también, señaló, una oportunidad para que la Argentina se afiance como proveedor. España es el principal productor europeo de alimentos balanceados para animales, con una alta integración vertical y, según De Saja, los precios actuales de las materias primas apuntan a un ciclo que, a menos que se sucedan dos a tres años de excelentes cosechas mundiales, los mantendrá muy elevados al menos hasta fin de 2022.
Aunque no puede aumentar su producción propia de proteínas vegetales, la Comisión Europea quiere que todo lo que se produce en la UE sea sostenible, y a eso obedece desde fin de 2019 el Green Deal, que entre otros requisitos busca que la cadena de producción de alimentos se involucre en la lucha contra la deforestación en los países de origen de las materias primas, dijo el dirigente español. Eso implica un amplio catálogo de medidas respecto de insumos, uso del agua y de los bosques. Ya en el tercer trimestre de 2021, precisó, los productores de alimentos balanceados deberán presentar estrategias de cumplimiento que, de no ser satisfactorias, darán paso a nuevas normas del Parlamento.
De Saja contó que, por ejemplo, CESFAC se impuso un calendario de 2021 a 2030 para conseguir que 100% de la soja importada sea producida de modo “sostenible” y provenga de zonas no deforestadas o con bajo riesgo de deforestación. La Argentina aparece bien posicionada: el 91% de la soja es considerada “sostenible” y las zonas en riesgo de deforestación son marginales. Pero debe apostar a más. En el caso de Estados Unidos, la UE considera 100% de su producción “sostenible”, proporción que se reduce a 71% para la soja brasileña. Según De Saja, trabajando en conjunto, en 2004 la Argentina podría llegar a un 94% de “producción sostenible” y consolidar su condición de proveedor.
Nathan Fields contó que la NCGA representa a 300.000 productores de maíz de Estados Unidos, donde anualmente se plantan unos 35 millones de hectáreas que rinden cerca de 370 millones de toneladas de maíz. Un 40% se usa como alimento para animales, un 30% en la producción de biocombustibles (principalmente, etanol) y un 10 a 15% se exporta, en buena medida a China, que está en proceso de recomposición de su stock porcino.
El empresario estadounidense explicó que el foco de la NCGA es político, para lo cual tiene una oficina en Washington DC, sede de los tres poderes del Estado, que sigue el programa de biocombustibles y temas comerciales. Fields anticipó un fuerte aumento de las normas sobre el clima, para lo cual la NCGA prevé un gran programa de comunicación con los sectores políticos y públicos en general. Otra línea de trabajo, agregó, es el desarrollo de mercados, buscando aumentar la aceptación de los biocombustibles y la producción sostenible de maíz. “Muchos programas de sostenibilidad empiezan a nivel local y se consolidan en programas nacionales”, indicó.
“Trabajamos con grandes coaliciones”, dijo Fields, y contó que la NCGA sigue el programa de descarbonización de California (el estado más grande de Estados Unidos) y tiene un grupo sobre cambio climático y otro sobre sustentabilidad del maíz, que trabajan temas como uso eficiente de la tierra y huella de carbono. El núcleo de ambos, enfatizó, es la modernización técnica: agricultura de precisión y mantenimiento de suelos sanos, que requieren una continua inversión en genética. Abogar por la tecnología, destacó, contribuye a la sostenibilidad y es clave para cualquier estrategia de mercado.
Maizar trata desde hace años la cuestión de la “sostenibilidad” como requisito para exportar, propiciando políticas empresariales preventivas en materia ambiental, destacó Idígoras. “La clave es el abastecimiento sostenible y libre de deforestación. La agricultura argentina tiene gran inserción internacional: en maíz, es el 2° exportador mundial y tiene más de 100 países clientes, diversificación que genera múltiples desafíos para cumplir estándares públicos y privados de los compradores”, manifestó.
Para eso, se instrumentaron dos programas: el de carbono neutro y otro de preservación forestal. En cuanto al primero, en coincidencia con De Saja, señaló que ya no será una cuestión voluntaria, no sólo porque el gobierno de Joseph Biden impulse una agenda climática en Estados Unidos, sino porque también el sudeste asiático y China piden cada vez más información ambiental. Al respecto, dijo que el programa de carbono neutro de maíz y sorgo apunta a medir la totalidad de la emisión y de la captura de carbono, y destacó las ventajas a que apunta ese esfuerzo: incentivo económico por mejor acceso a mercados, mejores condiciones financieras, locales y externas, licencia social e, incluso, a medida que se adaptan y capacitan recursos humanos, una mejor cultura corporativa.
En cuanto al programa forestal, Idígoras dijo que apunta a la preservación del Gran Chaco trabajando con soja y maíz con un “riesgo de deforestación” inferior al 5%. Y contó que a las empresas les costó al principio entender y ser parte de la solución respecto del compromiso asumido por la Argentina de ser neutral en carbono hacia 2050, pero notó que, en los últimos dos años hay un cambio de paradigma, a medida que diferentes actores se van dando cuenta de que su futuro depende de la adopción de objetivos ambientales. Sin embargo, aún “hay cierta desconexión entre planes empresariales y objetivos gubernamentales; se necesita una alianza estratégica en ese sentido”, concluyó.
Iván Borsini señaló que al sorgo aún no se le piden requisitos de sostenibilidad en el PACN, pero los tendrá en el futuro, como hoy los tienen el maíz y la soja. Según el consultor, ahí “se verá la diferencia entre quienes accedan y quienes no”. Hasta ahora, el sorgo no era parte del esquema porque no era visto como un cultivo atractivo, indicó, pero empezó a serlo. Por ello, comenzaron a instrumentarse buenas prácticas para mejorar los resultados, como cálculos georreferenciales para identificar la huella de carbono, datos de distancia a puertos y centros de acopio, y concientización de la cadena, todo con el objetivo de mejorar resultados.
“Fuimos los primeros en exportar etanol sustentable: en 2020, enviamos 2.400 toneladas y, este año, hasta ahora, llevamos exportadas 2.200 toneladas”, destacó Alejo Dantur, y contó que ACA Bio obtuvo certificación ISCC (International Sustainability & Carbon Certification, reconocida en el Global Compact de la ONU). “El mundo está pidiendo que lo cuidemos, y la globalización es parte de ese cambio”, destacó, y dijo que, para posicionarse mejor respecto de las nuevas exigencias, la cadena del maíz y el sorgo debe conocer bien las emisiones del ciclo de vida del producto, para identificar los factores de emisión que más impacto tienen. En etanol, ejemplificó, hay que centrarse, “principalmente, en el rastrojo, producción y uso de fertilizantes, y el combustible que se usa en las distintas etapas. En la industria, el 85% de la emisión está representada por el uso de energía fósil”, indicó.
Carlos Gentile se refirió a dos instrumentos financieros que debería tener en cuenta la cadena: los créditos de carbono (regulados y no regulados) y los bonos verdes. En créditos regulados, surgidos del Protocolo de Kyoto, Asia aprovechó más del 80% de los certificados y América Latina apenas 13%, precisó. De esa porción, Brasil y México se llevaron tres cuartas partes y la Argentina, solo el 5% (esto es, 0,65% del total mundial). Además, señaló, la mayoría de los proyectos argentinos son de energía limpia y recuperación de residuos, con muy poca participación del agro. En América Latina, México lanzó en 2020 el primer bono en el sistema ETS (Emissions Trading Scheme), Colombia está trabajando en uno y Brasil y Chile están estudiando la posibilidad.
Más adelante, entrarán en vigor los acuerdos regulados del Tratado de París, de los que falta la letra chica. Según Gentile, la Argentina no puede vender sus reducciones de carbono en el ETS porque todavía no sabe cómo impactarán en sus compromisos ambientales. En cualquier caso, se trata de un mercado interesante: la tonelada de dióxido de carbono llegó a valer 50 dólares, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronosticó un precio de hasta 76 dólares. En este sentido, agregó que a los mercados voluntarios de comercio de emisiones se puede acceder a través de proyectos de recuperación de la naturaleza y energías renovables.
También son atractivos los proyectos de manejo forestal, en los que se destacan dos empresas argentinas: Adecoagro y Granja Tres Arroyos. “La agroindustria tiene la posibilidad de hacer valer un diferencial de producción, en el marco de la recuperación verde postpandemia impulsada por Europa y, desde la reciente Cumbre de Líderes, también por Estados Unidos”, dijo Gentile. Por último, abordó los bonos verdes, cuya emisión global ha ido en aumento. Pero América Latina va lenta, con apenas 2% del total emitido, y la Argentina rezagada respecto de Chile, Brasil y México, aunque con muchas posibilidades. Hasta ahora, completó, emitieron bonos verdes Jujuy y La Rioja, por los parques eólicos Caucharí y Arauco, y el sector agropecuario tiene ante sí un mercado aún más amplio: el de los bonos sustentables, en el que Mercado Libre ya emitió uno de 400 millones de dólares.
