La agenda del Gobierno tras la derrota electoral

Tras las PASO, la agenda económica del Gobierno continuará en los próximos días con importantes anuncios. En este sentido, se prevé que inicie el debate sobre la Ley de Hidrocarburos, al tiempo que se concretará el primer pago de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI). También se analizará la resolución de un nuevo programa financiero.

Pasado mañana se presentará ante el Congreso Nacional el Presupuesto 2022, en el marco de un acto donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, detallará cuáles serán las metas, proyecciones y asignaciones de cara al año entrante, en una suerte de “actualización” en función de las estimaciones para lo que resta de 2021.

Cabe destacar que el índice inflacionario del 29% que el oficialismo planteó en primera instancia quedó muy lejos, ya que según el mercado el IPC anual rondaría el 47%. El objetivo del Gobierno es que los salarios le ganen a la inflación y que el índice mensual de precios baje un punto porcentual en lo que queda del año.

El Presupuesto también anticipará los niveles de déficit fiscal que espera transitar el Gobierno en 2022. Este número será vital para inferir cuánto dinero requerirá el Tesoro para conseguir inversores y determinará cuál será la asistencia por parte del Banco Central. Además, se trata de una cifra fundamental para negociar con el FMI.

De acuerdo a varios analistas privados, el déficit primario será menor al propuesto por el Ministerio de Economía en el presupuesto de 2021. Este “sobrecumplimiento” responde a que los ingresos del fisco fueron mayores a lo esperado por la suba del precio internacional de los commodities y la recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas.

Entre las proyecciones del Presupuesto se destaca el valor esperado del dólar mayorista, el crecimiento del PBI y el gasto en subsidios.

Este miércoles, también, el Gobierno tiene pensado presentar un nuevo régimen de promoción para la producción de hidrocarburos, un proyecto que se diseñó en nueve meses entre el Ministerio de Economía e YPF.

La idea es que el presidente, Alberto Fernández, junto con Guzmán y el secretario de Energía, Darío Martínez, anuncien la iniciativa en un acto que contará con la presencia de sindicatos, empresas del sector y gobernadores. En el texto, se establecerán regímenes de promoción para el petróleo, el gas, las grandes obras de infraestructura y proyectos especiales como la explotación de hidrocarburos off shore.

Los beneficios impositivos estarán ligados a un recorte en el costo de capital que haga viable las inversiones sin una rebaja de los tributos que tendrán que abonar las compañías por las ganancias de sus producciones.

Para el petróleo, el Gobierno establecerá una línea de base de actividad para cada firma, a través de la cual, en caso de que haya un excedente, se comenzará a computar la “producción incremental”. La misma garantizará un porcentaje de exportación, que iniciará en el 20% aunque puede ser mayor, y una libre disponibilidad de divisas que equivaldrá al 50% de las ventas.

Así, se flexibilizarán los controles cambiarios para que las empresas del sector puedan utilizar parte de su saldo en dólares y girarlo entre sus casas matrices. Es importante aclarar que el Gobierno desea firmemente que la iniciativa pase lo antes posible por el Congreso, ya que estas semanas las petroleras determinarán sus proyecciones de cara al año entrante.

Si la propuesta no se aprueba en tiempo y forma, las firmas podrían quedar fuera de los beneficios del régimen de promoción, teniendo que actualizar sus planes de inversión en 2022.

Para el oficialismo, el aumento en el precio internacional del gas registrado en las últimas semanas no es un dato menor. A principios de mes, la cotización del Gas Natural Licuado (GNL) alcanzó los US$20 por millón de BTU en el Japan-Korea Market y el Dutch TTF. Según expertos, la señal no es para nada positiva. Por este motivo, el Gobierno estima aumentar la producción local de GNL a través del Plan Gas.

Asimismo, la semana que viene se realizará el primer pago de capital al FMI por el préstamo Stand By firmado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri. La meta del oficialismo es resolver la negociación lo antes posible para firmar un nuevo programa financiero que reestructure la deuda.

En este marco, el 22 de septiembre la Argentina debería abonar casi US$1.884 millones. El 22 de diciembre, se prevé otro pago similar, siendo US$3.767 los millones a desembolsar en los próximos tres meses. Los mismos serán cubiertos con los propios Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI repartió entre sus países miembro en agosto.

Vale mencionar que el pago de fin de año podría evitarse si las autoridades consiguen cerrar un nuevo programa que reconfigure la hoja de ruta de pagos hacia el organismo.