El campo en pie de guerra

uego de la formalización en el Boletín Oficial de la suba de retenciones a la soja del 30% al 33%, el sector decidió poner un cese a la comercialización de granos y hacienda por cuatro días. Ante la presión de las bases, la medida fue acordada por la Sociedad Rural, Coninagro y CRA.

Una vez concretado el anuncio, los dirigentes de la Mesa de Enlace, que conforman Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA), avanzaron en la definición de la protesta. “La Sociedad Rural Argentina decidió convocar a un cese de comercialización de granos y hacienda en pie desde las 0 horas del lunes 9 de marzo hasta las 24 horas del jueves 12 de marzo del corriente, en respuesta al aumento de los derechos de exportación anunciado por el Gobierno en estos días y formalizado en el Boletín Oficial”, indica el documento firmado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.

Desde esta entidad se viene trabajando para mantener la unidad en torno de la Mesa de Enlace más allá de las diferentes posturas de cada organización. “Los productores no estamos en condiciones de seguir asumiendo más carga tributaria, que se suma a una presión impositiva ya de por sí asfixiante. Esta presión creciente no solo afecta nuestra realidad económica, sino también la de la ruralidad en su conjunto, comprometiendo seriamente la actividad de pueblos y ciudades del interior, poniendo en jaque a innumerables pymes agropecuarias, comerciales e industriales de todo el país y destruyendo empleo directo e indirecto”, agregó Pelegrina. Desde el sector aseguran que el cese de comercialización no provocará aumento de precios ni desabastecimiento.

Por su parte, los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas manifestaron una posición más dura ante el conflicto. Desde el inicio, la entidad se mostró más combativa y comenzó a exigir una fecha concreta para la protesta del campo. “Nos vemos en la ruta. Los productores agropecuarios de todo el país nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del nombre como tal, nuestro trabajo. Pasan los tiempos, cambian los actores, las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad), pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, en definitiva, más impuestos”, remarcó Jorge Chemes, presidente de CRA.

Confederaciones Rurales Argentinas es la entidad que más contacto posee con los productores en el interior del país. Tal es el caso de los productores cordobeses autoconvocados y de la filial de la Federación Agraria de Río Tercero, quienes protestaron una vez formalizada la medida en el Boletín Oficial. La manifestación incluyó la entrega de un petitorio al ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, para que la provincia tome participación en el asunto.

Para Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, las medidas de fuerza tomadas por los autoconvocados deben interpretarse como un llamado de atención para la Mesa de Enlace. “Muchachos, despiértense. No damos más. Hay una situación de quebranto y desencanto con buena parte de la dirigencia”, expresó Magliano.

En este sentido, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, destaco que “desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, Coninagro fue la entidad que más contactos tuvo con los funcionarios del Gobierno”. Sin embargo, en declaraciones posteriores al anuncio señaló que “el paro del sector es una advertencia y expresa la disconformidad por el incremento de las retenciones a la soja”. En coincidencia con lo expresado por Pelegrina, Iannizzotto indicó que la medida de fuerza no ocasionará problemas para la población.

El sector aguarda un pronunciamiento público de Federación Agraria Argentina (FAA), pese a la comunicación de su presidente, Carlos Achetoni, con algunos dirigentes de la Mesa de Enlace. Se trata de la entidad más reticente a ir a un cese de comercialización. Desde la gremial que representa a los productores más pequeños argumentan que “quieren interiorizarse y conocer la letra chica respecto a las compensaciones que se otorgarán a los productores de soja”.

El deterioro de las economías regionales es uno de los pocos diagnósticos en los que han coincidido ambos lados del conflicto. A pesar del contexto adverso, desde FAA apuestan a futuros encuentros que permitan discutir la facilitación de acceso al crédito y planes de viviendas dirigidas a estas economías.

Entre otras repercusiones, los exportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) criticaron la suba del 30% al 33% para los subproductos de la soja, como la harina y el aceite de soja, rubros donde la Argentina es líder mundial en la exportación. “Esto castiga la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados. Proponemos que el Gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país", expresa el comunicado de la entidad.

El costo político

El paro de comercialización por 96 horas que convocó la Mesa de Enlace desacomodó al Gobierno, que no contemplaba el escenario de protesta desatado. De este modo y, a casi tres meses de gestión, Fernández se topa con el primer conflicto sectorial. Desde Casa Rosada interpretan que “el impacto comercial de la medida no será importante”, pero pusieron el foco en el peso político y simbólico del paro.

En el entorno de Alberto Fernández apuntan contra el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, a quien le atribuye las protestas de los llamados autoconvocados.

A pesar de las disidencias, la orden es que el sector se exprese con total libertad para luego continuar con la agenda de gobierno planteada.