Tras conocerse la multa millonaria de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, el día martes primero de abril, a la empresa Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra), desde el sector afirmaron que acudirán a la Justicia. En total, las cuatro entidades deberán abonar poco más de $445 millones.
La Resolución 332/2022 establece que la Federación Argentina de la Industria Molinera, Cámara de Industriales Molineros, Asociación Pequeñas y Medianas Industrias Molineras y Molino Cañuelas son responsables de tomar decisiones que perjudicaron a la cadena y al consumidor.
Molino Cañuelas rechaza por falta de sustento e ilegal la Resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior, a instancia de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (“CNDC”) por la cual se impone una multa a la empresa y a otras entidades del sector molinero.
La denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera.
Según los molineros, la sanción es "exorbitante e infundada". A través de un comunicado, advierten que la resolución es "groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió".
Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior señaló que se ejecutó una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional. Además, agregó que esta situación afectó al interés económico general.