Default o no: qué advierten los economistas para evitar la crisis en la Argentina

Los expertos concuerdan en que la confianza para invertir y un escenario con reglas claras es, en gran sentido, lo que evitaría la caída en picada del país

 Default o no: qué advierten los economistas para evitar la crisis en la Argentina
martes 17 de marzo de 2020
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esde el punto de vista de Roque Fernández, miembro del Consejo Superior del CEMA, exministro de Economía y expresidente del Banco Central, un escenario de reestructuración exitosa de la deuda lograría estabilizar la economía, pero no cabría esperar una rápida recuperación.

“Si se reprograma la deuda, se podrá decir que se salió de una zona conflictiva, pero todavía se estará lejos de resolver el problema de fondo, que es el tema fiscal. Sería solo arreglar la contabilidad”, acota el economista y exfuncionario.

Para el que piensa que un arreglo con los acreedores le quitaría fondos al actual gobierno para seguir adelante, Fernández señala que eso no es así, porque una reprogramación de la deuda a tres años exigiría pagos recién en 2023. Igualmente, advierte: “Eso saca el problema de la deuda por tres años, pero aun así no cierran las cuentas, porque tenemos un déficit global del 6% respecto del PBI. La deuda representa la mitad, pero queda la otra mitad que habrá que financiar sin acceso al mercado de capitales y sin más margen inflacionario”, analiza.

En caso de caer en default, el panorama que describe Fernández es sombrío: crecerá la mala reputación, nos volverán a embargar la Fragata Libertad y otros bienes, tendremos más inflación (por encima del 50%), podría dispararse el dólar, el empleo seguirá en caída y disminuirá el poder adquisitivo de los salarios.

En lo que respecta a inversiones, Soledad Pérez Duhalde, economista de la consultora Abeceb, dice que la diferencia entre un escenario con default y otro sin default será solo la intensidad de la caída, ya que, según su opinión, en ningún caso se van a recomponer. “No habrá que esperar la llegada de capitales hasta que no haya reglas de juego claras”, indica.

Para la economista, lo único que hará que la renegociación sea exitosa será permitir que se empiece a clarificar el panorama para adelante, pero para que vengan inversores se deben dar señales claras sobre lo que va a pasar con la inflación, con el mercado de importaciones, con el giro de divisas, etcétera. “Por eso, mi estimación de inversión en el caso de no default es de una caída de 3,5%, desde un nivel que ya es muy bajo”, agrega Pérez Duhalde.

Su visión para un hipotético default es que, en ese caso, se va a producir una profundización de la caída de la inversión, que se derrumbaría un 5,5%. Como consecuencia de esto, habrá mayores distorsiones de precios relativos, se prolongará el congelamiento de tarifas, el Gobierno profundizará su política expansiva en gasto público (financiado con emisión, lo que aumentará la inflación), suba del desempleo y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

En tanto, Iván Cachanosky, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, remarca que lo primero que debe tenerse en cuenta es que una reestructuración de la deuda es condición necesaria pero no suficiente para que la economía argentina comience a funcionar. “Entendido esto, se pueden empezar a analizar los dos resultados posibles de la renegociación: default o acuerdo”, dice.

En caso de que se logre evitar la cesación de pagos, observa Cachanosky, seguramente se ganará algo de confianza y se generará algún optimismo. No obstante, enmarcado en el episodio del coronavirus, la magnitud del optimismo se puede ver reducido, dependiendo de cómo evolucione la pandemia. “Un punto importante es que, más allá del escenario mencionado, evitar el default ni por asomo generará que vengan inversiones. Solo habrá chances de que vengan si se hacen las reformas estructurales y se muestra un sendero hacia el superávit fiscal”, razona el economista.

Hasta ahora, lo que se sabe es que habrá déficit primario cero recién en 2023 y, como el Frente de Todos no quiere realizar un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, lo más probable es que las reformas estructurales estén ausentes. “En otras palabras, el plan del Gobierno es un plan de emergencia, pero no de crecimiento sostenido solucionando los desequilibrios macroeconómicos estructurales”, dice Cachanosky.

En un escenario de cesación de pagos, el riesgo país sería más alto. Además, producto de que la Argentina es una economía bimonetaria –es decir, realiza pagos en pesos pero ahorra en dólares–, la presión para comprar divisa extranjera continuará aunque siga existiendo el cepo. Sin embargo, ese incremento de la demanda no se verá acompañado por un aumento de la oferta de dólares; esto ocurrirá porque, en default y con cepo, los dólares no se animarán a ingresar.

Por otro lado, no hay que perder de vista que, de no llegarse a un acuerdo, entrará en juego el track record que tiene el país en términos de default. La Argentina es un “defaulteador” serial y, de entrar en cesación de pagos, sumaría el noveno episodio de este tipo a su historia.

Por último, añade Cachanosky, si el Gobierno lograra evitar un default, inyectar pesos en la economía no garantiza que ésta se reactive. Si bien es cierto que el nivel de capacidad ociosa es elevado, poner pesos en la economía no equivale a que las pymes le saquen el polvo a las máquinas y se pongan a producir más.

Nuevamente, el problema sigue siendo la confianza, porque nadie producirá si no cree que le van a comprar. “El problema es que la lógica de poner plata en el bolsillo de la gente está mal pensada de raíz, porque el consumo es una consecuencia de la producción y no a la inversa. Nadie puede comprar bienes si estos no se producen. Por esta razón, lo que se debería pensar es cómo incentivar la producción y facilitarle el medioambiente económico a los emprendedores”, sugiere Cachanosky.

¿Cómo se logra eso? Con un conjunto de medidas que busquen mejorar la competitividad de la Argentina en términos de equilibrio general. Por ejemplo: 1) la baja de impuestos; 2) el combate a la industria del juicio; 3) la reducción del gasto público y el tamaño del Estado; y 4) la reforma laboral.

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