En el bosque nativo, el semáforo sigue intermitente

s muy común que los tiempos de la clase política poco tengan que ver con las exigencias emanadas de la ley, e inclusive de la propia necesidad de la sociedad.

De lo contrario, no se explica cómo es que la Provincia de Córdoba incumple desde hace más de cuatro años la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Lo concreto es que desde el 5 de agosto de 2015, la Provincia está fuera de la normativa. Después de haber aprobado en agosto de 2010 su primer ordenamiento territorial, Córdoba no volvió a actualizar a los cinco años (esa era su obligación por ley) los límites del mapa ambiental, que contiene las zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales delimitan la intervención y el uso del monte.

La historia reciente muestra que diciembre de 2016 y de 2017 fueron las fechas en que la Legislatura realizó los últimos intentos por sancionar el nuevo semáforo que regule el bosque nativo.

En los períodos de sesiones 2018 y 2019, el tema no figuró en la agenda parlamentaria. La falta de acuerdo entre los grupos ambientalistas y las entidades rurales hizo que la decisión del gobernador Juan Schiaretti de que la nueva norma debía salir por consenso postergara cualquier debate, al menos durante los años electorales.

El actual período en la Unicameral podría ser propicio para el tratamiento. Sin elecciones a la vista, y con una composición legislativa que vería con buenos ojos su tratamiento, la posibilidad de sancionar una nueva ley de bosques sería más concreta. Además, las nuevas autoridades ejecutivas tendrían ese objetivo dentro de las metas 2020.

Otra posibilidad sería la puesta en marcha de un protocolo de intervención en los casos que lo ameriten, a través de la Secretaría de Ambiente, desde una lógica más productivista.

En el nuevo organigrama ministerial que comenzó a funcionar el 10 de diciembre, la autoridad de aplicación en materia del bosque nativo está bajo la órbita del Ministerio de Coordinación, a cargo de Silvina Rivero. La funcionaria ya había tenido injerencia en el tema en 2016, como secretaria General de la Gobernación, cuando participó del proyecto de ley enviado a la Legislatura.

Servicios ambientales

En esa oportunidad, las entidades rurales se opusieron al texto del proyecto por considerar que tenía irregularidades técnicas y jurídicas. Señalaron que, en la ley sancionada en 2010, la Provincia sobreestimó la dimensión del bosque nativo, con lo cual en la futura instancia se debería contemplar el inventario real, a partir de pautas de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el organismo federal del ambiente (Cofema).

Si bien desde ámbitos de la producción se asegura que la autoridad ambiental en la provincia está aceptando algunos proyectos de intervención del bosque en zonas permitidas, su autorización se demora en el tiempo.

Cuestiones burocráticas o pedidos que requieren más tiempo de análisis pueden hacer que los plazos del trámite se extiendan hasta un año.

Mientras tanto, los productores que hacen ganadería en el arco noroeste de la provincia conviven entre la imposibilidad de hacer un uso adecuado del bosque y la falta del pago de un “lucro cesante” por los servicios ambientales que presta su explotación.

En su acto de asunción, la flamante presidenta del Inta, Susana Mirassou, hizo referencia a la necesidad de retribuir las prestaciones ambientales.

Al trazar los ejes de su gestión, la funcionaria anticipó que el organismo seguirá expandiendo el trabajo en modelos de producción sostenibles alternativos, no excluyentes, como la agroecología y el manejo de bosque nativo con ganadería integrada, con mirada en la valoración de los servicios ecosistémicos.

Fue un pronunciamiento reconocido por sectores que pregonan un manejo sustentable del bosque en la provincia.

Agrovoz