Por Agroempresario.com
El sector agropecuario del sudeste bonaerense, representado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof intervenga en la comercialización de granos, aprovechando el vencimiento de la concesión del Puerto de Quequén.
En un comunicado emitido este martes, 16 entidades rurales advirtieron sobre la intención del gobierno provincial de crear un organismo similar a la extinta Junta Nacional de Granos, lo que consideran una amenaza para la dinámica productiva y económica de la región. "Una vez más, el gobierno provincial pretende aplicar medidas distorsivas y poco fundamentadas técnicamente, afectando negativamente al sector productivo más importante del país", señalaron los productores.
El foco de la preocupación radica en la próxima expiración de la concesión de Terminal Quequén, el principal operador de granos en la región, cuyo contrato de 30 años finaliza en noviembre. Aunque existe una prórroga de tres años, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para su renovación, lo que podría paralizar la operación del puerto a partir de septiembre, poniendo en riesgo las fuentes de empleo.
En declaraciones recientes, la presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, mencionó que el gobernador Kicillof ha expresado su interés en que la provincia tenga una reserva del 30% de los granos en acopio, con la posibilidad de que el gobierno provincial intervenga en la comercialización de los mismos. Este escenario, según los ruralistas, implicaría la creación de una "Junta Provincial de Granos", una figura que históricamente ha demostrado ser perjudicial para la actividad agropecuaria.
"El gobernador quiere comercializar granos bajo un esquema que se asemeja a una Junta Provincial de Granos, lo que podría tener efectos nocivos para la producción", alertaron en el comunicado. Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones relacionadas, como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Centro de Acopiadores de Quequén, y los intendentes de la región, para evaluar las posibles consecuencias de esta medida.
Finalmente, los productores destacaron que el gobierno provincial debería centrarse en otras prioridades, como la educación, la salud, la seguridad, y la mejora de la infraestructura, en lugar de intervenir en el sector agropecuario, lo que podría generar mayores dificultades para la economía regional y nacional.
