El texto, que ahora aguarda la sanción presidencial, configura un sistema mixto con un mercado regulado y otro voluntario de créditos de carbono, sentando las bases para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la inversión en prácticas sustentables, abriendo enormes oportunidades para el sector agrícola.
El proyecto, derivado del PL 182/24 y modificado por el Senado, establece la creación del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE). Este sistema permitirá la negociación de Cotas Brasileñas de Emisión (CBE) y Certificados de Reducción o Remoción Verificada de Emisiones (CRVE). Las empresas que superen las metas de emisión establecidas podrán adquirir estos activos para compensar su impacto ambiental.
Declaraciones recogidas por la Agência Câmara de Notícias del diputado relator del proyecto, Aliel Machado (PV-PR), esta iniciativa marca «un momento crucial en la trayectoria de Brasil hacia la sostenibilidad». En un contexto internacional donde mecanismos como el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) de la Unión Europea podrían afectar a los exportadores brasileños, este marco regulatorio ofrece una solución interna más económica y competitiva para valorar las emisiones.
La puesta en marcha del mercado regulado será progresiva, dividida en cinco fases:
Cada período de compromiso definirá metas progresivas de reducción de emisiones, adaptadas al desarrollo tecnológico y las capacidades sectoriales.
Si bien la agroindustria quedó excluida de las obligaciones del mercado regulado, el sector rural tiene una oportunidad significativa en el mercado voluntario de créditos de carbono. Los productores rurales que inviertan en proyectos de captura y conservación de carbono en sus tierras —como la reforestación, el manejo sostenible de suelos o la regeneración de pasturas— podrán generar y comercializar créditos de carbono.
Este modelo permite que empresas, instituciones y hasta individuos interesados en reducir su huella climática adquieran créditos de estos proyectos, fortaleciendo una economía de bajas emisiones y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo.
El proyecto aprobado también busca posicionar a Brasil como líder en la transición hacia una economía verde. Según destacó el diputado Nilto Tatto (PT-SP), coordinador de la Frente Parlamentaria Ambientalista, «este marco legal nos pone a la par de los países más avanzados en regulación climática y crea oportunidades para proyectos de reflorestación y conservación».
En términos de gobernanza, el texto prevé un estricto monitoreo y verificación de las emisiones y reducciones, alineado con los compromisos asumidos por Brasil en el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.
Aunque el avance es significativo, existen críticas y desafíos por resolver. El diputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) advirtió sobre la necesidad de abordar de manera más efectiva el problema del desmonte ilegal, mientras que Chico Alencar (Psol-RJ) valoró las mejoras introducidas por el Senado, como la consulta previa a comunidades indígenas y tradicionales y la repartición equitativa de los beneficios económicos.
El texto final, que aún debe ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representa un importante paso hacia la regulación de emisiones en Brasil, pero deja espacio para el perfeccionamiento de sus mecanismos e implementación.
Brasil, con su vasta biodiversidad y recursos naturales, tiene un gran potencial para liderar el mercado de carbono. La Agência Câmara de Notícias subraya que el país cuenta con una ventaja competitiva gracias al carbono almacenado en sus bosques y su matriz energética relativamente limpia.
A medida que el mercado regulado se consolida, el segmento voluntario emerge como una plataforma estratégica para que Brasil diversifique su economía y fomente prácticas sostenibles en sectores como la agricultura, la industria y la energía.
El mercado de carbono no es solo un mecanismo para reducir emisiones; es una herramienta para transformar la economía y enfrentar los desafíos climáticos de manera proactiva. Con la sanción presidencial en el horizonte, Brasil no solo se posiciona como líder en la economía verde, sino que también sienta las bases para que el sector agrícola juegue un papel clave en la transición hacia un futuro más sostenible, generando valor económico y ambiental a través del mercado de carbono.
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