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Por Agroempresario.com
La Justicia Federal dictó un embargo de $83 millones contra la empresa Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), fabricante de yogures y postres, por una deuda con la obra social de los trabajadores. La medida responde a un pedido del gremio Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que sostiene que la deuda real es aún mayor.
Según declaraciones recogidas por La Nación, Alberto Coronel, apoderado de Atilra, explicó que ARSA lleva casi tres años sin cumplir con los aportes y retenciones vinculados a la seguridad social y otros conceptos. "No lo hace pese a que retiene a los trabajadores los aportes. Tampoco paga las jubilaciones ni las cuotas sindicales", afirmó.
A fines de 2023, la empresa firmó un acuerdo para saldar la deuda, pero no cumplió con ninguna de las cuotas. Desde entonces, ARSA se presentó en concurso de acreedores, y la deuda por la obra social corresponde al período post concursal.
El conflicto ha escalado. En un comunicado interno, la empresa calificó el embargo como “intempestivo e injustificado”, señalando que pone en riesgo los salarios de los más de 200 trabajadores activos. Además, criticaron al gremio por “decisiones que atentan contra las fuentes laborales”.
Por su parte, Atilra denunció un "accionar cuasi delictivo" por parte de la empresa, que incluye el incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo y el desvío de fondos destinados al sistema de seguridad social. En un texto citado por La Nación, el gremio expresó su preocupación por la evasión fiscal y acusó a los responsables de operar bajo un "directorio fantasma".
ARSA, gerenciada por la venezolana Maralac y dueña de marcas como SanCor Yogs y Shimy, ha propuesto al gremio planes de alternancia laboral para mantener los puestos de trabajo en medio de la crisis financiera que enfrenta. Sin embargo, estas iniciativas han sido rechazadas por Atilra, que insiste en la necesidad de medidas más estructurales para garantizar los derechos de los empleados.
Con 513 empleados, de los cuales solo 200 continúan en funciones, ARSA atraviesa una difícil situación operativa, marcada por una caída de hasta el 50% en sus ventas debido a la pérdida de poder adquisitivo. Allegados a la empresa afirman que “el embargo perjudica a los trabajadores” y que los recursos embargados se destinaban al pago de salarios.
La situación pone de manifiesto la creciente tensión entre ARSA y Atilra, en un escenario que combina problemas económicos estructurales con denuncias de irregularidades laborales y fiscales.
