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Por Agroempresario.com
Una semana después de asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado el congelamiento de toda la asistencia financiera federal. La decisión, implementada sin un anuncio oficial de la Casa Blanca, ha generado sorpresa y rechazo, especialmente entre los demócratas, quienes la consideran un golpe sin precedentes al sistema de ayuda gubernamental.
La suspensión alcanza también la asistencia humanitaria internacional administrada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), impactando programas críticos en países en desarrollo y zonas de conflicto como Ucrania y la Franja de Gaza. Sin embargo, una jueza de distrito de Washington, Loren Alikhan, bloqueó temporalmente la medida hasta el próximo lunes tras una demanda interpuesta por una ONG y varios estados demócratas.
El ajuste drástico, contenido en un memorando filtrado de la Oficina de Administración y Presupuesto, suspende más de tres billones de dólares en programas de asistencia federal, incluidas subvenciones y préstamos. El documento ordena a cada agencia federal realizar un análisis exhaustivo de sus programas para determinar su alineación con la visión de la nueva administración. Hasta que se complete este proceso, todos los desembolsos de fondos quedan detenidos.
El Departamento de Estado informó que el secretario Marco Rubio también ha suspendido la ayuda exterior canalizada por Usaid, sometiéndola a una revisión integral. Con un presupuesto superior a los 40.000 millones de dólares, Usaid financia programas humanitarios en países como Sudán, Afganistán y Haití. Según el diario Financial Times, se han solicitado excepciones de 90 días para la asistencia a Ucrania.
Además del recorte presupuestario, la administración Trump ha ordenado la suspensión de alrededor de 60 funcionarios de alto rango dentro de Usaid, una medida reportada por el portal Politico.
La decisión ha sembrado confusión por su implementación abrupta y la falta de detalles sobre los programas afectados. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, aseguró en su primera conferencia de prensa que programas esenciales como Medicare, Medicaid y la Seguridad Social no se verán afectados. No obstante, un apagón en el portal de Medicaid generó temor entre los beneficiarios, lo que obligó a Leavitt a aclarar en redes sociales que los pagos no habían sido interrumpidos.
Leavitt también arremetió contra la ayuda internacional, destacando pagos inminentes como uno de 37 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otro de 50 millones destinados a programas de planificación familiar en Gaza. La vocera calificó estos desembolsos como un “desperdicio absurdo” del dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Desde el Congreso, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la medida como un acto de caos sin precedentes. “Es una daga al corazón de la familia norteamericana promedio en todos los estados”, declaró en una conferencia de prensa. En publicaciones en redes sociales, Schumer afirmó que la suspensión de fondos es ilegal y advirtió que el congelamiento podría extenderse más allá del plazo anunciado.
Por su parte, el senador Bernie Sanders, una de las figuras más prominentes de la izquierda estadounidense, calificó la acción como un “peligroso movimiento hacia el autoritarismo” y aseguró que tendrá consecuencias devastadoras para las poblaciones más vulnerables.
A pesar de las críticas, la Casa Blanca sostiene que la medida es necesaria para garantizar que los fondos federales sean administrados conforme a las prioridades de la administración Trump. Se espera que las agencias gubernamentales presenten en los próximos meses sus evaluaciones sobre la viabilidad de los programas afectados.
Mientras tanto, el destino de miles de proyectos financiados por el gobierno federal sigue en incertidumbre, y los analistas advierten que esta decisión podría provocar un choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con implicaciones tanto nacionales como internacionales.
El impacto en la política exterior de EE.UU. también será significativo. Aliados clave en Europa y América Latina ya han manifestado su preocupación por la reducción en la asistencia internacional, mientras que organismos humanitarios advierten sobre los efectos en poblaciones que dependen de estos recursos para sobrevivir.
La disputa legal en torno a esta medida se perfila como una de las primeras grandes batallas políticas del nuevo mandato de Trump, con posibles repercusiones tanto en la estabilidad interna del país como en su proyección global.
