Soja: ROSARIO
$315.000 1.61%
Maíz: ROSARIO
$221.500 3.02%
Trigo: ROSARIO
$213.000 1.67%
Agroempresario.com
En línea con su política de cielos abiertos, el Gobierno continúa con las desregulaciones en el sector aerocomercial. A través de la publicación de la resolución 86/2025 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) establece una serie de cambios destinados a optimizar el funcionamiento de los servicios aeroportuarios y de rampa, además de actualizar las tarifas de utilización de las pasarelas telescópicas.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la derogación de normativas previas, como la disposición 106/2002 y la resolución 245/2023, que regulaban aspectos como el registro del personal afectado al servicio de rampa y la autorización de tarifas de Intercargo, respectivamente. Estos cambios son el reflejo de la implementación de una nueva política económica y operativa, que apunta a la flexibilización de los procedimientos administrativos y la mejora de la competitividad del sector.
Uno de los cambios más relevantes es la introducción de un reglamento para la obtención del certificado digital de explotador de servicios aeroportuarios y de rampa, así como la actualización del Registro del Personal Afectado a los Servicios Aeroportuarios Operacionales y de Rampa y Escalas Habilitadas. Estas medidas buscan modernizar y digitalizar los trámites necesarios para operar en los aeropuertos, agilizando los procesos y reduciendo la burocracia, lo que permitirá una mayor eficiencia en la gestión de los servicios.
La resolución también autoriza nuevas tarifas para la utilización de las pasarelas telescópicas, que estarán vigentes hasta que se aprueben los cuadros tarifarios definitivos. Con esto, se busca una mayor transparencia en los costos asociados a los servicios aeroportuarios y asegurar que las tarifas estén alineadas con los estándares internacionales.
La desregulación del sector aerocomercial sigue los lineamientos establecidos en el decreto 599/2024, que promueve una “política de cielos abiertos” basada en principios como el libre acceso a los mercados, la lealtad comercial y la desregulación tarifaria. Según este decreto, se debe garantizar una competencia justa y eficiente, manteniendo estrictos controles sobre la seguridad operacional y el monitoreo continuo de los servicios.
El Gobierno ha dejado claro que la política actual está orientada a mejorar la eficiencia del mercado, permitiendo a las aerolíneas seleccionar a sus proveedores de servicios aeroportuarios, en lugar de depender de un monopolio como Intercargo, que hasta el momento tenía la exclusividad en el servicio de rampas. Este cambio permitirá a empresas como Flybondi y American Airlines optar por la autoprestación, brindando más flexibilidad y reduciendo costos.
Además de la apertura a nuevos operadores, el Gobierno busca establecer indicadores e índices de monitoreo para evaluar la eficiencia operacional, la puntualidad y la regularidad de los vuelos. Con estas medidas, se pretende garantizar un desarrollo seguro y organizado del tráfico aéreo, siempre bajo un estricto control de la seguridad operacional.
Otro de los objetivos es asegurar el acceso equitativo a los servicios y espacios comunes aeroportuarios, siguiendo los estándares internacionales que favorezcan la libre competencia y la optimización de los recursos disponibles. La transparencia en la medición, asignación y uso de la capacidad aeroportuaria es fundamental para el éxito de esta política.
