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El Estado rionegrino carga con un atraso de más de una década en la actualización del mapa de bosques exigido por ley nacional y la gestión actual se comprometió a poner fin a ese déficit, aunque sin hablar de plazos.
La ley 26.631, vigente desde 2007, obliga a definir una cartografía del territorio cubierto por masas de bosque autóctono con categorías de protección que van del verde al rojo, y que según el color establece restricciones muy específicas para el uso del suelo y las actividades permitidas.
La provincia adhirió luego con una ley propia. El mapa debe ser elaborado en forma “consultiva” con los municipios involucrados, ongs, entidades productivas y organismos técnicos como el Inta y Parques Nacionales.
La obligación legal es actualizar el mapa cada cinco años, pero Río Negro desoyó ese mandato. Desde 2010 el mapa no se actualiza en la provincia y los borradores que circularon jamás fueron enviados a la Legislatura, que debe darle estatus legal.
La organización Árbol de Pie denunció varias veces ese incumplimiento, sin mayor resultado. Una de sus referentes, Ana Wieman, dijo ayer que el ejido de Bariloche (entre las más sensibles en relación con la protección de bosques) en los hechos figura “en blanco”, es decir sin categorizar. Dijo que son muchos los intereses en juego y que los intentos por regular con los colores previstos en la ley nunca prosperaron.
“El gobernador Alberto Weretilneck ya en su mandato anterior fue intimado por el Consejo Federal de Medio Ambiente y también por el procurador general Jorge Crespo para que cumpla con la obligación de definir el mapa y envíe el proyecto a los legisladores, algo que sigue pendiente hasta hoy”, explicó Wieman.
La subsecretaria de Recursos Forestales designada por Weretilneck en su mandato actual, Claudia Contreras, aseguró que Río Negro no está tan desenfocada respecto de la ley nacional porque “es de las provincias que tienen el ordenamiento territorial en regla” y por eso está calificada para acceder a los fondos que garantiza la ley nacional para el manejo de bosques. Aunque en 2024 no hubo desembolsos.
Admitió los incumplimientos en relación con el mapa y dijo que se van a resolver. “Hay una actualización que tenemos que hacer y es uno de los objetivos”, dijo la ex legisladora de JSRN. Pero se abstuvo de dar más detalles y de poner plazos, porque “puede ser perjudicial”.
La preservación de las áreas boscosas es un tema sensible en Bariloche, debido a las continuas denuncias de apeo de árboles sin autorización, y a la presión inmobiliaria en sectores como los faldeos el cerro Otto, los barrios del oeste y el cerro Catedral.
Hubo concejales de la oposición que reclamaron sin éxito la presencia de Contreras cuando se discutió y se aprobó en diciembre pasado un nuevo barrio cerrado de 116 hectáreas que se emplazaría sobre un área de “fragilidad ambiental”.
Contreras dijo que no le compete opinar sobre proyectos urbanísticos y que su misión se limita a “autorizar o no” las obras que se pretendan ejecutar.
Otra crítica recurrente que pesa sobre su área es la debilidad de los controles. Contreras reivindicó el trabajo de los técnicos a su cargo y dijo que cuenta con dos inspectores en Bariloche y cinco en El Bolsón para vigilar desmontes o apeos clandestinos.
Wieman refirió que el último intento de elaborar un mapa de bosques para la jurisdicción de Bariloche data de 2010 y fue presentado por el entonces intendente Marcelo Cascón, pero nunca llegó a la Legislatura. De modo que en lo formal el mapa destinado a definir áreas de preservación «está en blanco”, a pesar de que aquel aporte técnico delimitiaba zonas amarillas y rojas por ejemplo en el cerro Catedral. Y hoy muchos lo toman como legítimo, hasta que otro lo reemplace.
Dijo que entre las cuentas pendientes también está la convocatoria del consejo consultivo de bosques, que no se reúne desde aquellos años. Al gobierno provincial, como autoridad de aplicación, jamás le interesó reabrir ese ámbito.
Wieman señaló que desde Árbol de Pie alguna vez lograron conversar sobre el tema con Weretilneck, al cierre de su gestión anterior. “Sería 2018 ó 2019, y esa vez nos prometió que el mapa se iba a actualizar, que trabajaban en el tema pero que ´tenían un temita con los centros de esquí´, por Catedral y por el Perito Moreno, en El Bolsón”.
Wieman dijo que desde entonces no hubo intentos serios de regularizar el ordenamiento y desconfía de las reales intenciones del gobierno. Recordó que Fernando Arbat (antecesor de Contreras) emitió disposiciones que permitieron cambios en el uso del suelo en favor del emprendimiento “El Estribo” sobre el cerro Otto, y también otro en el cerro San Martín, ubicado entre el lago Gutiérrez y el cerro Catedral, “en un procedimiento que colisiona con la ley”.
Según Wieman, esa normativa con vigencia en todo el país establece expresamente que si no hay un mapa aprobado «todos los desmontes que se realicen son ilegales». Dijo que allí existe otra grave falencia que la provincia no resuelve.
Señaló que cuando asumió Contreras los convocó a una reunión y le transmitieron sus inquietudes, pero hasta hoy no les consta ningún avance. “Nos dicen que las representaciones al Consejo Consultivo están vencidas, pero no convocan a elegir otras nuevas -se quejó-. La ley en su momento fue un gran logro, pero ahora hay que cumplirla, abrir el debate, convocar a audiencia pública. Mentras tanto cualquiera que espera el colectivo en una parada del oeste de Bariloche, ve pasar los camiones de rollizos con marcas de volteo ¿quién lo autoriza si no hay un mapa en vigencia?”.
LMRioNegro
