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Por Agroempresario.com
A casi seis años del histórico Brexit, los ecos del divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea aún resuenan en las costas del Mar del Norte. Y no solo por cuestiones simbólicas. Uno de los capítulos más espinosos y menos resueltos del acuerdo de salida tiene que ver con los derechos de pesca, un tema que ahora vuelve al centro de la escena por una inesperada razón: Francia condiciona la incorporación británica a los planes de defensa europea al cierre definitivo de las cuotas pesqueras.
El ultimátum diplomático tiene plazos concretos. En junio de 2026 vence el período transitorio del acuerdo comercial firmado en 2020, el cual establece las condiciones de acceso recíproco a los caladeros compartidos. A partir de ese momento, las partes deberán negociar anualmente las cuotas de captura. Sin embargo, el gobierno francés advirtió que no está dispuesto a hablar de cooperación militar con Londres si antes no se logra una resolución favorable para la industria pesquera europea.
El cruce de prioridades quedó en evidencia esta semana, durante la visita oficial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Londres. Allí se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la antesala de la primera cumbre formal entre la UE y el Reino Unido desde la salida del bloque. Aunque el premier laborista se mostró proclive a fortalecer los lazos con Bruselas, su voluntad se restringe –por ahora– al ámbito de la seguridad y la defensa.
Sin embargo, París no está dispuesto a separar los asuntos. Según reveló el diario Financial Times, el gobierno de Emmanuel Macron dejó en claro que no apoyará la integración del Reino Unido al programa europeo de rearme –de 150.000 millones de euros– mientras no se renegocian las condiciones actuales de pesca. Una posición que también fue respaldada por otros países con fuerte tradición marítima como Dinamarca y Suecia.
Para la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, no se trata de una postura caprichosa, sino de una necesidad de equilibrio: “Queremos avanzar con la asociación de defensa, pero es importante resolver también los otros temas delicados”. El mensaje es claro: sin concesiones en los caladeros, no habrá acceso a la industria armamentística europea ni a las inversiones estratégicas previstas en el plan de defensa común.
El acuerdo de retirada firmado entre Bruselas y Londres en 2020 dejó abierta una ventana de cuatro años para la transición en materia de pesca. Durante ese tiempo, las flotas europeas seguirán accediendo a las aguas británicas, aunque con reducciones progresivas de sus cuotas. El esquema debía servir como base para futuras negociaciones, pero los actores del sector denuncian que la situación derivó en una clara desventaja para los Veintisiete.
“Desde la firma del acuerdo, hemos perdido en promedio el 25% del valor de las capturas”, explicó Daniel Voces, director general de Europêche, la organización que nuclea a la flota pesquera europea, incluida la española CEPESCA. “España salió menos perjudicada que países como Irlanda o Francia, pero aun así fue un golpe importante”, agregó.
España, primera potencia pesquera de la UE y tercera de Europa detrás de Rusia y Noruega, tiene un rol central en las negociaciones. Su posición, sin embargo, suele alinearse con la de Francia, especialmente cuando se trata de defender el acceso a los caladeros más productivos del Atlántico nororiental.
Entre todos los países europeos, la relación más tirante en este ámbito ha sido la de Francia con el Reino Unido. El caso más recordado fue la negativa británica a conceder licencias de pesca a barcos franceses para operar en aguas del Canal de la Mancha. La tensión escaló al punto de provocar la intervención de la Comisión Europea y movilizaciones de pescadores galos.
A esto se suman recientes decisiones unilaterales del gobierno británico, como la creación de zonas marinas protegidas que afectan desproporcionadamente a las embarcaciones europeas. “En algunos casos, el 90% del impacto socioeconómico de esas restricciones lo sufren nuestras flotas”, denunció Voces.
Además, está pendiente una disputa legal sobre la prohibición británica de pescar lanzón en el Mar del Norte, un recurso clave para múltiples especies y muy utilizado en la acuicultura.
Mientras se agota el período transitorio del acuerdo pesquero, en Bruselas se debate el rol que el Reino Unido podría jugar en la defensa del continente, sobre todo en un escenario de creciente tensión con Rusia. La guerra en Ucrania y las señales de repliegue de Estados Unidos –particularmente en caso de un eventual regreso de Donald Trump al poder– han reactivado los esfuerzos europeos por consolidar una política común en materia militar.
Keir Starmer ya dejó entrever que está dispuesto a colaborar en ese frente, consciente de que Reino Unido podría beneficiarse del rearme europeo no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también económico, a través de su poderosa industria de defensa.
Pero el mensaje de París y sus aliados es categórico: primero se resuelve la pesca, luego se negocian las armas. Para los países ribereños de la UE, ceder el acceso a sus aguas sin una compensación justa sería una señal de debilidad y una pérdida estratégica. Por eso, mientras el reloj corre hacia 2026, las negociaciones se aceleran, con la mirada puesta tanto en el fondo marino como en los cielos de Europa.
“No queremos esperar al último momento para cerrar un acuerdo político que no conforme a nadie”, concluyó Voces. La advertencia está sobre la mesa. Y el pez, una vez más, vuelve a marcar el rumbo de la política continental.
