Tras la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el ingreso de maquinaria industrial usada al país, desde Córdoba encendieron las alarmas. Aunque la medida apunta a simplificar procesos y abaratar costos, la provincia considera que sin reglas claras puede afectar gravemente a su entramado industrial.
El decreto 273/2025, que elimina la obligatoriedad del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), habilita la importación de equipos de segunda mano sin mayores restricciones. Frente a esto, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica cordobés, a cargo de Pedro Dellarossa, se advirtió que la apertura debe ir acompañada de criterios técnicos que eviten un daño colateral sobre la producción nacional.
"Cuidar el empleo y la innovación no implica cerrarse al mundo", planteó Dellarossa. "Implica construir políticas sensatas, que promuevan el desarrollo con visión federal y eviten debilitar lo que el sector industrial argentino ha logrado con esfuerzo".
En Córdoba conviven industrias tradicionales, startups tecnológicas, pymes manufactureras y cooperativas que aportan valor agregado en sectores clave como maquinaria agrícola, autopartes, alimentos, metalmecánica y bioenergía. Ese entramado, remarcan desde la provincia, no solo genera empleo directo e indirecto, sino que promueve una cultura productiva en permanente transformación.
Para sostener ese dinamismo, el Ejecutivo cordobés impulsa una agenda de desarrollo basada en cinco ejes: inversión tecnológica, articulación público-privada, formación de talento, competitividad internacional y sostenibilidad. Y desde esa perspectiva, advirtió que la libre importación de bienes usados sin trazabilidad ni requisitos técnicos puede distorsionar el mercado y poner en riesgo la producción local.
Entre las propuestas que la provincia llevará a la discusión con Nación, figuran:
-Exigir trazabilidad de las máquinas usadas importadas, con certificación técnica que acredite su estado, impacto ambiental y vida útil.
-Garantizar el uso final del equipamiento en procesos productivos, evitando su reventa como parte del circuito comercial local.
-Revisar los incentivos arancelarios, de modo que la maquinaria nacional no quede en inferioridad de condiciones frente a productos importados sin control.
-Articular una estrategia industrial federal, que considere las capacidades y prioridades productivas de cada región.
"No estamos en contra del comercio internacional, sino a favor de hacerlo con reglas parejas", señalaron desde el Ministerio. "El riesgo de abrir sin criterios puede ser la pérdida de empleo en sectores dinámicos, y la desinversión en innovación".
El pedido cordobés se suma a los planteos de otras provincias industriales de la Región Centro. En conjunto, buscan ser parte del rediseño normativo que regule la apertura a bienes de capital usados, defendiendo al mismo tiempo la competitividad del país y el desarrollo de su industria.
El debate recién comienza, pero en Córdoba quedó claro: la previsibilidad y el equilibrio no son un freno al crecimiento, sino una condición para que sea sostenible
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