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Por Agroempresario.com
Luego de años de déficits crónicos, las finanzas públicas provinciales mostraron en 2024 una mejora notable. Sin embargo, este superávit no vino acompañado de una reducción en la carga tributaria para ciudadanos y empresas. Según expertos en economía fiscal, las cuentas ordenadas son un paso positivo, pero insuficiente si no se acompañan de reformas estructurales que mejoren la competitividad productiva del país.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), encabezado por Nadín Argañaraz, reveló que 22 jurisdicciones provinciales alcanzaron un superávit primario de 2,3 billones de pesos y un superávit financiero de 0,7 billones, revirtiendo así el déficit de 0,61 billones registrado en 2023.
Este resultado fue producto de un recorte significativo del gasto público, que cayó un 15,1% en términos reales, superando incluso la reducción de ingresos del 12,7%. La mejora fue generalizada, aunque no uniforme: 19 provincias terminaron con superávit primario, mientras que Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego, Río Negro y Entre Ríos aún presentaron déficits.
El análisis del IARAF indica que el superávit no se logró por un crecimiento de los ingresos, sino por un severo ajuste del gasto público. Los principales recortes se dieron en gastos de personal (15%), transferencias corrientes (10,8%), y prestaciones de seguridad social (11,6%). Además, el gasto en obra pública se redujo un 33% en términos reales.
Dentro de los tributos provinciales, el impuesto sobre los Ingresos Brutos —el más distorsivo— cayó 9,2% real, mientras que el impuesto inmobiliario aumentó 11%, impulsado principalmente por la provincia de Buenos Aires.
“El gasto en personal fue responsable del 45% de la reducción total del gasto primario”, explicó Argañaraz, y agregó que el ajuste se basó principalmente en recortes de salarios, jubilaciones y obra pública, decisiones que pueden no ser sostenibles a largo plazo.
Pese al avance en el equilibrio de las cuentas, la presión tributaria no disminuyó. En diálogo con Infobae, el economista del IERAL Marcelo Capello explicó que no hay incentivos claros para que los gobernadores bajen impuestos: “La gente no evalúa la gestión provincial por su política fiscal, sino por la calidad de los servicios o la obra pública”.
Junto a su colega Juan Manuel López, Capello remarcó que el retorno al superávit financiero, equivalente al 0,1% del PBI, es positivo, pero no se traduce en beneficios concretos para los contribuyentes. “Lo ideal sería una reforma tributaria integral que reemplace impuestos distorsivos como Ingresos Brutos por otros más neutrales”, insistió.
El problema, advierten, es que las provincias no tienen margen político para avanzar en una reducción de la presión fiscal sin un acuerdo nacional. “Se necesitan pactos fiscales entre Nación y provincias que eviten que una baja impositiva en una jurisdicción sea compensada por aumentos en otra”, aseguró Capello.
La Fundación Mediterránea advirtió sobre una reaceleración del gasto provincial en el último trimestre de 2024, que creció 0,4% en términos reales, tras una fuerte contracción en los tres trimestres previos. Esta dinámica sugiere una relación entre la ejecución presupuestaria y el calendario electoral.
“Los gobernadores buscan votos a través de la obra pública, no bajando impuestos”, explicó Capello. Por eso, en muchos casos el superávit fiscal puede destinarse a recomponer salarios o financiar proyectos de infraestructura, antes que aliviar la presión impositiva.
Argañaraz coincide en que no hay evidencia de una baja generalizada de impuestos y que los anuncios en ese sentido no tuvieron impacto fiscal relevante. “Si la mitad del ajuste se basó en recortes salariales y jubilatorios, cuando esos componentes comiencen a restituirse, el margen para reducir impuestos se achicará”, explicó.
De cara a 2025, la Fundación Mediterránea prevé un buen desempeño en las transferencias nacionales hacia las provincias, mientras que la recaudación propia seguirá mostrando una mejora modesta. Esta tendencia, sumada a un posible aumento del gasto en un año electoral, pone en tensión los logros fiscales recientes.
Por su parte, IARAF advierte sobre la heterogeneidad entre las provincias. Mientras algunas, como Jujuy, San Luis y San Juan, lograron los mayores superávits primarios en proporción a sus ingresos, otras continúan en terreno deficitario, lo que complica la posibilidad de avanzar en una reforma fiscal integral y homogénea.
Para ambos centros de estudios, la clave está en la coordinación entre Nación y provincias, y en la posibilidad de impulsar un nuevo pacto fiscal que permita rediscutir el esquema tributario argentino con una visión de largo plazo.
“Un acuerdo con la Nación permitiría reemplazar tributos distorsivos y ofrecer incentivos a las provincias para que bajen la presión fiscal sin poner en riesgo sus finanzas”, subrayó Capello. Pero advierte que también se necesita una presión social importante: “Si los ciudadanos no reclaman menos impuestos, difícilmente se produzca un cambio”.
