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Por Agroempresario.com
En un contexto de alta volatilidad financiera y presiones externas por cumplir con las metas de acumulación de reservas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino avanza en los tramos finales de un nuevo acuerdo con bancos internacionales para obtener un préstamo de USD 2.000 millones. La operación, que se espera cerrar en los próximos días, tendrá como fin inyectar dólares directamente en las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en lo que representa una ampliación de un convenio anterior de similares características.
A diferencia de una colocación de deuda tradicional por parte del Tesoro, este préstamo se canaliza directamente a través del BCRA mediante una operación conocida como Repo (acuerdo de recompra), por la cual se entregan bonos como garantía a las entidades financieras que desembolsan los fondos.
En enero de este año, el BCRA —bajo la presidencia de Santiago Bausili— ya había logrado concretar una operación similar con un grupo de cinco bancos internacionales: Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi, por un monto de USD 1.000 millones y con una tasa de interés del 8,8% anual en dólares. En ese entonces, el Central utilizó bonos Bopreal en dólares como colateral, por un valor de USD 1.750 millones.
La nueva operación implicaría una suma adicional de USD 2.000 millones, lo que reforzaría la posición de reservas brutas del Central en un momento clave, cuando el riesgo país supera los 680 puntos básicos y las tensiones en el frente cambiario se mantienen latentes.
Sin embargo, el impacto real sobre los compromisos asumidos por Argentina con el FMI es relativo. Según las reglas contables que utiliza el organismo multilateral, solo una parte de esos dólares —en este caso, USD 500 millones— serán considerados como reservas netas acumuladas para alcanzar la meta pactada. Esto se debe a que los primeros USD 1.500 millones provenientes de colocaciones de deuda externa no son contabilizados en esa cuenta.
En este sentido, la estrategia del equipo económico se centra también en complementar estas operaciones con otras que sí suman a las metas. Un ejemplo es la reciente colocación de bonos Bontes en pesos a cambio de dólares, por un monto de USD 1.000 millones, que sí fue incluido en su totalidad en la contabilidad del Fondo.
El equipo económico del Gobierno también apunta a realizar nuevas colocaciones de deuda hacia fin de año o a comienzos de 2026 para refinanciar vencimientos con bonistas privados. Sin embargo, el clima internacional adverso y la incertidumbre local —potenciada por la proximidad de las elecciones legislativas de octubre— juegan en contra de esos planes.
En este contexto, las autoridades apuestan a que la buena reputación del BCRA —que nunca entró en default— sirva como carta de presentación para reabrir gradualmente el acceso al crédito internacional. Las conversaciones con inversores y organismos multilaterales están en marcha, aunque los tiempos no son inmediatos.
En paralelo, el Banco Central anunció que ofrecerá este martes a los bancos la posibilidad de cancelar anticipadamente los contratos de recompra (conocidos como puts) que aún permanecen vigentes. Estas opciones de liquidez fueron introducidas en 2023 bajo la gestión de Alberto Fernández para facilitar la colocación de deuda del Tesoro y absorber pesos excedentes.
La nueva medida apunta a desarmar pasivos contingentes que podrían traducirse en emisión monetaria si los bancos decidieran ejecutar esas opciones en el futuro. Según datos oficiales, el 78% del stock total ya había sido recomprado en julio pasado, con un costo estimado de $90.000 millones. Ahora, el BCRA busca eliminar el resto bajo una condición clave: las entidades deberán entregar la totalidad de su tenencia y no podrán vender una parte.
Si bien el Gobierno logra avanzar en estas estrategias de corto plazo para apuntalar las reservas, el desafío de fondo sigue siendo estructural: restaurar la confianza de los mercados y consolidar un sendero de estabilidad macroeconómica. Las señales mixtas en torno a la política fiscal, los aumentos de tarifas, la falta de una reforma monetaria clara y la presión cambiaria contribuyen a mantener el escepticismo entre los inversores.
Además, la acumulación de reservas continúa siendo uno de los pilares exigidos por el FMI en cada revisión trimestral del acuerdo, lo que obliga al Gobierno a buscar mecanismos creativos —como los Repos y las colocaciones de deuda con inversores internacionales— para sortear las restricciones sin generar un costo político elevado.
La prórroga del plazo para cumplir la meta de acumulación de reservas, originalmente pautada para el 13 de junio, hasta fines de julio, otorga un margen adicional. Sin embargo, también refleja la complejidad del escenario financiero y político actual.
