La cadena citrícola, que genera el 45% de las frutas que se producen en la Argentina, presenta inconvenientes de competitividad que dificultan las posibilidades de exportar mayor cantidad de mercadería.
En Entre Ríos, segunda provincia productora de cítricos después de Tucumán, hay 1.770 productores distribuidos en 36.800 hectáreas. Desde esta provincia desean promover el consumo de jugos naturales mediante una política tributaria.
Del total de la producción de naranjas, el 60% se distribuye en el mercado interno, un 32% va a la industria y el 8% restante se despacha al exterior. En tanto, el 55% de la producción de mandarinas fue absorbido por el consumo interno y el 29% por la industria; mientras que el 16% restante correspondió a las exportaciones.
El presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Fernando Borgo, le planteó su preocupación por la pérdida de rentabilidad al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.
En el marco de la discusión por la reforma impositiva, en la que al final las bebidas azucaradas no percibirán un aumento de impuestos internos, la Federación sostiene que los gravámenes tienen que estar determinados por la necesidad de estimular a la población a consumir productos más sanos y promover las economías regionales.
En ese contexto, sugieren reducir la carga tributaria a las bebidas a medida que las empresas aumenten el porcentaje de jugos naturales en su elaboración. “Elegimos ir por el lado positivo, premiar al que emplea productos más saludables en base a los valores recomendables de consumo; no estamos planteando que se deben tomar solo jugos y no azúcar, y para eso hay que escuchar a los expertos”, expresó Borgo.
Asimismo, el ejecutivo señaló que “si bien es cierto que las multinacionales compran el 80% del jugo de naranja que se produce en nuestra zona (no así el de mandarina), también lo es que exportan el 80%, por lo que nuestra población se pierde los beneficios de consumir las propiedades de nuestras frutas”.
Desde el sector hacen hincapié en la urgencia de realizar una reforma laboral para disminuir los costos no salariales y los aportes patronales, sin desatender la seguridad social de los trabajadores; facilitar las altas y bajas de empleados; y limitar los conflictos generados por el cese laboral instaurando un fondo especial.