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Por Agroempresario.com
En una nueva etapa del plan de desregulación del Estado, el Gobierno nacional derogó una ley vigente desde hace 58 años que obligaba a los viveros a inscribirse en un registro oficial y a justificar cada movimiento de plantas mediante guías sanitarias. La norma, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, fue considerada “anacrónica” y generadora de “costos administrativos innecesarios” tanto para productores como para particulares.
El anuncio lo hizo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró la decisión con una frase sugestiva: “Plantemos árboles en libertad”. La eliminación formal se realizó mediante el Decreto Delegado 410/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Según se detalló en el Boletín Oficial, la derogada Ley N.º 17.606, aprobada en 1967, “imponía una carga innecesaria para el Estado y para la ciudadanía, con una intervención estatal desproporcionada en un sector que puede regularse con criterios modernos de control sanitario”.
La normativa exigía que todo establecimiento, ya sea estatal o privado, que produjera o comercializa plantas debía inscribirse en un Registro de Viveros. Además, se exigía que toda venta o transporte de plantas o partes vegetales contará con una “Guía de sanidad para el tránsito de plantas o sus partes”, emitida por la Dirección General de Sanidad Vegetal de la entonces Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.
Este documento debía acompañar cada transacción, incluso si se trataba de un particular transportando plantas sin fines de lucro. La Dirección, además, tenía facultades para imponer sanciones ante cualquier incumplimiento.
“La ley 17.606 creaba un Registro de Viveros (¡cuac!), donde debían inscribirse todos los establecimientos que produjeran o vendieran plantas”, ironizó Sturzenegger en redes sociales. “Y por cada venta, había que tener una guía confeccionada por la Dirección de Sanidad Vegetal. El Estado te cuidaba incluso… ¡de las plantas!”.
Desde el Ministerio de Desregulación remarcaron que la norma, si bien seguía vigente, estaba en total desuso. Su origen —durante un gobierno militar— respondía a una lógica de control centralizado y rigidez normativa, que poco tiene que ver con los desafíos actuales del sector viverista o de pequeños productores.
Sturzenegger agregó: “Hace casi 35 años que superamos el autoritarismo político, pero el económico aún persiste. Esta ley era un vestigio del control militar sobre la producción”.
Desde el Gobierno sostienen que hoy el control sanitario vegetal está garantizado por el SENASA, mediante normativas más modernas y herramientas digitales. Entre ellas, se encuentra el documento de tránsito vegetal electrónico, integrado al remito fiscal y basado en las buenas prácticas agrícolas.
Con la derogación, el Estado busca reducir burocracia, eliminar trabas productivas y alentar la formalización espontánea mediante incentivos, no sanciones. Para viveristas, la eliminación del Registro y de las guías representa un alivio tanto en tiempo como en costos operativos.
Desde entidades del sector reconocen que, aunque la ley estaba olvidada, su existencia dificultaba trámites y podía ser usada como herramienta de inspección discrecional.
“Esta normativa era un peso muerto. Nos pedían justificar hasta una planta de tomate en la camioneta. Que la deroguen es un acto de sentido común”, señaló un pequeño productor del AMBA.
La medida se suma a una serie de derogaciones recientes impulsadas por el Gobierno nacional para simplificar el marco normativo y desmontar regulaciones que consideran obsoletas o ideologizadas.
“El objetivo es reducir los costos ocultos del sistema regulatorio argentino, muchos de los cuales solo sirven para justificar estructuras estatales sin valor real”, subrayó una fuente del Ministerio de Desregulación.
En ese marco, el Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso de revisión de más de 20.000 normas, buscando aquellas que ya no tienen impacto o que entorpecen el dinamismo económico.
Sturzenegger también remarcó que “la política pública debe concentrarse en lo relevante: controlar enfermedades, garantizar la trazabilidad cuando es necesario, pero sin asfixiar al productor”.
La eliminación del Registro de Viveros se convierte en símbolo de una nueva etapa, donde el Estado pasa de controlador a facilitador, y donde se privilegian las tecnologías y las buenas prácticas por sobre la inspección manual.
La producción vegetal, desde pequeños viveros hasta grandes invernaderos, recupera así libertad de acción y autonomía operativa, sin perder estándares de calidad sanitaria, gracias al marco que ya brinda SENASA y otras agencias modernas.
Con esta decisión, el Gobierno busca seguir enviando señales de apertura, eficiencia y racionalidad normativa, en línea con los principios de su programa económico y con un mensaje claro: plantar no debería ser un acto burocrático, sino una expresión de libertad productiva.
