Por Agroempresario.com
En un clima de creciente tensión política, el Gobierno nacional planea convocar a los gobernadores provinciales en un intento por recomponer la relación con los mandatarios del interior, luego de semanas marcadas por señales de distanciamiento y avances legislativos que incomodan a la administración de Javier Milei. La cumbre, que se realizaría después del 9 de julio, apunta a retomar el diálogo institucional y consensuar una agenda común, especialmente en temas económicos clave como fondos coparticipables, jubilaciones, y combustibles.
Mientras en Casa Rosada se evita públicamente responsabilizar a los gobernadores por los últimos movimientos en el Congreso, fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmaron que se baraja un encuentro con una selección de cinco mandatarios, siguiendo el modelo aplicado semanas atrás. La idea, sostienen, es elegir un grupo representativo que permita canalizar demandas sin mostrar una imagen de debilidad política.
El telón de fondo de esta iniciativa son los recientes gestos legislativos que encendieron las alarmas del oficialismo. Por un lado, diputados de fuerzas provinciales y bloques opositores permitieron el tratamiento de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. Por otro, la Comisión de Presupuesto del Senado dictaminó a favor de proyectos que benefician a jubilados y reactivan la moratoria previsional, impulsando iniciativas que ponen contra las cuerdas el esquema de ajuste fiscal del Ejecutivo.
Estos movimientos, promovidos o avalados por legisladores con vínculos directos con los gobiernos provinciales, han sido interpretados en Balcarce 50 como una advertencia silenciosa pero efectiva. “No nos consta que haya sido decisión de ellos directamente. Son temas sensibles”, deslizó un funcionario, intentando bajarle el tono al conflicto. Sin embargo, el malestar es evidente.
Los gobernadores, especialmente los de la llamada “liga de las provincias”, vienen manifestando sus reclamos en distintos frentes: caída de la recaudación, falta de transferencias discrecionales, modificación del esquema de combustibles, y presión por los fondos de ATN. Desde el Centro Federal de Inversiones (CFI) hasta reuniones privadas en la Casa Rosada, han reiterado sus demandas sin obtener respuestas satisfactorias.
En la última reunión bilateral, Francos y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ofrecieron una contrapropuesta que fue considerada insuficiente por los representantes provinciales. Como contrapartida, los mandatarios decidieron intensificar la presión a través de sus legisladores. Así fue como proyectos como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, y el nuevo régimen de ATN comenzaron a avanzar en el Congreso.
Desde el oficialismo, las advertencias ya fueron lanzadas: si prosperan los proyectos que atentan contra el equilibrio fiscal, Javier Milei está dispuesto a vetarlos. Pero incluso ese recurso puede volverse en su contra si no logra sostener los vetos con apoyo político. En ese contexto, los votos de los gobernadores en el Congreso se vuelven estratégicos.
La relación con el Senado representa otro punto de tensión. La mayoría opositora se muestra activa y con posibilidades de avanzar en una sesión especial para tratar temas que el Ejecutivo rechaza. Además, la mala relación entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel complica aún más el panorama legislativo, dejando al oficialismo en situación de vulnerabilidad institucional.
A pesar de todo, en el Gobierno se muestran confiados. “Ya nos vamos a volver a sentar”, repiten en los pasillos de la Casa Rosada. La convocatoria proyectada para después del 9 de julio no pretende ser una muestra de urgencia, sino una estrategia de recomposición paulatina del vínculo político con el poder territorial. “Falta mucho todavía para llegar a la instancia de veto. Lo importante es seguir hablando”, señalan.
Los posibles convocados no fueron definidos oficialmente, pero se presume que podrían repetirse algunas figuras de la última reunión: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. La selección final dependerá del tono de las conversaciones previas y de la disposición de los gobernadores a sentarse en la mesa del diálogo.
Mientras tanto, los caciques del interior continúan organizándose, con reuniones periódicas y cada vez más nutridas. Sus reclamos no solo apuntan a mejorar la gestión provincial, sino también a marcarle la cancha a un Gobierno que, hasta ahora, ha privilegiado el monólogo por sobre el consenso. En ese escenario, la convocatoria post 9 de julio podría significar un punto de inflexión en la relación entre la Nación y las provincias.
Con la gobernabilidad en juego y la presión legislativa en aumento, el Ejecutivo busca ganar tiempo, recomponer puentes y evitar que la tensión política derive en un bloqueo institucional. La incógnita es si los gobernadores están dispuestos a seguir apostando al diálogo o si optarán por profundizar su rol como contrapeso activo frente al avance libertario.
