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Por Agroempresario.com
En una semana crucial para el Gobierno argentino, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció oficialmente que respaldará a la Argentina en uno de los capítulos más sensibles del juicio por la expropiación de YPF, que se tramita ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. La intervención norteamericana será en calidad de amicus curiae, en defensa de los intereses del país, y se materializa en los próximos días con la presentación de un documento que argumentará por qué no deben ejecutarse las acciones reclamadas por el fondo Burford Capital.
Esta intervención representa un respaldo político y jurídico clave para el Gobierno de Javier Milei, en una causa en la que la jueza Loretta Preska ya había fallado en primera instancia contra la Argentina, condenándola a pagar USD 16.000 millones por la expropiación “irregular” de la petrolera en 2012.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, exige que se ejecute la sentencia y se transfiera el 51% de las acciones de YPF que aún están en manos del Estado argentino. En concreto, busca que se concrete la orden de “turnover” para acceder a ese paquete accionario como compensación por el supuesto daño económico causado por la forma en que se realizó la estatización durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
El argumento central de la defensa argentina —ahora reforzado por la postura de Estados Unidos— se basa en la inmunidad soberana que protege a los bienes de los Estados nacionales, especialmente cuando se encuentran en su propio territorio. El Departamento de Justicia norteamericano, a través del fiscal David E. Farber, sostendrá que permitir ese traspaso violaría principios legales de inmunidad que tienen reconocimiento internacional.
No es la primera vez que Estados Unidos apoya a la Argentina en esta causa. En octubre de 2023, cuando Joe Biden aún era presidente, el entonces fiscal federal Damian Williams había presentado un escrito similar ante la jueza Preska, recomendándole que desestime el pedido de Burford por considerarlo violatorio del Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). Aquel documento también advertía que acceder a una medida de ese tipo sentaría un peligroso precedente judicial que podría tener implicancias geopolíticas.
A pesar de ese respaldo, Preska desoyó la recomendación del Departamento de Justicia en esa oportunidad y avaló el pedido del fondo demandante. Ahora, la expectativa está puesta en que la Corte de Apelaciones sí tenga en cuenta esta intervención y suspenda al menos la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo.
Según fuentes oficiales, el Gobierno argentino viene impulsando una estrategia diplomática multilateral para sumar respaldos al reclamo ante la Justicia estadounidense. La Cancillería, en coordinación con la Procuración del Tesoro y estudios jurídicos internacionales, busca que otros países también se presentaron como amicus curiae en defensa del principio de inmunidad soberana y del respeto a la jurisdicción de los Estados sobre sus activos estratégicos.
Entre los países que podrían sumarse en los próximos días figuran Uruguay, Paraguay y El Salvador, por América Latina; e Italia, Francia y Alemania, por Europa. La intención oficial es que esta causa no quede circunscrita al ámbito técnico-jurídico sino que se convierta en un reclamo de la comunidad internacional contra un fallo que, según fuentes oficiales, “desconoce la soberanía y el derecho internacional público”.
Sebastián Maril, analista financiero y CEO de Latam Advisors, fue uno de los primeros en informar públicamente la decisión del Departamento de Justicia de intervenir nuevamente en favor de la Argentina. “La intervención apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de Preska mientras se tramita la apelación”, señaló en X (ex Twitter). Sin embargo, advirtió que este respaldo aún no implica que el gobierno estadounidense se pronuncie sobre el resto del fallo, ni sobre la deuda multimillonaria en cuestión.
Además, Maril remarcó que, si bien el apoyo es valioso, los jueces no están obligados a seguir los argumentos de los amicus curiae. De hecho, tanto Preska como su antecesor, el juez Thomas Griesa —quien intervino en la causa de los fondos buitres contra Argentina en la década pasada—, ignoraron en varias ocasiones las recomendaciones del Ejecutivo norteamericano.
El juicio por YPF representa una de las mayores amenazas legales y financieras que enfrenta el país. La sentencia original de Preska, que impone una indemnización por USD 16.000 millones, equivale a casi la mitad de las reservas brutas del Banco Central. Aunque el Gobierno nacional ha recurrido esa decisión, la amenaza de ejecución de activos o acciones resulta crítica en términos simbólicos y económicos.
El respaldo de Estados Unidos —uno de los principales accionistas del FMI y actor clave en las relaciones económicas internacionales— puede ser fundamental para evitar un desenlace adverso. Además, abre una ventana de oportunidad para continuar negociando con los demandantes o, eventualmente, lograr una reversión judicial en la Corte de Apelaciones.
