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Por Agroempresario.com
En un mundo donde el crecimiento económico muchas veces se asocia a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, Costa Rica se posiciona como un ejemplo concreto de que otro camino es posible. Este pequeño país centroamericano, famoso por su biodiversidad y política ambiental, logró revertir décadas de deforestación, triplicar su cobertura boscosa y, al mismo tiempo, multiplicar su Producto Interno Bruto (PIB) por más de 13 veces.
El secreto de este éxito radica en una serie de decisiones estratégicas tomadas desde la década del 90, cuando se implementó una nueva ley forestal que penaliza severamente la tala ilegal. Esta medida marcó un antes y un después: la superficie forestal del país, que había descendido del 75% al 21% del territorio entre 1940 y 1987, se recuperó a casi un 60% para 2020, incorporando también ecosistemas de manglares.
El caso costarricense no es solo una anécdota verde. Entre 1950 y 1987, mientras su economía crecía de 164 millones a 4.533 millones de dólares anuales, Costa Rica perdió el 72% de su cubierta forestal. Era un modelo insostenible, basado en la extracción de madera y la expansión agrícola sin control.
El cambio llegó con la aprobación de la Ley Forestal de 1996. Además de endurecer las penas por deforestación ilegal, se implementó el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que recompensaba económicamente a propietarios que conservaran bosques, promovieran la reforestación o mantuvieran recursos hídricos protegidos.
Este modelo innovador logró que conservar se volviera rentable. Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y mujeres jefas de hogar con pequeñas propiedades fueron incorporadas al programa, beneficiando a actores históricamente excluidos.
Mientras su economía migraba hacia sectores de mayor valor agregado y sostenibilidad, el PIB de Costa Rica creció de 4.533 millones de dólares en 1987 a 61.520 millones en 2020. Según la profesora Velia Vicarioli de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), actualmente el país exporta más de 4.335 productos y servicios a más de 150 países. El modelo forestal no frenó el desarrollo económico; lo impulsó.
A nivel internacional, esta transformación no pasó desapercibida. En 2021, Costa Rica fue galardonada con el Premio Earthshot, entregado por el Príncipe Guillermo de Inglaterra, en reconocimiento a su estrategia ambiental. Ese mismo año, firmó acuerdos clave con el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, que reconocieron la reducción de casi 27 millones de toneladas de emisiones de CO2.
La próxima meta de Costa Rica es aún más ambiciosa: convertirse en un país neutro en carbono para 2050. Para lograrlo, se deberá llevar a cabo una transformación profunda y multisectorial. No solo se trata de ampliar la cobertura boscosa sobre el 8% restante del territorio —principalmente tierras degradadas—, sino de rediseñar completamente sus sistemas productivos.
Uno de los ejes clave será la reconversión de los sistemas agropecuarios. Se busca introducir modelos agroforestales, silvopastoriles y de usos múltiples que permitan una producción agrícola sostenible sin comprometer la regeneración ambiental.
En paralelo, se requerirá una transformación profunda en materia energética. Reemplazar la flota de más de 1,2 millones de vehículos de combustibles fósiles por eléctricos, e incorporar tecnologías como el hidrógeno verde y la biomasa agrícola para cubrir la demanda energética.
Uno de los desafíos más críticos será el financiamiento de esta transición. Hasta ahora, parte de los fondos del PSA provenían de un impuesto específico a los combustibles fósiles. Pero conforme se avanza hacia una matriz energética 100% renovable, este ingreso desaparecerá.
Una opción viable es la venta de certificados de reducción de emisiones de CO2 en mercados internacionales. Estos instrumentos podrían generar ingresos frescos para sostener un nuevo esquema de pagos por servicios ecosistémicos, o PAS 2.0. Para ello, será fundamental establecer mecanismos de monitoreo, reporte y verificación confiables, con estándares aceptados por países emisores y compradores.
Costa Rica demostró que conservar no es un lujo, sino una inversión. Su enfoque basado en incentivos positivos, participación comunitaria y sostenibilidad económica ofrece una hoja de ruta para países en desarrollo que enfrentan dilemas similares.
El proceso no fue inmediato ni exento de obstáculos. Pero su éxito está avalado por datos concretos: mayor cobertura forestal, reducción de emisiones, inclusión social y crecimiento económico sostenido.
Mientras otros países aún debaten entre ambiente o desarrollo, Costa Rica avanza demostrando que ambos pueden convivir. Y en un mundo que enfrenta una crisis climática sin precedentes, ese ejemplo es más valioso que nunca.
