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Por Agroempresario.com
El Gobierno de La Rioja anunció una mejora salarial significativa para los trabajadores de la Administración Pública Provincial, otorgando un incremento que alcanza un 16% para las categorías más bajas. Esta medida incluye una suma fija de $80.000, un aumento del 4,5% sobre el salario básico, y un adicional de $40.000 para trabajadores vinculados, beneficiarios de programas, becas y tutorías.
El incremento será percibido con los haberes correspondientes al mes de agosto, que se pagarán en septiembre. Además, en los sectores de Salud, Seguridad, Justicia y Educación, la suma fija tendrá carácter remunerativo, lo que implica un impacto positivo en el cálculo de futuros haberes y beneficios.
Esta decisión surge en un contexto nacional marcado por un ajuste económico y restricciones salariales impuestas desde el Gobierno Nacional, que limita los aumentos al 1%. Sin embargo, la provincia bajo la gestión del gobernador Ricardo Quintela opta por priorizar el salario de los empleados públicos, defendiendo el poder adquisitivo ante el aumento de la inflación y la caída del consumo.
Según fuentes oficiales, aunque la mejora no alcanza el nivel deseado, representa el máximo esfuerzo que la provincia puede realizar dadas las condiciones financieras adversas. La política salarial busca evitar que los trabajadores sean la variable de ajuste en tiempos de crisis y reafirma el compromiso estatal con la estabilidad social y económica.
Para las categorías más bajas, partiendo de un salario base aproximado de $550.000, el aumento total equivale a un 16%, superando ampliamente la inflación anual proyectada. Esta medida beneficia a miles de trabajadores, garantizando un alivio económico real en un escenario complejo.
La mejora también incluye una asignación especial para trabajadores vinculados a programas sociales, becas y tutorías, ampliando el alcance de la política salarial a sectores que requieren mayor acompañamiento.
Esta estrategia salarial posiciona a La Rioja como una provincia que, a pesar del contexto nacional, mantiene una política activa para proteger a sus trabajadores y fomentar la justicia social a través de la inversión en empleo público.
