Por Agroempresario.com
La pesca argentina atraviesa su mayor crisis impositiva y financiera de los últimos años. Las empresas del sector enfrentan un punto crítico por el peso de los costos operativos, la retracción de mercados internacionales y el pago de derechos sobre especies clave como merluza común, merluza negra, merluza de cola y vieira. Estos tributos, que alimentan el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), ya acumulan más de 26 millones de dólares hasta julio, un salto significativo respecto a los 2,67 millones de dólares recaudados durante todo 2023.
Retenciones y presión fiscal sobre la pesca
El impacto de los derechos de extracción ha tensionado aún más a la industria pesquera, que atraviesa un panorama económico delicado. La escalada de los costos internos —incluyendo insumos, servicios y mano de obra— sumada a la caída de precios internacionales y la retracción del consumo doméstico, ha generado márgenes negativos de rentabilidad y provocado suspensiones, despidos y cierres de plantas procesadoras.
Frente a esta situación, la gestión del Secretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Med. Vet. Juan Antonio López Cazorla, actúa como nexo entre la actividad productiva y los niveles más altos de gobierno. Su intervención ha permitido que el sector ingrese en la agenda de revisión tributaria, generando expectativas sobre un alivio fiscal que podría cambiar el rumbo del sector.
Posible reducción o eliminación de retenciones
Según el informe 144 de la Jefatura de Gabinete, presentado por Dr. Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía analiza “reducir o incluso eliminar las retenciones aplicadas a las exportaciones pesqueras”. Esta medida forma parte de una estrategia para desarmar lo que el Ejecutivo denomina “impuestos distorsivos” y aliviar el ahogo financiero de la pesca, con el objetivo de preservar la competitividad y la sostenibilidad del sector.
La comparación con el agro, que recientemente recibió beneficios tributarios, no es directa. El Gobierno sostiene que la pesca no se trata de un cultivo o bien propio, sino de la explotación de un recurso que pertenece a toda la sociedad, lo que exige un tratamiento singular de sus gravámenes.
Impacto social y productivo
Los efectos de la crisis se sienten con fuerza en plazas históricas del sector, como Mar del Plata, donde se registran cierres de plantas y reducción de personal. En Puerto Madryn, el impacto sobre la industria del langostino amenaza tanto la rentabilidad de las empresas como la estabilidad laboral en el sector procesador.
El frente cambiario y la inflación también agravan la situación, encareciendo insumos y servicios, mientras la caída del consumo interno reduce la capacidad de venta local. Este escenario plantea riesgos para la sostenibilidad de las empresas, la preservación de empleos y la continuidad de un entramado productivo estratégico para la economía argentina.
Expectativas y futuro de la pesca argentina
La inclusión del sector en la agenda de revisión tributaria genera un resquicio de esperanza. Una reducción o eliminación de retenciones podría aliviar la presión financiera, mejorar la competitividad internacional y garantizar la continuidad de empleos. Para los expertos, la decisión del Gobierno será clave para definir no solo la viabilidad económica del sector, sino también la capacidad de sostener un recurso estratégico que tiene implicancias ambientales, sociales y productivas.
La pesca argentina enfrenta hoy un momento definitorio: equilibrar la rentabilidad de las empresas, proteger los puestos de trabajo y mantener la competitividad en los mercados internacionales dependerá de la capacidad del Estado para implementar medidas tributarias inteligentes y sostenibles. La resolución de este debate marcará el futuro de una industria clave para la economía del país.
