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Por agroempresario.com
El anuncio del Gobierno de implementar retenciones 0% para las exportaciones de granos y derivados generó un fuerte impacto en el sector agropecuario argentino. Lo que se presentó como una medida transitoria de alivio impositivo, pensada para mejorar la competitividad y acelerar la liquidación de divisas, duró menos de lo esperado: en apenas tres días hábiles se agotó el cupo de USD 7.000 millones fijado por el Ministerio de Economía.
El desenlace dejó un sabor amargo en gran parte de los productores, que aseguran haber quedado afuera del beneficio, mientras que los exportadores fueron señalados como los principales favorecidos. El malestar se profundizó al conocerse que gran parte de las operaciones declaradas no corresponden a la mercadería efectivamente comprada, lo que abre dudas sobre el precio que recibirán los agricultores en el futuro cercano.
La decisión oficial se enmarcó en el delicado contexto de falta de reservas internacionales y tensión cambiaria. El Gobierno de Javier Milei habilitó un esquema excepcional de retención 0% para exportaciones agroindustriales hasta alcanzar los USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), o hasta el 31 de octubre, lo que ocurriera primero.
La intención oficial era clara: acelerar la entrada de dólares al Banco Central en un momento de extrema necesidad financiera. El resultado superó todas las expectativas: en apenas horas se presentaron DJVE por más de USD 4.000 millones, y el cupo quedó totalmente consumido al tercer día.
El reparto de los beneficios generó una fuerte polémica. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre lunes y miércoles se fijaron precios por 4,4 millones de toneladas, muy por debajo de las 18 millones de toneladas que implicaba el cupo global. Esto significa que gran parte de la mercadería declarada aún no fue adquirida a los productores, lo que plantea un escenario incierto.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, advirtió:
“Los exportadores tienen que mostrar cuántas toneladas vendieron y cuántas compraron efectivamente. Hay operaciones para entrega en mayo de 2026 y esos granos todavía no existen. El productor necesita transparencia”.
La dinámica de precios dejó al descubierto la tensión del mercado. El martes, la soja Rosario alcanzó USD 362 la tonelada, pero el miércoles ya retrocedía a USD 346, y hacia el cierre de la semana rondaba los USD 337.
Según Gustavo López, analista de la consultora Agritrend, los precios no reflejaron completamente el beneficio de la quita de retenciones:
“Los exportadores deberían pagar un valor equivalente al precio internacional sin retenciones, pero trasladan al productor los costos financieros y de liquidez. Eso reduce el beneficio real”.
Los especialistas también advierten que el “efecto puerta 12” —todos los productores queriendo vender al mismo tiempo— presionó el mercado y terminó diluyendo la ganancia esperada.
La velocidad con que se agotó el cupo despertó sospechas en el sector. Varios analistas sostienen que el Gobierno negoció previamente con los exportadores para garantizar un ingreso inmediato de divisas.
El analista Carlos Etchepare, en su columna de Canal Rural, afirmó:
“Lo que pasó fue muy burdo. El Gobierno necesitaba dólares ya, arregló con los exportadores y en tres días se los trajeron. Los productores volvieron a quedar en desventaja”.
La hipótesis refuerza la percepción de que la medida no fue diseñada para favorecer al campo, sino para cubrir urgencias macroeconómicas.
El episodio no pasó inadvertido en el plano internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó en redes sociales su preocupación por el “tax holiday” argentino, dado que coincidió con la imposibilidad de los productores norteamericanos de colocar soja en China, en medio de la disputa comercial impulsada por Donald Trump.
La combinación de soja argentina sin retenciones y la demanda china en alza generó tensiones con Washington, que observa cómo su propio sector agrícola pierde terreno en el mercado global.
El debate también reactivó la discusión sobre la Ley 26.351 (2008), conocida como ley Martínez Raymonda, que exige que las DJVE estén respaldadas por mercadería ya adquirida. Si esto no se cumple, el exportador debería tributar la alícuota vigente al momento de la exportación, y no la de la declaración.
Varios especialistas se preguntan si el Gobierno de Milei aplicará esta normativa, ya que una gran parte de los granos declarados por USD 7.000 millones aún no fueron comprados.
El escenario plantea varias incógnitas:
