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Por Agroempresario.com
El campo argentino volvió a expresar su malestar frente a una política económica que, lejos de generar previsibilidad, encendió la bronca en productores de todo el país. La decisión del Gobierno nacional de habilitar un esquema de retenciones cero por menos de 72 horas, para luego darlo de baja tras alcanzar los U$S 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), dejó como saldo reclamos de las principales entidades rurales y un fuerte pedido de reglas claras y duraderas.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), nucleadas en la Mesa de Enlace, coincidieron en que la medida solo benefició a un reducido grupo de exportadores, mientras que la mayoría de los productores quedó fuera de la oportunidad de comercializar con mejores precios.
Desde la SRA remarcaron la velocidad con que se alcanzó el cupo de los U$S 7.000 millones y cuestionaron la falta de transparencia del proceso. “Nos llama la atención la rapidez con la que se alcanzó el tope de operaciones y la gran cantidad de declaraciones juradas emitidas en tan poco tiempo”, indicaron en un comunicado.
La entidad solicitó extender el beneficio hasta el 31 de octubre, argumentando que mantener el esquema permitiría consolidar un clima de confianza y dinamismo en la actividad agropecuaria. Además, reafirmaron su compromiso de trabajar para lograr la eliminación total y definitiva de las retenciones.
El planteo fue más allá: el ruralismo dejó en claro que la imprevisibilidad es uno de los principales problemas del sector. “Necesitamos reglas estables que nos permitan planificar la comercialización y la producción con mayor eficiencia”, remarcaron.
El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue contundente al señalar que la medida generó un desbalance. “El esfuerzo y el compromiso de los productores sostienen la economía nacional, pero el beneficio fue para unos pocos”, aseguró.
En su análisis, el dirigente resaltó que el agro argentino siempre respondió con más producción, empleo y desarrollo cuando recibió estímulos adecuados. Sin embargo, advirtió que la falta de políticas previsibles desalienta inversiones y limita el potencial de crecimiento.
Castagnani insistió en que el campo necesita un marco de estabilidad impositiva y proyección a largo plazo. “Las señales de aliento generan inversión, mejor tecnología y arraigo rural. Lo contrario es incertidumbre y freno al desarrollo de las economías regionales”, apuntó.
La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, coincidió con el diagnóstico y fue categórica: “Fue una medida tomada sin pensar en el sector productivo, sino con un fin meramente económico”.
En el marco del 111° Congreso Anual de la FAA en Rosario, Sarnari sostuvo que los pequeños y medianos productores no pudieron aprovechar la baja de retenciones. “No contaban con stock disponible o no tuvieron tiempo suficiente para vender. No nos pasó ni cerca de la tranquera”, afirmó.
La dirigente enfatizó que lo urgente es exigir previsibilidad al Estado. “Esto no es una pelea entre productores y exportadores, pero es cierto que la transferencia de recursos del sector primario al exportador fue brutal”, señaló.
La decisión del Gobierno de dar por finalizada la política de retenciones cero estuvo en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que se alcanzara el objetivo de ingreso de divisas. El mecanismo permitió al Estado sumar rápidamente dólares para atender sus compromisos financieros, aunque a costa del descontento rural.
El malestar en las bases rurales crece porque la política se percibe como un movimiento de corto plazo que favoreció a los grandes exportadores, sin un impacto real en la rentabilidad de los productores.
El agro argentino es uno de los principales motores de la economía nacional y su aporte en divisas resulta vital para el país. Sin embargo, desde la Mesa de Enlace advierten que sin reglas claras, incentivos estables y políticas de largo plazo, el potencial productivo queda limitado.
La demanda central de las entidades rurales es sencilla: previsibilidad. Poder planificar con seguridad, invertir en tecnología, generar empleo y contribuir al desarrollo de las economías regionales. El pedido no es nuevo, pero se renueva con fuerza cada vez que una medida improvisada genera más incertidumbre que soluciones.
Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno y el campo vuelve a crecer, en un escenario donde la confianza es tan necesaria como escasa.
