Retenciones cero: tensión, reclamos y la apuesta del Gobierno a un nuevo piso de precios en el agro

Por Agroempresario.com

La reciente suspensión del esquema de retenciones cero encendió una nueva etapa de tensión entre el Gobierno nacional, el sector agropecuario, las exportadoras y las principales entidades rurales. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que el productor obtendrá mejores precios, los representantes del campo insisten en que la medida fue inconsulta, limitada y favoreció a los grandes operadores.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las críticas, defendiendo la decisión oficial como una herramienta temporaria que se cumplió “tal como se anunció”, y aseguró que los productores tendrán precios equivalentes a un esquema de retención del 5 % al 10 %. Pero los datos del mercado, los límites logísticos y la fuerte reacción del campo vuelven a poner en foco la necesidad de reglas de largo plazo y una ley que regule las retenciones con previsibilidad.

¿Qué dijo Francos y cuál fue la lógica oficial del Gobierno?

Durante una entrevista con Cadena 3 Rosario, Francos justificó la suspensión del régimen de retenciones cero al señalar que el decreto original establecía dos condiciones de vigencia: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar 7.000 millones de dólares en permisos de exportación. “Se llegó a esa cifra en tres días, increíblemente, y se cortó”, aseguró el funcionario.

En cuanto al impacto en los productores, Francos afirmó que “van a conseguir un mejor precio que el de antes”, aunque reconoció que “no será retención cero, pero será como si fuera una retención de 5 % o 10 %”. Según su análisis, las exportadoras que obtuvieron el derecho a exportar con el esquema vigente hasta ahora deben salir a comprar granos, lo que genera una presión de demanda que puede beneficiar a los productores.

Además, subrayó que “el Gobierno mantuvo reglas claras y los plazos fueron cumplidos”, defendiendo la transparencia del proceso.

Reclamo del campo: “No alcanzó a los productores chicos”

Desde el sector agropecuario, la respuesta fue inmediata y con críticas transversales:

• Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lamentó que “muchos productores quedaron afuera” del beneficio. “En 48 o 72 horas se agotó el cupo y no hubo tiempo de reorganizarse”, apuntó.
• Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari fue aún más dura: “Al productor chico y mediano no lo benefició, ni siquiera cerca de la tranquera”.
• En la misma línea, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que “el beneficio fue para unos pocos”, en referencia a las grandes exportadoras y operadores mayoristas.
• La CARBAP cuestionó la falta de previsibilidad y advirtió que la medida “aumentó la incertidumbre en vez de resolverla”, calificándola como “un gran negocio para exportadores”.

Desde CARBAP y CRA, se difundió además un informe que revela que más de 75.000 productores agropecuarios cerraron sus operaciones desde la instauración de las retenciones en 2002, lo que representa un 25 % del parque productivo.

Aspectos técnicos del nuevo esquema: ¿es real ese 5-10 % implícito?

La premisa del Gobierno es que, aunque se suspendió el beneficio de retención cero, los precios se sostendrán por una demanda activa de las exportadoras. Sin embargo, hay al menos dos desafíos técnicos clave:

1. Capacidad financiera y logística: No todas las exportadoras cuentan con la infraestructura ni los recursos para comprar de forma inmediata los granos que comprometieron exportar.
2. Costos y geografía: Los productores alejados de los puertos o sin acceso eficiente a medios de transporte podrían no ver reflejado ese supuesto beneficio, ya que los costos logísticos se comen el margen.

Economistas y analistas de entidades como la Fundación Barbechando advierten además que las retenciones distorsionan los precios de referencia, encarecen la cadena de valor y desincentivan la innovación.

Congreso: hacia una ley de retenciones con consenso político

Frente a este escenario, el debate se trasladó también al Congreso Nacional, donde ya comenzaron a discutirse proyectos que buscan establecer un marco legal, gradual y consensuado para el esquema de derechos de exportación.

• Desde marzo de 2025, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados analiza al menos seis propuestas legislativas, que van desde la eliminación progresiva de las retenciones en cinco años hasta la exigencia de que cualquier cambio sea por ley y no por decreto.
• El presidente de la Comisión, Atilio Benedetti (UCR), afirmó que “las retenciones no pueden seguir siendo una herramienta discrecional”, y pidió una norma de fondo que brinde certidumbre al campo.
• Incluso algunos legisladores del oficialismo han señalado que, aunque respaldan al Gobierno, es necesaria una política continua y no sujeta a vaivenes administrativos.

El 2026 —año sin elecciones nacionales— aparece como una ventana política clave para alcanzar acuerdos estructurales en materia agroexportadora.

Oportunidades, riesgos y el horizonte productivo

Oportunidades

• Si efectivamente el precio de los granos se sostiene o mejora, los productores recibirán mayor rentabilidad sin necesidad de una eliminación formal de las retenciones.
• La urgencia por dólares puede traducirse en medidas más pragmáticas que estimulen la liquidación de divisas del sector.
• Un acuerdo legislativo sólido podría restaurar la confianza y atraer inversiones postergadas.

Riesgos

• El efecto esperado en los precios puede no concretarse si las exportadoras no logran cumplir sus compromisos.
• Los productores más pequeños, al margen de la cadena de valor más eficiente, podrían volver a ser los más perjudicados.
• Si no hay consenso en el Congreso, el Ejecutivo podría seguir tomando decisiones por decreto, con el consiguiente aumento de la incertidumbre.

El desafío central: previsibilidad y equidad

Para que esta estrategia tenga éxito, el Gobierno deberá avanzar en al menos tres frentes:

1. Marco legal estable: Una ley de retenciones que impida la discrecionalidad y permita al sector planificar.
2. Acceso equitativo: Mecanismos que garanticen que los beneficios lleguen también a productores chicos y medianos.
3. Infraestructura y logística: Inversiones en caminos, acopios, transporte y financiamiento para mejorar la competitividad.

El propio Francos adelantó que el Gobierno buscará el diálogo con las entidades rurales para diseñar un esquema de largo plazo que supere la lógica de parches temporales.