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La Organización Marítima Internacional (OMI) decidió posponer un año la entrada en vigor de su esperado plan de emisiones netas nulas, que debía aplicarse en 2027. Se trata del primer sistema global de tarificación del carbono para el transporte marítimo, diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover el uso de combustibles limpios.
La medida fue aprobada durante la última sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en Londres. La propuesta de aplazamiento, impulsada por Singapur, fue respaldada por 57 países, mientras que 49 votaron en contra y 21 se abstuvieron.
El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, aseguró que el retraso no representa un retroceso, sino “una oportunidad para resolver aspectos técnicos y garantizar la efectividad del sistema antes de su aplicación definitiva”.
El aplazamiento coincide con un momento de desaceleración en la demanda de embarcaciones propulsadas con combustibles alternativos. Entre enero y octubre de 2025, estos buques representaron el 72% de los pedidos globales, una cifra que, aunque elevada, marca un descenso por segundo año consecutivo.
El gas natural licuado (GNL) continúa liderando el segmento de combustibles de transición, con un 60% de participación, ligeramente por debajo del 63% registrado en 2024. En cambio, los pedidos de buques de metanol dual —considerados una de las opciones más limpias— cayeron del 18% al 12%, debido a la limitada disponibilidad de este combustible en las principales rutas marítimas.
En paralelo, los barcos con combustible convencional recuperaron terreno y pasaron de representar el 19% al 28% de la capacidad solicitada, especialmente entre las unidades medianas (hasta 7.500 TEU).
Este cambio refleja una mayor cautela por parte de las navieras, que prefieren esperar mayor claridad regulatoria y tecnológica antes de avanzar con inversiones masivas en proyectos de metanol o amoníaco verde.
El plan “Net-Zero” de la OMI, aprobado en abril de 2025, apunta a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Su pieza central es el mecanismo de tarificación del carbono, con un precio inicial de 100 dólares por tonelada de CO₂ emitida. Se estima que este sistema podría generar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares anuales, fondos que se destinarán a apoyar la transición de países en desarrollo y Estados insulares.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas —particularmente la presión de Washington sobre algunos Estados miembros— han complicado las negociaciones, forzando un enfoque más prudente. La próxima reunión técnica del organismo, prevista del 20 al 24 de octubre de 2026, será clave para definir el nuevo calendario de implementación.
Con más del 85% de las emisiones marítimas concentradas en buques de más de 5.000 toneladas, la OMI deberá encontrar un equilibrio entre la exigencia ambiental y la viabilidad económica del sector. El año adicional de debate será determinante para marcar el rumbo de la descarbonización marítima global y el futuro de la logística internacional.
