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La provincia de Mendoza dio este jueves un paso decisivo hacia la reactivación de la minería del cobre, luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, más conocido como Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, según informó El Economista. La votación —32 votos a favor y 13 en contra— se convirtió en el avance minero más relevante desde 2011 y abrió el camino para lo que podría transformarse en la primera mina de cobre habilitada en la provincia en décadas. El proyecto prevé una inversión estimada de U$S 559 millones, lo que explica la centralidad del debate político, económico y social.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró el resultado legislativo y defendió la relevancia del proyecto para diversificar la matriz productiva. Según publicó El Economista, el mandatario provincial afirmó tras la votación que Mendoza “no puede perder otros 14 años” y que la provincia está ingresando en “una minería seria, transparente y con controles de última generación”. Estas declaraciones marcaron la postura del Ejecutivo, que considera al cobre un mineral estratégico para la economía del futuro.
El avance de PSJ Cobre Mendocino reavivó un debate histórico en Mendoza: la relación entre el desarrollo minero, la protección del agua y el modelo productivo vigente. A diferencia del rechazo unánime registrado en 2011, esta vez la iniciativa del Ejecutivo llegó al recinto respaldada por un expediente reformulado y la adopción de estándares ambientales más estrictos, elemento clave para la defensa oficialista.
Mientras dentro de la Legislatura se desarrollaba un extenso debate, afuera organizaciones socioambientales se manifestaron en la Peatonal Sarmiento con críticas a la minería cuprífera. La sesión dejó en evidencia que, pese al respaldo político, los consensos están lejos de consolidarse.
Al responder a las objeciones, Cornejo sostuvo —según lo citado por El Economista— que “esta no es la minería de hace 20 años. Hay telemetría, trazabilidad, monitoreo ciudadano y controles automáticos. No vamos a repetir errores del pasado”. También apuntó a las condiciones socioeconómicas del departamento donde se desarrollará el proyecto: “El 70% de Uspallata trabaja para el Estado y el 60% está bajo la línea de pobreza. Eso no es progreso. Mendoza necesita empleo privado, inversión y futuro”.
La DIA aprobada incorpora protocolos reforzados en materia de agua, biodiversidad, sismicidad y emergencias, además de incluir el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), la consulta previa a comunidades y un Fondo Socioambiental destinado a reparación y compensación. Estos puntos fueron centrales en el argumento del oficialismo para sostener que se trata de un proyecto distinto al evaluado hace más de una década.
Los legisladores oficialistas destacaron la solidez del expediente técnico, que reunió 16 dictámenes y la revisión de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre los defensores, Mauro Giambastiani (MM) aseguró que “la minería representa entre el 1% y el 3% del uso hídrico industrial. No es la responsable del problema del agua en Mendoza”. Por su parte, Enrique Thomas (Cambia Mendoza) remarcó que “el mundo castiga a las empresas que incumplen. La nueva minería es incompatible con la impunidad”.
El cobre fue otro punto relevante en la discusión. Su creciente demanda global —por su papel en la transición energética, la electromovilidad y las energías renovables— fue utilizada por el oficialismo como argumento a favor de reactivar la minería cuprífera en la provincia.
En la vereda opuesta, el PJ, el Partido Verde y parte de La Unión Mendocina criticaron distintos aspectos del expediente. José Luis Ramón (CyC) sostuvo que la DIA “omite información clave”, especialmente vinculada a la disponibilidad hídrica. Valentina Morán (PJ), por su parte, afirmó que “la discusión no es minería sí o minería no, sino bajo qué condiciones”. Desde LUM, Rolando Scanio expresó que “ningún proyecto minero dejó comunidades mejor” y alertó sobre “el alto consumo de agua”. También se sumó Gabriela Lizana (FRLN), quien cuestionó que San Jorge “no cumple estándares internacionales” y advirtió sobre posibles acciones judiciales si el proyecto avanza en estas condiciones.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró la media sanción otorgada por Diputados a la DIA de PSJ Cobre Mendocino y a proyectos de exploración en Malargüe. En un comunicado difundido por El Economista, la entidad destacó que “este paso marca una oportunidad histórica para Mendoza, que comienza a ampliar su matriz productiva y a consolidar un camino hacia el desarrollo sostenible”. También subrayó que se trata de “una decisión estratégica surgida de pensar con miras al futuro de la provincia en los próximos 100 años”.
La organización minera enfatizó el rol del cobre en la transición energética y señaló que su desarrollo permitirá “generar empleo de calidad, impulsar la competitividad y abrir oportunidades para cientos de pymes locales”. Finalmente, sostuvo que el avance legislativo “es una señal positiva para toda la Argentina, que reafirma el valor de la minería como herramienta de progreso y desarrollo”.
Con la media sanción obtenida, el expediente ahora se dirige al Senado provincial, donde será tratado el 9 de diciembre. Si obtiene la aprobación definitiva, Mendoza habilitará su primer proyecto cuprífero en décadas, en un contexto donde la provincia busca diversificar su economía ante el agotamiento de su matriz tradicional basada en agroindustria y servicios.
Sin embargo, el avance no despeja la conflictividad social. Las organizaciones ambientalistas anticipan nuevas acciones, y algunos legisladores opositores ya evalúan judicializar el proceso. La tensión entre desarrollo productivo y protección ambiental seguirá viva, y el gobierno provincial deberá gestionar no solo el proceso minero, sino también la construcción de legitimidad social.
La votación del jueves no solo reinstaló el debate sobre la minería, sino que habilitó una ventana de oportunidad que Mendoza no abría hace más de una década. Con nuevos controles, estándares reforzados y múltiples objeciones todavía sobre la mesa, el desenlace final dependerá de un delicado equilibrio entre la política, la técnica y la licencia social para operar.
