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El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, intensificó esta semana las negociaciones con gobernadores y funcionarios provinciales para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. La iniciativa es clave para consolidar la política fiscal de cara a los mercados y asegurar la ejecución de reformas económicas de segunda etapa.
Caputo asumió un rol más activo en las tratativas, en un contexto donde La Libertad Avanza (LLA) se convirtió en la primera minoría tras el recambio legislativo. Esto obliga al oficialismo a sumar aliados o garantizar ausencias estratégicas en las votaciones para que el presupuesto y las reformas puedan avanzar. La estrategia apunta a cumplir compromisos previos con provincias, evitando la necesidad de liberar fondos adicionales.
En la última semana, la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Valeria Sánchez, lideró dos reuniones clave. En el primero, recibió al ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Arengo, para ratificar los términos del acuerdo de coparticipación ya suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho acuerdo establece un flujo del 1,4% diario más un 1,55% destinado al pago de deudas de la Ciudad, sin requerir nuevos documentos, sino la plena ejecución de lo pactado.
El segundo encuentro fue con Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de Misiones, enfocado en avanzar con el Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas (REOR), implementado por el Decreto 969/2024. Este mecanismo permite compensar deudas mutuas entre Nación y provincias mediante conciliaciones, transferencias de bienes o ejecución de obras. Misiones ya firmó un acuerdo con Caputo el 15 de abril, incluyendo compensaciones por el Consenso Fiscal, Club de París, Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional y deudas del ex-Enohsa.
El Gobierno busca cumplir con estos compromisos pendientes como principal herramienta para asegurar el respaldo de las provincias, sin necesidad de asignar fondos adicionales.
El bloque misionero ligado al exgobernador Carlos Rovira se ha consolidado como un aliado estratégico en votaciones ajustadas. Su habilidad para maniobras parlamentarias se evidenció durante la ley de Ficha Limpia, cuando los legisladores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce modificaron su postura en pleno recinto, provocando la caída del proyecto de la entonces diputada Silvia Lospennato. El Ejecutivo espera replicar este tipo de gestión para asegurar que la aprobación del presupuesto y otras reformas no se vean comprometidas.
Uno de los focos de conflicto más importantes está en la Patagonia. La provincia de Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones correspondiente a convenios firmados con Vialidad Nacional que no se ejecutaron. El gobernador Claudio Vidal tenía prevista una reunión con Caputo, que finalmente se suspendió.
Otras provincias de la región también exigen el cumplimiento de compromisos. Por ello, la titular de Vialidad de Tierra del Fuego, Ileana Zarantonello, fue designada portavoz regional. Una fuente cercana a Vidal afirmó: “No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben”.
En paralelo, se registran tensiones por los subsidios de Zonas Frías. Santa Cruz reclama $15.000 millones por beneficios que no se incluyeron en el proyecto de Presupuesto 2026. El plan presentado en septiembre también proponía modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, recortando la extensión del régimen implementado en 2021 y afectando a más de tres millones de hogares, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Desde Casa Rosada señalaron que el nuevo esquema de subsidios, que se aplicará desde enero de 2026, ajustará el beneficio por consumo y no por ubicación geográfica.
El punto más delicado de las negociaciones es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto presupuestario establece que la Anses transferirá $122.762 millones, pero condiciona los anticipos a aquellas provincias con déficit reconocido —provisorio o definitivo— derivado de acuerdos firmados desde 2021.
Este criterio excluye a varias jurisdicciones con reclamos históricos, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. Gobernadores advierten que la Nación aún incumple compromisos y que el reconocimiento de estas deudas será determinante para lograr el respaldo legislativo.
Caputo busca transmitir previsibilidad a los mercados y consolidar el rumbo fiscal del Gobierno, pero la aprobación del Presupuesto 2026 depende de una combinación de cumplimiento de compromisos, ajustes en subsidios y coordinación con provincias clave. Las reuniones de esta semana fueron solo el inicio de un proceso que se extenderá durante las sesiones extraordinarias. Cada voto requerirá negociación directa y, sobre todo, el cumplimiento efectivo de acuerdos pendientes. Según informó Infobae, en un Congreso fragmentado y con gobernadores firmes en la defensa de sus intereses, la ingeniería política será tan determinante como la ingeniería fiscal.
