La provincia cerró el año con más de 50 proyectos productivos aprobados y una inversión ambiental validada de $30 mil millones

El Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) presentó este martes su balance anual de gestión en la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía y Producción de Tucumán, donde confirmó la aprobación de más de 50 proyectos productivos durante 2025, que representan $30.000 millones de inversión directa. La instancia, integrada por organismos públicos y privados, se reunió para evaluar el trabajo del año y definir líneas de acción para 2026, en un contexto en el que la revisión ambiental de las inversiones se consolidó como un paso clave para el desarrollo económico provincial.

La reunión fue encabezada por el secretario de Producción, Eduardo Castro, junto al titular de la Subsecretaría de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, y el director de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga. También participaron representantes de instituciones productivas, académicas y estatales que forman parte del CPEA, un espacio intersectorial que tiene la facultad de dictaminar sobre estudios de impacto ambiental para emprendimientos industriales, agrícolas, inmobiliarios y comunitarios.

Castro señaló que decidió convocar al pleno del Consejo para exponer los resultados del año y reconocer el trabajo coordinado entre el sector público y privado. El funcionario destacó que la actividad del organismo permitió destrabar proyectos estratégicos, al tiempo que garantizó el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Sostuvo que las inversiones aprobadas “significaron una inyección de $30.000 millones para la provincia, con más de 50 expedientes evaluados y avalados desde el punto de vista ambiental”. Además, remarcó que el esquema de trabajo implementado responde a la directiva del gobernador Osvaldo Jaldo, quien —según dijo— considera que la articulación institucional “es un factor decisivo para el desarrollo productivo”.

Por su parte, Moreno explicó en detalle el sistema de evaluación que aplica la provincia para los proyectos de envergadura. El subsecretario recordó que todos los emprendimientos relevantes deben iniciar su trámite mediante un aviso de proyecto, seguido de un estudio de impacto ambiental que luego es remitido al CPEA. “Todo proyecto de inversión pasa por esta instancia y el dictamen es vinculante”, afirmó. De acuerdo con su balance, durante 2025 se analizaron entre 50 y 60 actos ambientales, que en conjunto representan inversiones superiores a los 30 mil millones de pesos.

El funcionario agregó que este año se incorporó una mejora institucional clave: la publicación de los actos ambientales en la página web oficial, una medida que —según evaluó— fortalece la transparencia del proceso. “Era una deuda pendiente, porque la comunicación clara de los actos de gobierno es fundamental”, señaló.

El encuentro también fue un espacio para que los representantes del sector privado expusieran sus perspectivas sobre el funcionamiento del Consejo. Desde la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Juan Carlos Mirande subrayó que el rol de las instituciones es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, especialmente en proyectos que avanzan hacia la etapa de ejecución. “Velamos para que los expedientes aprobados cumplan con la normativa ambiental vigente”, indicó. Sostuvo además que la revisión de los proyectos busca “asegurar a la población que las iniciativas autorizadas son adecuadas desde el punto de vista de su gestión ambiental”.

En la misma línea, el delegado de la Sociedad Rural de Tucumán, Pablo Cotella, valoró la composición multisectorial del Consejo y la naturaleza ad honorem de sus integrantes. Manifestó que la instancia permite un control institucional “único en la provincia”. A su juicio, la labor del CPEA es esencial no solo para garantizar estándares de sustentabilidad, sino también para acompañar inversiones privadas que requieren avales ambientales para avanzar en su ejecución.

Desde la Federación Económica de Tucumán, Hugo Benejam puso el foco en el proceso deliberativo dentro del organismo. Explicó que cada proyecto debe obtener un “acto ambiental” y que ese documento circula entre todas las instituciones que integran el Consejo, las cuales tienen la facultad de formular objeciones o brindar apoyo. “La acción público-privada se manifiesta en el análisis conjunto y en el voto institucional”, expresó.

El CPEA, creado para evaluar y dictaminar sobre estudios de impacto ambiental, funciona como un espacio técnico y de control que reúne a representantes del Estado provincial, entidades productivas, instituciones académicas y organismos sanitarios. Entre los asistentes a la reunión se encontraban referentes del Ministerio de Economía y Producción, la Sociedad Rural de Tucumán, la Dirección de Recursos Hídricos, la UIT, el Ente Tucumán Turismo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de San Pablo T, la Federación Económica de Tucumán, el SIPROSA, la Universidad Nacional de Tucumán y la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, además del equipo de coordinación del Consejo.

A lo largo del año, los expedientes presentados correspondieron a iniciativas de diverso alcance, desde proyectos industriales y agrícolas hasta inversiones inmobiliarias y acciones comunitarias vinculadas a infraestructura urbana y rural. Para la provincia, la consolidación del sistema de evaluación implica no solo una instancia de control, sino también una herramienta que permite mejorar la planificación territorial y garantizar que los proyectos se desarrollen bajo criterios de sustentabilidad.

En un contexto nacional donde las provincias buscan atraer inversiones sin descuidar los estándares ambientales, Tucumán reforzó en 2025 su esquema de supervisión mediante un Consejo interinstitucional que opera con dictámenes vinculantes. Funcionarios y representantes privados coincidieron en que este modelo genera previsibilidad y confianza para los desarrolladores, al tiempo que eleva los niveles de transparencia.

Para 2026, la Secretaría de Producción anticipó que el organismo mantendrá su ritmo de trabajo con nuevas evaluaciones y una agenda orientada al desarrollo económico y ambiental. Entre las prioridades, las autoridades mencionaron la necesidad de profundizar la digitalización de los procedimientos, avanzar en la capacitación técnica de los equipos y continuar la articulación con universidades y organismos científicos que aportan conocimientos especializados a los dictámenes.

El cierre del año dejó como conclusión central que la provincia logró mantener un flujo constante de inversiones, acompañado por un sistema de control ambiental consolidado. Para el Gobierno, el balance confirma que la estrategia público-privada se transformó en un pilar para el crecimiento productivo. Para el sector empresarial, la autoridad ambiental fortalecida ofrece un marco de seguridad jurídica. Y para la sociedad, la garantía de que los proyectos que se ejecutan en el territorio provincial cuentan con evaluaciones rigurosas que buscan minimizar impactos y promover un desarrollo más equilibrado.