Según información publicada por Agrolatam.com, el Gobierno nacional prepara un paquete de reformas de alto impacto para el agro a través del Consejo de Mayo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una batería de cambios que incluyen la liberalización de la compra de tierras por parte de extranjeros, la actualización de la Ley de Bosques, modificaciones en el régimen de incendios rurales, flexibilización de la acuicultura y una modernización del régimen laboral agrario.
El objetivo central, de acuerdo con lo expresado por el propio funcionario, es reordenar el marco normativo para atraer inversiones y acelerar el crecimiento del sector productivo.
Tierras rurales: apertura a capital extranjero y tensión judicial
Uno de los puntos más sensibles del paquete es la desregulación del régimen de compra de campos por parte de inversores extranjeros. Desde el Gobierno se plantea eliminar los límites vigentes, como el tope del 15% de titularidad extranjera y las restricciones de superficie en zonas núcleo.
Agrolatam.com consignó declaraciones de Manuel Adorni, quien afirmó que “se libera la compra por parte de privados extranjeros”, aclarando que la medida aún se encuentra atravesada por una cautelar judicial impulsada por el Cecim, que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras de 2011 mediante el DNU 70/2023. En el mercado inmobiliario rural advierten que, mientras la situación judicial no se resuelva, las operaciones deberán analizarse con extremo cuidado legal.
Ley de Bosques: debate abierto entre Gobierno y sector productivo
La reforma de la Ley de Bosques (26.331) aparece como otro eje central. Desde el Ejecutivo sostienen que la norma requiere una actualización para habilitar mayor dinamismo productivo y atraer inversiones.
Según Agrolatam.com, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) se expresó una posición más dura. Andrés Costamagna, referente en sostenibilidad de la entidad, sostuvo que “la ley no ha cumplido su fin; ha sido creadora de pobreza estructural y limita inversiones”, citando datos de Fundación Vida Silvestre que indicarían que solo entre el 5% y el 7% de los fondos comprometidos fueron efectivamente transferidos.
El anteproyecto contempla flexibilizar los desmontes en zonas verdes (categoría III), con un esquema de simple notificación a la autoridad ambiental, manteniendo restricciones en las zonas rojas (categoría I) e incorporando evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para determinados casos.
Acuicultura: impulso a una actividad con potencial exportador
El paquete de reformas también incorpora cambios en la Ley de Acuicultura. La iniciativa oficial apunta a habilitar la producción tanto en ambientes naturales como en sistemas artificiales, otorgando más autonomía a las provincias y a la Nación para fijar exigencias ambientales y parámetros de sustentabilidad.
La medida busca replicar experiencias de países vecinos, donde la acuicultura se consolidó como un nuevo motor de exportaciones.
Incendios rurales y cambio de uso del suelo
Uno de los cambios más polémicos sería la eliminación de la prohibición que impedía modificar el uso productivo de un campo incendiado por plazos de entre 30 y 60 años. Manuel Adorni, citado por Agrolatam.com, calificó ese esquema como “una ley que atenta directamente contra la producción”.
Con la reforma, los productores podrían reconvertir sus campos sin esperar décadas. No obstante, especialistas advierten sobre la necesidad de controles estrictos para evitar incentivos perversos en zonas de alto valor ambiental.
Reforma laboral agraria: avances aún sin detalles
Dentro del proyecto de Modernización Laboral, el Consejo de Mayo también prevé modificaciones al régimen de trabajo agrario. Aunque todavía no se publicaron los lineamientos finales, desde el sector se espera una actualización de los sistemas de registración, cambios en modalidades de contratación y una mayor alineación con el esquema general de reforma laboral.
Un proceso legislativo que recién comienza
El paquete de reformas aún deberá atravesar el debate parlamentario. Sin embargo, el contenido preliminar refleja con claridad la orientación del Ejecutivo: desregulación, estímulo a la inversión y reconfiguración del vínculo entre producción y ambiente.
El impacto sobre la estructura agraria y el marco normativo del sector aparece, según lo difundido por Agrolatam.com, como uno de los más profundos de los últimos años.
