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Por Fernando Vilella | Denise Sol Mazzitello | Agroempresario.com
En el marco del Ciclo de Seminarios In-House “Argentina Agrega Valor en Origen”, Agroempresario.com organizó su Segunda Edición sobre “Bioenergías: ¿Estamos aprovechando el momento global?”, realizada el pasado 2 de diciembre y coordinada por Fernando Vilella, Director de Desarrollo de Agroempresario.com. Claudio Molina, Experto en Biocombustibles y Sergio Mansur, Secretario de Energía de la Provincia de Córdoba analizaron el presente y futuro de los biocombustibles en Argentina, evaluaron la necesidad de una nueva legislación, revisaron el funcionamiento del sistema actual y delinearon los desafíos que enfrenta el país para consolidar una política energética sustentable.
La discusión sobre la necesidad de una nueva Ley de Biocombustibles volvió al centro de la agenda energética y productiva del país. El vencimiento del régimen original y la sanción de la actual Ley 27.640 en 2021 dejaron, según los especialistas, un escenario de incertidumbre, menor previsibilidad para las inversiones y un freno al desarrollo del entramado industrial que la Argentina logró construir desde mediados de la década de 2000.
Claudio Molina, recordó que el punto de partida fue la Ley 26.093, sancionada en 2006, que estableció cortes obligatorios de gasoil con biodiesel y de naftas con bioetanol, cuyo cumplimiento comenzó en 2010. “Esa ley permitió la construcción de una nueva industria muy importante”, explicó. Y agregó que el respaldo político fue contundente: “En el Senado fueron 40 votos presentes, 40 afirmativos y en Diputados más de 200 votos”.
Molina detalló que antes de esa ley existía un antecedente negativo: la caída del Plan Nacional de Alconafta hacia fines de los años 80. “Se trabajó sobre esa mala experiencia tratando de evitar que vuelvan a repetirse circunstancias que hacían imposible establecer una política de largo plazo”, sostuvo. Uno de los elementos centrales fue evitar el “factor sorpresa”, ya que, según explicó, los sectores adversos a los biocombustibles “siempre existieron” y no creyeron que el Congreso avanzaría en una ley de este tipo.
Ese contexto, permitió que la Argentina ganara rápidamente protagonismo internacional, especialmente a través de la exportación de biodiesel. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer barreras arancelarias, restricciones comerciales y, más recientemente, lo que los entrevistados definieron como un retroceso interno en la política pública.
El vencimiento del régimen original derivó en la sanción de la Ley 27.640 en 2021, que hoy rige el sector. Para Molina, esa norma “realmente no conformó a nadie” y “achicó lo que se había logrado hasta entonces”, según Mansur. Desde la visión de Molina, el país pasó de una política de expansión a una de administración restrictiva del mercado.
Uno de los puntos más críticos es el nivel de mezcla obligatoria. Actualmente, el corte de biodiesel teórico en gasoil ronda el 7,5%, mientras que en el caso de las naftas, el bioetanol se ubica alrededor del 12%. “El corte real está por debajo del 5% y se bajó recientemente la mezcla, pero ni así se cumple”, advirtió Molina. Además, remarcó que “a lo largo del tiempo no se han fijado precios que sean remunerativos” y que “no se cumplen las normas que están escritas”.
Sergio Mansur, aportó la visión territorial desde las provincias productoras. Explicó que existe una articulación entre nueve jurisdicciones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Misiones, Tucumán, Salta y Chaco, que comparten una agenda energética común centrada en los biocombustibles y la bioenergía.
En ese marco, Mansur recordó que en 2016 se conformó la llamada Liga de Provincias Bioenergéticas, junto al sector empresario y las cámaras sectoriales, con el objetivo de impulsar una ley superadora.
Uno de los ejes de análisis fue el impacto de la desregulación del mercado energético. Mansur expresó: “No se trata solo de pensar en los combustibles, sino en las energías en general: cómo abastecer, cómo comercializar energía, cómo tener energía disponible para los sectores productivos”.
Desde su perspectiva, la falta de una política industrial clara está generando una pérdida de oportunidades concretas. “Seguimos perdiendo tiempo, que para algunos es tiempo político y para nosotros es tiempo de desarrollo territorial”, afirmó. Como ejemplo, señaló que hoy menos del 5% del maíz argentino se procesa en forma de bioenergía, lo que evidencia el enorme potencial desaprovechado.
Molina insistió en que una nueva ley debería establecer un sendero de crecimiento claro, con horizontes de al menos diez años. Entre los puntos centrales, propuso elevar los cortes obligatorios: “Inmediatamente tienen capacidad para subir al 15%”. Recordó que en 2022 el país operó con niveles cercanos al 12,5% en biodiesel, lo que demuestra la viabilidad técnica del sistema.
También mencionó la necesidad de compatibilizar la evolución del parque automotor con las nuevas mezclas. Hizo referencia a la normativa que permite importar vehículos con motores flex, pero que aún no habilita su producción local. “Hay cuestiones que son muy importantes en el desarrollo”, remarcó.
Otro de los puntos que atraviesa el debate es la relación con la industria de los hidrocarburos. Según Molina, existe una visión errónea de competencia. “Esto no es uno u otro, sino una conjunción que permite fortalecer ambos complejos”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que persisten resistencias, tanto desde sectores vinculados al petróleo como desde actores de la industria automotriz. “Hay una actitud defensiva”, sostuvo, y planteó la necesidad de que el Gobierno nacional adopte decisiones de largo plazo por encima de los conflictos de intereses sectoriales.
Mansur detalló políticas aplicadas en Córdoba que funcionan como ejemplos de lo que podría escalarse a nivel nacional. Entre ellas se destacan los mercados de carbono locales, la trazabilidad de proyectos de biogás y su validación en mercados internacionales como California, y el desarrollo de plantas modulares de biodiesel para autoconsumo.
“Hoy tenemos habilitadas estaciones de servicio para el público en general”, señaló, y precisó que la flota pública cordobesa utiliza un 17% de etanol y un 20% de biodiesel, muy por encima de los cortes nacionales. “Con motores no readecuados de ninguna manera. Mecánicamente son los mismos autos de calle y no presentan ningún tipo de problema”, subrayó.
Además, destacó el avance del bioasfalto, una mezcla que incorpora biodiesel en obras viales, y los proyectos de inserción de biometano en redes de gasoductos para abastecer industrias con demanda insatisfecha.
Molina advirtió que el mundo atraviesa una transformación irreversible. “Se consolida el uso de biocombustibles de primera y de otra generación de combustibles avanzados”, afirmó. Ya no se trata solo de biodiesel y bioetanol, sino también de combustibles sostenibles para la aviación y nuevas rutas tecnológicas.
En ese contexto, sostuvo que la Argentina está perdiendo posiciones relativas. “La cuestión ya no es si biocombustibles sí o no, sino quién los produce”, advirtió. Y alertó sobre un posible reacomodamiento de actores, en el que las grandes refinadoras podrían concentrar el negocio en detrimento de los productores existentes.
Un aspecto central del debate fue el impacto de los combustibles fósiles en la salud pública. Molina fue contundente: “Los combustibles minerales son altamente tóxicos” y en el caso del gasoil, “genera un aumento exponencial del riesgo de contraer cáncer de pulmón”. Por eso, subrayó que la discusión no es únicamente ambiental, sino sanitaria.
También alertó sobre las consecuencias para el comercio exterior. “Si Argentina no diversifica su matriz energética, va a seguir perdiendo competitividad”, explicó. La huella ambiental del transporte por camión en flujos de ferrocarril o barcazas y las exigencias de los mercados internacionales pueden afectar precios, volúmenes y acceso a destinos estratégicos.
Mansur insistió en que, más allá de la ley nacional, las provincias seguirán impulsando sus propias iniciativas. “Cada provincia está tratando de pensar sus propios mecanismos para aumentar el consumo de biocombustibles”, afirmó. Recientemente, gobernadores avanzaron en un esquema de duplicación de la producción de distintas variantes, con foco en biocombustibles, biometano y combustibles de aviación.
El objetivo es abrir la puerta a inversiones, generar empleo calificado y evitar que la falta de reglas claras frene proyectos ya maduros. “Tenemos territorios con altísimos recursos y los queremos canalizar”, sostuvo.
Otro punto destacado por Mansur fue el desarrollo de esquemas asociativos entre productores. Detrás de la menor huella de carbono, explicó, existe un entramado de cooperativas y alianzas que permiten diversificar ingresos, generar estabilidad y crear empleo local.
“No solo estamos hablando de un modelo diferente de consumir combustibles, sino un modelo diferente de producir y asociarse”, afirmó. Y concluyó que es tiempo de pensar el desarrollo desde las regiones, aprovechando el potencial de cada provincia.
Tanto Molina como Mansur coincidieron en que una nueva ley es condición necesaria, aunque no suficiente, para destrabar el potencial del sector. Se requiere previsibilidad, reglas de juego a largo plazo y cumplimiento efectivo de los mandatos de mezcla.
“El gobierno sí o sí va a tener que cambiar de posición”, afirmó Molina. Y advirtió que, de no hacerlo por convicción, lo hará “porque el país lo necesita”, frente a un escenario de restricciones externas, compromisos internacionales y demanda global de energías más limpias.
