Soja: ROSARIO
$496.000 1.22%
Maíz: ROSARIO
$275.000 0.00%
Trigo: ROSARIO
$240.000 -2.04%
El Gobierno de Salta presentó este jueves una nueva propuesta salarial ante la Intergremial estatal, en una reunión realizada en Casa de Gobierno, donde planteó mantener el esquema de pagos quincenales hasta febrero de 2026 y otorgar un bono extraordinario de $180.000, dividido en dos cuotas de $90.000 en enero y febrero. El encuentro forma parte de las negociaciones abiertas en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026 y continuará la próxima semana, con una revisión prevista para febrero.
La administración provincial destacó que la propuesta busca “cuidar el empleo, sostener la actividad económica y ofrecer previsibilidad a las familias de los trabajadores estatales”, según informaron fuentes oficiales. El ofrecimiento llega en un contexto en el que los gremios presionan por una actualización que compense la aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses y por garantías de estabilidad en los pagos durante el verano.
La reunión contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos; y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, además de los representantes sindicales de los sectores estatales.
La propuesta presentada este jueves mantiene la modalidad de pagos cada 15 días que la Provincia implementó en los últimos meses como respuesta a la volatilidad económica. La continuidad del esquema hasta febrero apunta a garantizar liquidez para los trabajadores estatales y mejorar la planificación de gastos familiares durante un trimestre marcado por aumentos estacionales y compromisos financieros.
El Gobierno entiende que el sistema quincenal funcionó como un amortiguador ante la escalada inflacionaria de 2024 y la transición hacia el nuevo año. Por eso decidió sostenerlo al menos hasta febrero, cuando se abrirá una nueva ronda de negociación con los gremios para evaluar cómo continuará la política salarial en 2026.
Además del cronograma quincenal, el Ejecutivo propuso un bono de $180.000, fraccionado en dos pagos de $90.000 cada uno. La primera cuota se acreditaría en enero y la segunda, en febrero. Desde la administración remarcan que el bono apunta a fortalecer el ingreso disponible en los meses de mayor presión inflacionaria, sin comprometer la sostenibilidad del presupuesto.
Durante el encuentro, los funcionarios provinciales remarcaron la importancia de sostener un equilibrio presupuestario en un año en el que la Provincia enfrenta restricciones financieras y la necesidad de preservar servicios esenciales como salud, educación y seguridad. El ministro Roberto Dib Ashur enfatizó que el objetivo central del esquema propuesto es “garantizar el funcionamiento del Estado sin afectar el nivel de empleo ni comprometer las cuentas públicas”.
Fuentes gubernamentales aseguraron que la intención es avanzar hacia un acuerdo que combine previsibilidad para los trabajadores y responsabilidad fiscal. Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo busca ordenar las proyecciones de gastos salariales para el próximo año, aunque reconocen que la volatilidad macroeconómica obligará a monitorear la situación de manera permanente.
El ministro de Salud, Federico Mangione, y la ministra de Educación, Cristina Fiore, expusieron el impacto que tienen los salarios en el desempeño de los servicios de sus áreas. Ambos destacaron ante los sindicatos la necesidad de mantener la continuidad de la atención sanitaria y el funcionamiento del sistema educativo durante el verano, etapas en las que aumentan las demandas operativas.
Los gremios, que acudieron al encuentro en representación de diversos sectores estatales, escucharon la propuesta y anticiparon que evaluarán los números en asambleas internas. Aunque algunos sindicatos valoraron la continuidad de los pagos quincenales, otros plantearon que el bono podría resultar insuficiente frente a los incrementos de precios proyectados para el primer trimestre de 2026. La postura general entre los representantes es esperar la evolución de la inflación antes de cerrar un acuerdo definitivo.
Más allá de las diferencias, las organizaciones valoraron que el Gobierno mantenga abiertas las mesas salariales y haya fijado la próxima reunión para la semana siguiente. Según fuentes gremiales, la posibilidad de retomar la negociación en febrero es clave para garantizar actualizaciones en tiempo real y evitar un retraso acumulado en los sueldos.
La negociación se da en un contexto nacional de fuerte presión sobre los salarios, con una caída del poder adquisitivo que preocupa a los trabajadores estatales. A lo largo de 2025, la inflación acumulada impactó de manera directa en los ingresos y obligó a las provincias a adoptar mecanismos de emergencia, como bonos extraordinarios y esquemas de pago más frecuentes.
Salta no fue la excepción. Con una masa salarial que representa uno de los principales componentes del gasto provincial, la gestión de Roberto Dib Ashur buscó equilibrar la necesidad de compensar a los trabajadores con la obligación de sostener el funcionamiento del Estado. En ese marco, las mesas salariales se convirtieron en una herramienta clave para evitar conflictos gremiales prolongados.
La negociación continuará la semana próxima, aunque la Provincia anticipó que volverá a convocar a los gremios en febrero para revisar los números y actualizar la discusión salarial. El Ejecutivo considera que la dinámica económica obliga a abordar las negociaciones por tramos, con actualizaciones periódicas en función de la evolución inflacionaria y de los ingresos provinciales.
Mientras tanto, los sindicatos evaluarán si la propuesta oficial satisface las demandas urgentes de los trabajadores. Si bien el bono y los pagos quincenales brindan cierto alivio inmediato, la discusión de fondo —cómo recomponer el salario frente a la inflación— seguirá abierta.
La mesa salarial realizada en Casa de Gobierno permitió avanzar en un primer acuerdo de cara al verano, pero dejó claro que 2026 será un año en el que la negociación entre el Estado y los trabajadores estará marcada por la necesidad de respuestas rápidas y adaptabilidad frente a un escenario económico cambiante.
