Nación y Ciudad retomaron el diálogo por la coparticipación tras el revés del Presupuesto

En medio de una creciente tensión política y fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvieron este viernes 19 de diciembre de 2025 una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires para abordar el conflicto por la coparticipación federal que enfrenta a la Nación con el distrito capitalino. El encuentro se produjo luego del rechazo del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y es relevante porque reabre la posibilidad de un acuerdo para normalizar las transferencias y encauzar una solución de fondo al reclamo porteño.

Según pudo reconstruirse tras la reunión, el diálogo se desarrolló en un clima de predisposición mutua, con la decisión de activar una agenda de trabajo conjunta entre los equipos económicos de ambas administraciones. El objetivo inmediato es ordenar los flujos de fondos y establecer un esquema que permita cumplir con los compromisos pendientes sin agravar el frente fiscal nacional ni profundizar la disputa política con la Ciudad.

El encuentro se dio en un contexto sensible. En los días previos, Jorge Macri había ratificado públicamente el reclamo por los recursos adeudados, al sostener que se trata de “la plata de los porteños” y remarcar el peso económico del distrito. En declaraciones difundidas por medios nacionales, el jefe de Gobierno subrayó que la Ciudad de Buenos Aires concentra cerca del 21% del PBI y que, por ese motivo, el conflicto por la coparticipación resulta especialmente delicado, más aún en un escenario de coincidencias políticas con el Gobierno nacional.

La cuestión de fondo remite a un conflicto de arrastre que se profundizó en los últimos años. Desde la administración porteña insisten en que el esquema vigente de coparticipación arrastra desequilibrios heredados, particularmente de la gestión de Alberto Fernández, y que el trabajo con Nación apunta a ordenar y corregir ese entramado. En ese marco, Macri también advirtió sobre incumplimientos recientes en las transferencias: la Ciudad habría tolerado demoras hasta mayo, recibido pagos parciales a partir de junio y vuelto a enfrentar interrupciones en los envíos durante este año, lo que habría generado nueva deuda acumulada.

Del lado del Gobierno nacional, el enfoque está atravesado por la necesidad de sostener el equilibrio fiscal en un contexto de ajuste y de restricciones presupuestarias. El Ministerio de Economía busca evitar compromisos que impacten de manera abrupta en las cuentas públicas, especialmente luego del revés legislativo que dejó fuera del Presupuesto herramientas clave para la administración de partidas. En ese sentido, la reunión con Macri fue leída como un gesto político para descomprimir tensiones y ganar tiempo en la negociación.

El rechazo del capítulo 11 del Presupuesto 2026 fue un punto de inflexión en la escalada del conflicto. Ese apartado incluía artículos centrales para la estrategia oficial, entre ellos la facultad del jefe de Gabinete para adecuar partidas y avanzar en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena restituir fondos a la Ciudad por la coparticipación. También contemplaba mayores recursos para el Poder Judicial y otros mecanismos de reasignación presupuestaria que finalmente quedaron descartados tras la votación adversa en Diputados.

La caída de ese capítulo dejó al Gobierno sin una herramienta legislativa clave para encauzar el conflicto, lo que obligó a retomar el diálogo político directo con la administración porteña. En ese marco, el encuentro entre Caputo y Macri aparece como un intento de recomponer puentes y explorar alternativas técnicas que permitan avanzar sin reabrir un frente de conflicto institucional con la Ciudad ni con el Poder Judicial.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que, más allá de la reunión puntual, ambas partes coincidieron en la necesidad de institucionalizar el diálogo mediante mesas técnicas que trabajen sobre montos, plazos y mecanismos de pago. La intención sería evitar soluciones transitorias que vuelvan a generar atrasos y construir un esquema previsible, compatible con la situación fiscal nacional y con las necesidades financieras del distrito.

El trasfondo político también juega un rol relevante. La relación entre la Nación y la Ciudad atraviesa una etapa de reacomodamiento, marcada por afinidades en algunos ejes de gestión pero también por tensiones estructurales vinculadas al reparto de recursos. Para la administración porteña, la coparticipación es un tema sensible que impacta directamente en la prestación de servicios, la obra pública y el funcionamiento del sistema judicial. Para el Gobierno nacional, en cambio, cualquier concesión debe evaluarse a la luz de un programa económico centrado en la disciplina fiscal y la reducción del déficit.

En este escenario, la negociación aparece atravesada por un delicado equilibrio político y económico. Un acuerdo rápido podría descomprimir tensiones y enviar una señal de coordinación institucional en un año marcado por ajustes y debates presupuestarios. Por el contrario, un estancamiento prolongado podría derivar en nuevas disputas judiciales y profundizar el conflicto entre dos niveles de gobierno que, en teoría, comparten una agenda de reformas.

Por ahora, el resultado del encuentro fue la ratificación del diálogo y el compromiso de seguir trabajando en una agenda técnica común. No hubo anuncios concretos ni definiciones públicas sobre montos o plazos, pero sí una señal política de que ambas partes buscan evitar una escalada en el conflicto. En un contexto de fragilidad legislativa y de definiciones fiscales pendientes, la discusión por la coparticipación porteña vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y económica de fin de año.