Elías Suárez dispuso nuevas medidas para fortalecer el control del gasto público

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó este martes un decreto que establece un paquete de medidas de control, contención y racionalización del gasto público con vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025 y por un plazo inicial de 12 meses. La decisión, adoptada en la capital provincial, apunta a preservar el equilibrio fiscal y financiero del Estado en un escenario marcado por la disminución sostenida de los recursos de coparticipación federal y por el impacto del contexto macroeconómico nacional sobre las finanzas subnacionales.

Según se desprende del texto oficial, la normativa busca fortalecer los mecanismos de programación, control y evaluación del gasto, imponiendo pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El objetivo declarado es garantizar previsibilidad en la gestión y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, en un año en el que los ingresos provinciales mostraron una tendencia descendente.

Entre las disposiciones centrales, el decreto prohíbe nuevas contrataciones de personal, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas sostenidos con fondos nacionales o internacionales. La restricción también alcanza a la cobertura de vacantes y designaciones, con excepciones limitadas para determinados cargos políticos. En la misma línea, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, que solo podrán autorizarse tras la evaluación expresa de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

La normativa incorpora, además, límites operativos destinados a reducir erogaciones corrientes. Se prohíbe el alquiler de vehículos y maquinarias, se restringe la firma de convenios que impliquen gastos para el Estado provincial y se centralizan los viáticos, priorizando el uso de reuniones virtuales por sobre los traslados presenciales. También se fijan topes estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial, y se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.

En materia de obra pública, el decreto establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que no cuenten con adjudicación o contrato firmado quedarán sujetas a evaluación del Poder Ejecutivo. No obstante, el texto aclara que se garantizará la ejecución de proyectos vinculados a servicios esenciales, como educación, salud, agua y seguridad, así como de aquellas iniciativas consideradas prioritarias para la Provincia. La definición de prioridades, señala la norma, buscará resguardar el impacto social y evitar interrupciones en prestaciones básicas.

El esquema de control incorpora un régimen de responsabilidades para los funcionarios de mayor jerarquía. El jefe de Gabinete, los ministros, secretarios, subsecretarios y los titulares de organismos descentralizados deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones del decreto. El incumplimiento podrá derivar en la calificación de falta grave y en la instrucción de sumarios administrativos, según prevé el articulado.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la medida se inscribe en un diagnóstico fiscal que combina la merma de recursos automáticos con un entorno macroeconómico que condiciona la actividad productiva y la capacidad de financiamiento de las jurisdicciones. En ese marco, la administración busca ordenar el gasto, priorizar lo esencial y evitar desbalances que comprometan la prestación de servicios o el pago de obligaciones.

El decreto contempla, además, una cláusula de flexibilidad: al cumplirse el plazo de 12 meses, las medidas podrán prorrogarse por un período igual, o bien levantarse total o parcialmente si se revierten las causas que motivaron su implementación. Esa evaluación quedará a cargo del Poder Ejecutivo, en función de la evolución de los ingresos y del contexto económico general.

En el oficialismo subrayan que el enfoque no implica un recorte indiscriminado, sino una reorientación del gasto hacia áreas de mayor impacto social. La prioridad, remarcan, será sostener la educación, la salud, la seguridad y el acceso al agua, al tiempo que se contienen gastos administrativos y se mejoran los controles sobre partidas sensibles.

La decisión se suma a otras iniciativas adoptadas por provincias que, a lo largo de 2025, enfrentaron tensiones fiscales asociadas a la caída de transferencias y a mayores costos operativos. En ese contexto, la medida firmada por Suárez busca anticiparse a desequilibrios y preservar la gobernabilidad financiera en el corto y mediano plazo.